Los Ángeles enfrenta una de sus semanas más turbulentas en años. Miles de manifestantes han tomado las calles en rechazo a las redadas migratorias ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han resultado en cientos de detenciones. La respuesta del gobierno federal ha sido contundente: el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad, una medida que ha sido calificada como una militarización sin precedentes.

Las redadas comenzaron el viernes 6 de junio, dirigidas a barrios con alta población latina. En solo un día, 121 inmigrantes fueron detenidos, incluyendo 44 en un sitio de trabajo y otros 77 en operativos domiciliarios. La indignación creció rápidamente, y las protestas se intensificaron con bloqueos de calles, enfrentamientos con la policía y denuncias de uso excesivo de la fuerza. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad para intentar contener la escalada de violencia.

El despliegue militar ha generado una fuerte reacción política. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha calificado la medida como una provocación innecesaria, mientras que activistas y defensores de derechos humanos denuncian que la administración Trump está utilizando tácticas de represión para silenciar la disidencia. La ONU ha intervenido, exigiendo que se respete el derecho a la protesta pacífica4.

Las calles de Los Ángeles siguen siendo un campo de batalla entre manifestantes y fuerzas del orden. Mientras algunos ciudadanos apoyan la intervención federal, otros la ven como un ataque directo a las comunidades inmigrantes. La incertidumbre crece, y el país observa con atención cómo se desarrolla esta crisis.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se convirtió en el epicentro de una brutal tragedia que ha sacudido el panorama político colombiano. La tarde del sábado, mientras participaba en un evento en Bogotá, un disparo ensordecedor atravesó la multitud, y el país entero contuvo el aliento.

Uribe Turbay, un político reconocido por su postura firme en temas de seguridad y transparencia, fue atacado en la localidad de Fontibón por un joven de 15 años que, según las primeras indagaciones, actuó por encargo. ¿Quién está detrás de este atentado? Es la pregunta que ahora retumba en los pasillos del poder.

El impacto de las balas lo dejó en estado crítico. Fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde un equipo de especialistas lucha por salvar su vida. La incertidumbre sobre su estado mantiene a Colombia en vilo, reviviendo los fantasmas de una época en la que la violencia política era el precio a pagar por la ambición de liderazgo.

Las reacciones no tardaron en llegar. Líderes de todos los sectores condenaron el ataque y exigieron mayores garantías para los candidatos en campaña. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, suspendió su gira política, argumentando que el país no ofrece condiciones de seguridad adecuadas para quienes buscan un cambio.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro no dudó en afirmar que el joven atacante “fue pagado, indudablemente”, avivando el fuego de la especulación sobre los posibles autores intelectuales del crimen. Pero aún queda un largo camino para que la verdad salga a la luz.

Colombia vuelve a enfrentar el dilema de una democracia bajo amenaza, en donde las balas buscan silenciar voces y desviar el rumbo de un país que se debate entre el miedo y la esperanza. Mientras el senador Uribe Turbay lucha por su vida, el país entero espera un desenlace que podría cambiar el curso de la política nacional para siempre.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias