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Remueve PGR a 226 funcionarios por corrupción y violación de derechos

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CIUDAD DE MÉXICO, 10 DE FEBRERO.- Entre el 1 de enero de 2012 y el 5 de septiembre de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) removió de sus cargos a 226 servidores públicos por actos de corrupción y por violaciones a los derechos humanos.

De ellos, 53 dejaron sus puestos en este periodo por no cumplir, retrasar o perjudicar, por negligencia, al Ministerio Público de la Federación. Otros 50 lo hicieron porque solicitaron o recibieron pagos o gratificaciones por realizar su trabajo.

En el informe que la dependencia federal entregó como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, se resaltó que otros fueron separados por no ejercitar acción penal o ejecutar mal los mandamientos judiciales, abandonar comisión, funciones o servicios sin causa justificada, auxiliarse de personal ajeno a la institución, no obedecer instrucciones, maltratar física y psicológicamente a detenidos y llevar a cabo, de forma indebida, retenciones, práctica de cateo e integración de carpeta de investigación, entre otras acciones.

Además, en el documento se precisó que 110 de estos ex empleados laboraban en la Ciudad de México, 18 en Baja California, 13 en el Estado de México y 10 en Jalisco.

Se agregó que entre 2016 y 2017 se iniciaron 257 carpetas de investigación contra funcionarios de la dependencia por actos como abuso de autoridad, cohecho, ejercicio ilícito e indebido de servicio público, enriquecimiento ilícito, intimidación, peculado y tráfico de influencias.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) documentó en 2016 una compensación por cuatro millones 730 mil 203 pesos por violaciones a los derechos humanos que cometieron elementos de la PGR. El monto se entregó por violaciones a la integridad personal, acceso a una vida libre de violencia y debido proceso de una persona.

En 2015 también se reportó un pago por 805 mil 582 pesos por violaciones al debido proceso y a la libertad personal de una víctima.

En 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) registró mil 193 denuncias contra servidores públicos federales por actos de corrupción. Hubo 494 sanciones (41%).

En la base de datos que entregó como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la dependencia no especificó las medidas que se aplicaron (inhabilitación, suspensión, destitución o sanción). Sin embargo, sí incluyó varios ejemplos de las prácticas que se llevaron a cabo.

En uno de ellos documentó 428 denuncias contra trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Castigó a 36. Entre los motivos están cobrar el suministro de energía eléctrica y no entregar el monto, solicitar 15 mil pesos a la propietaria de un bar para no quitarle el servicio, intentar “sustraer” cable de una subestación y ser descubiertos por un oficial de seguridad e intervenir en la contratación de un familiar.

Las instituciones de salud también destacaron. La SFP reportó 138 denuncias contra elementos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras las cuales se implementaron 136 sanciones: 101 por irregularidades administrativas y 35 por deficiencias médicas.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hubo 42 denuncias y 262 procedimientos por negligencias administrativas y médicas y por violaciones a las leyes de normatividad presupuestal y a los procedimientos de contratación.

Otras dependencias que resaltaron en el listado, pues sus empleados fueron señalados por diversas irregularidades, fueron la Policía Federal, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el Servicio Postal Mexicano, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Agraria, Liconsa, la Comisión Nacional de Vivienda, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad y el Servicio de Administración Tributaria.

Para Angélica Cázares, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), es necesario que se acelere el nombramiento del fiscal general para que se persigan y se impongan sanciones “ejemplares” a los servidores que cometan este tipo de irregularidades.

La integrante del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) añadió que la SFP también debe agilizar la puesta en marcha de la plataforma que puso a disposición de los ciudadanos tras los sismos de septiembre pasado para que denunciaran hechos de corrupción. “Esa parte es que la que me parece a mí que no debe quedar inconclusa y que debe de ser un referente”, dijo.

Funcionarios de la CFE, SCT y PF, en la lista de sancionados

Las denuncias y sanciones por actos de corrupción que cometieron funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son una constante.

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), el año pasado se registraron 428 denuncias y 36 procedimientos contra trabajadores de esta institución que fueron responsables de diversas irregularidades.

