“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

El Día del Abogado se celebra en México cada 12 de julio, en conmemoración de un hecho histórico que marcó el inicio formal de la enseñanza jurídica en América Latina, y esta fue precisamente el 12 de julio de 1553, en la Real y Pontificia Universidad de México (antecesora de la UNAM) donde se impartió la primera cátedra de Derecho en el continente por parte de Fray Bartolomé Frías y Albornoz, quien dictó la lección conocida como la Prima de Leyes, centrada en el estudio del Corpus Juris Civilis y los principios del Derecho Romano.
Esta fecha fue instituida oficialmente en 1960 por el entonces presidente Adolfo López Mateos, a propuesta del periódico Diario de México, con el objetivo de reconocer la labor de quienes ejercen, enseñan o estudian el Derecho.
Desde entonces, cada 12 de julio se celebra con actos conmemorativos, reconocimientos y eventos académicos que destacan la importancia de la abogacía en la vida pública y privada del país.
En Quintana Roo, este año celebramos a través de una cena organizada por la Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional, en la que tuvimos la oportunidad de dar un mensaje a las personas litigantes, docentes, titulares de notarías, personas juzgadoras, legisladoras y servidoras publicas presentes, respecto de lo que ha sido este último año para los abogados de México.
Éste fue un año muy complicado en el que, quienes hemos ejercido el derecho de una u otra manera, sabemos que a partir de septiembre ya no será igual, y no es mera retórica, sino que lo sustentamos en las diversas declaraciones y propuestas de quienes en una posición de poder hacen valer la política sobre el derecho.
Un ejemplo de ello fueron las propuestas de la ministra Lenia Batres, quien ha manifestado que pretende crear la figura de la “COSA JUZGADA FRAUDULENTA” para que los juicios que han causado ejecutoria o con sentencia firme, simplemente pierdan dicha certeza de juicios efectivamente concluidos abriendo la posibilidad de que puedan nuevamente invocarse acciones sobre tales sentencias cuando se pueda acreditar que ha existido corrupción en el proceso, sin que se expresen con claridad las pruebas que serán válidas para ello, dentro de la subjetividad política que la caracteriza.
Debemos recordar que previamente propuso que los justiciables se pudieran defenderse solos en juicio con formularios para todas las etapas procesales, como si se tratara de un ejercicio sencillo y en el cual no fuese necesario conocer las bases, fuentes e instituciones jurídicas de las muy diversas materias del derecho, independientemente del proceso. Este subjetivismo político llevado de la fantasía al ejercicio del derecho, sin duda es semejante al de la eliminación de la firmeza de las sentencias, dado que, harán por una parte imposible el ejercicio de la argumentación jurídica real a través de formularios, y por otra, los juicios de por sí ya muy largos, serán eternos con su propuesta de la “COSA JUZGADA FRAUDULENTA”.
Así pues, las personas que nos consideramos estudiosos del derecho; que hemos ejercido el derecho a través del litigio, de la construcción de legislación, de la creación de tesis doctrinales, de la cátedra, de la edificación de sentencias, y en general, se su práctica en el sector público o la iniciativa privada, no podemos evitar tener un sabor amargo en el día del abogado de este año 2025 en el que las reformas siguen, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

El aún Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya tiene fundada jurisprudencia respecto a los actos anticipados de precampaña y campaña, no solo de los partido o agrupaciones políticas, sino de los aspirantes y posibles candidatos independientes; consisten en aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio.
En Quintana Roo, el fenómeno está acentuado, principalmente en la alianza tripartita de Morena-PVEM-PT, donde cada uno de quienes aún en un cargo de elección popular, ya trabajan con sus equipos de difusión de imagen para su posicionamiento en la mente del electorado quintanarroenses.

No es extraño ver en las redes sociales como Facebook, X, Instagram, YouTube y diversas plataformas como medios de comunicación digitales, la leyenda de “anuncio pagado por…”, que de manera silenciosa y al amparo de las lagunas legales de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) lanzan su publicidad, no por el trabajo que desempeñan, sino por las actividades extracurriculares.

A la luz del artículo 445 de la LGIPE, “Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; b) En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña; d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley; e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

La Ley exige que transparenten los gastos de quienes aspiren a un cargo de elección popular en el siguiente periodo; si contabilizamos desde que iniciaron con los anuncios en las plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales, el salario que tienen asignado no les alcanzaría para estar presente todos los días en estos medios; en caso de que sea donación, están obligados a decir quién o quiénes la hicieron, así como las respectivas cantidades o las especies.

Aunque existen condiciones para calificar como acto anticipado de campaña la descarada promoción de senadores, diputados federales, presidentes municipales, diputados locales y secretarios de Estado; para que se acrediten estos actos, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: El Personal, que la conducta sea cometida por partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos; Temporal, que se den antes del inicio formal de las campañas; y El Subjetivo, que la finalidad del mensaje esté relacionado con el llamado expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o partido, o la solicitud de cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.

En ese contexto la Jurisprudencia de la SCJN estableció que para evitar una simulación o fraude a la ley, se consideró que los mensajes deben analizarse en su contexto, valorar el protagonismo de la persona que los emite, el objetivo de éstos, y su relación con un proceso electoral. Con estas resoluciones, se integró la Jurisprudencia 6/2019 de rubro “uso indebido de pautas. Elementos para identificar la posible sobreexposición de dirigentes, simpatizantes, militantes o voceros de partidos políticos en radio y televisión.”

Es necesario pues, por el bien de la democracia, que las y los actores políticos quintanarroenses, salgan a aclarar si están o no en campaña; pero principalmente, a transparentar sus gastos, que son del erario, en la publicidad que pagan en las múltiples plataformas y medios de comunicación. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, en este inicio del periodo vacacional de verano 2025, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentaron la campaña de prevención Evita fraudes y viaja con tranquilidad. Hicieron un respetuoso exhorto al público para tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de adquirir servicios turísticos como vuelos, hoteles, tours o guías, en agencias de viaje físicas y digitales.
Tener cuidado con las agencias fantasma, ofrecen paquetes atractivos y a precios muy bajos. Comprobar que la agencia esté incorporada en el Registro Nacional de Turismo https://www.gob.mx/sectur/articulos/registro-nacional-de-turismo-25058. Verificar que los precios estén a la vista y en moneda nacional.

En caso de fraude, comunicarse al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o al 800 468 8722, de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas. Por medio de redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial. Denunciar páginas web sospechas en https://www.gob.mx/gncertmx. Al tiempo…