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Más de 8 mil indígenas en la cárcel por falta de traductores

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CIUDAD DE MÉXICO, 18 DE MARZO.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados analiza exhortar al fiscal general de la República emprender acciones para un debido proceso ante los más de ocho mil indígenas en prisión que enfrentaron muchas inconsistencias legales y fallas en su proceso “y la más importante y marcada en cada caso es la falta de un intérprete”.

El diputado Armando Contreras Castillo, impulsor del punto de acuerdo, señaló que planteó exhortar al fiscal general de la República a emprender acciones para garantizar el debido proceso desde su detención, a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su contexto sociocultural.

Con ello, dijo el legislador de Morena, el sistema judicial tendría menos procesos, y si desde su detención se les explican sus derechos, entre ellos contar con un intérprete.

El punto de acuerdo, también propone solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establecer medidas reales y eficientes, a fin de que se realice un programa de difusión en televisión y radio, así como prensa escrita, con la finalidad de orientar e informar a la comunidad indígena sobre sus derechos en caso de detención.

El legislador, integrante de la Comisión de Justicia, indicó que México es un país diverso, prueba de ello es el reconocimiento de 68 lenguas indígenas; sin embargo, sólo 6.5 por ciento de la población de tres años de edad y más habla alguna de esas lenguas; es decir, siete millones 382 mil 785 personas. De ellos, casi un millón hablan una lengua indígena y no se expresan en español, son monolingües.

Estimó que el derecho de las personas indígenas a contar con traductor o intérprete no debe condicionarse al nivel de habla de español. Cuando una persona se reconoce como indígena y solicita ejercer sus derechos debe ser atendida de inmediato por la autoridad jurisdiccional, a menos de que existan pruebas en contrario que resulten concluyentes respecto de su condición de no indígena.

Sin embargo, esta prerrogativa no es aplicada en la práctica porque en muchas ocasiones los indígenas son detenidos y en su cartilla de derechos no les indican que tienen derecho al intérprete, teniendo lagunas jurídicas o de improcedencia dentro del juicio por no entender lo que les dicen, y permanecen privados de su libertad durante meses o años.

Refirió que de acuerdo con la que fue Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2017 en el país más de ocho mil indígenas se encontraban privados de su libertad por la cometer diversos delitos con la particularidad de que la mayoría de los procedimientos están plagados de irregularidades, no sólo por la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, sino porque el ministerio público y los jueces suelen desdeñar sus casos.

Las entidades federativas que concentran más población indígena en el sistema penitenciario nacional son: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero. Las lenguas con las que se identifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil, agregó.

Con información de Notimex

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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM REÚNE A MILES EN PASEO DE LA REFORMA

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La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo su Segundo Informe de Gobierno ante una multitud reunida en Paseo de la Reforma, donde presentó los avances, retos y prioridades de su administración. En un ambiente de orden y participación ciudadana, la mandataria destacó que el país mantiene un rumbo de estabilidad, crecimiento social y fortalecimiento institucional, subrayando que su gobierno trabaja bajo los principios de honestidad, austeridad y cercanía con el pueblo.

Durante su mensaje, Sheinbaum enfatizó que México avanza en la consolidación de un modelo de bienestar que prioriza a quienes más lo necesitan. Señaló que los programas sociales continúan como eje central de su administración, con ampliaciones en becas educativas, apoyos para adultos mayores y estrategias para garantizar el acceso universal a la salud. Asimismo, resaltó que el país registra avances en infraestructura estratégica, movilidad sustentable y transición energética.

La Presidenta también hizo referencia a los esfuerzos para fortalecer la seguridad pública mediante una coordinación más estrecha entre los tres niveles de gobierno, así como inversiones en tecnología, inteligencia y profesionalización de cuerpos policiales. Afirmó que la construcción de paz requiere atender las causas profundas de la violencia, por lo que su gobierno impulsa políticas integrales de prevención.

En materia económica, Sheinbaum destacó que México mantiene estabilidad financiera, crecimiento sostenido y un clima favorable para la inversión nacional y extranjera. Subrayó que el país avanza hacia una economía más innovadora, competitiva y con mayor justicia laboral.

Finalmente, agradeció el respaldo ciudadano y reiteró su compromiso de gobernar con transparencia, humanismo y responsabilidad. “Seguiremos trabajando sin descanso para que México continúe por el camino de la transformación”, expresó.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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ABSUELVEN A ROBERTO BORGE ANGULO DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

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El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue absuelto del delito de delincuencia organizada por un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, al concluir que la Fiscalía General de la República no acreditó la existencia de una estructura criminal vinculada al exmandatario. La resolución, emitida por el juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, elimina el cargo más grave que enfrentaba desde su detención en 2017.

La audiencia se llevó a cabo el 28 de mayo, donde la defensa de Borge argumentó inconsistencias en la acusación y la falta de elementos que demostraran su participación en una organización dedicada al desvío de bienes públicos. Tras analizar las pruebas, el juez determinó que no existían fundamentos suficientes para sostener la imputación, por lo que dictó sentencia absolutoria.

Con este fallo, Borge podrá hacer efectiva la prisión domiciliaria que ya tenía autorizada desde 2023 dentro del proceso que aún enfrenta por operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con la venta irregular de terrenos propiedad del estado. Su salida del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), donde permaneció recluido casi seis años, dependerá únicamente de trámites administrativos.

La absolución representa un giro significativo en el caso, pues el delito de delincuencia organizada contemplaba penas de hasta 40 años de prisión. No obstante, el proceso por lavado de dinero continúa vigente y será en esa causa donde se definirá su situación jurídica final.

Autoridades federales no han emitido postura oficial sobre la resolución, mientras que actores políticos en Quintana Roo han señalado que el caso deberá seguir su curso institucional para garantizar transparencia y legalidad.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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