Una de ellas fue pedir 15 mil pesos a la propietaria de un bar para no quitarle el servicio de energía eléctrica por causa de un presunto ilícito. Se comprobó que un empleado del establecimiento entregó el monto requerido.

El 2016 no fue la excepción: se documentaron 699 denuncias, pero sólo 18 procedimientos. Entre los motivos que derivaron en el castigo (del que no se especificó si se trató de inhabilitación, suspensión, destitución o sanción) estuvieron contratar parientes y a un proveedor para diversos cursos de capacitación cuya puesta en marcha no pudo comprobarse, pagos excesivos y cambiar indebidamente un tabulador de salarios por otro que contenía ingresos más altos.

Con respecto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la SFP resaltó una sanción en contra de un elemento que autorizó a un prestador de servicios acudir a un diplomado que costó 46 mil 400 pesos. El beneficiado no tenía derecho, pues no formaba parte de la institución.

No fueron las únicas medidas que se implementaron. En el listado que la SFP entregó se acentuó que el jefe del Departamento de Recursos Humanos del Centro SCT Chiapas recibió castigo porque contrató a un familiar. Se agregó el caso de un elemento que obtuvo beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Estado le otorga por 12 mil 982 pesos.

La Policía Federal (PF) también destacó. En 2016 un uniformado solicitó a sus subordinados diversas cantidades de dinero bajo el argumento de que era para el alimento de los “semovientes caninos” de la Unidad Táctica Canina de la División de Gendarmería. A cambio de estas aportaciones, el responsable los dejaría salir a operar.

Se reducen denuncias

En 2016, la Secretaría de la Función Pública documentó dos mil 438 denuncias por actos de corrupción de servidores públicos federales y aplicó 579 sanciones (23%). En comparación, en 2017 registró mil 193 procedimientos y 494 castigos (41%).

En marzo del año pasado, este medio de comunicación publicó que entre los meses de enero de 2006 y 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 27 mil 876 denuncias penales, pero sólo emitió cuatro mil 15 sanciones contra funcionarios de la administración federal por actos de corrupción (14%).

Hubo acciones de todo tipo. En 2012, la SFP suspendió por 60 días a un servidor público de la Secretaría de Gobernación (Segob) por abusar de su posición para obtener beneficios económicos, mientras que en 2015 amonestó públicamente a un empleado de Liconsa que intervino en la contratación de su cuñado como subgerente.

En 2016 inhabilitó, destituyó y sancionó económicamente a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por disponer de ingresos para fines distintos a los que se debían destinar, confirmar la recepción de bienes adquiridos sin que los proveedores los hubieran entregado y recibir dinero de personas que solicitaron obras de ampliación de red eléctrica, entre otras razones.

Otro ejemplo fueron las 12 sanciones, entre inhabilitaciones y destituciones, de elementos del Servicio Postal Mexicano (Sepomex). Uno de ellos debía entregar una pantalla para un teléfono celular y decidió ofrecerla en un portal de Facebook. Otro abrió cuatro paquetes, extrajo el contenido y lo depositó en una caja que después trasladó a otra área.

También destacó la inhabilitación de un funcionario de la Secretaría de Agricultura, que puso a nombre de una persona difunta diversos predios para el otorgamiento de apoyos. O la separación de un trabajador del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” que solicitó 40 mil pesos a pacientes por material para cirugía que no utilizó.

Fuente Informador MX

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La Comisión de Puntos Constitucionales define fechas para discutir y votar los proyectos de dictamen sobre iniciativas del Ejecutivo

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CDMX.- La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó el acuerdo sobre las reuniones para discutir y votar los proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas de modificación constitucional presentadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, y por integrantes de la LXV Legislatura.

El acuerdo, aprobado por 12 votos a favor y tres abstenciones, argumenta que ante la importancia que representa para la vida social, política, económica y jurídica las iniciativas de modificación constitucional, se acordó hacer un plan de trabajo.

Refiere que el 1 de agosto iniciará la discusión y, en su caso, aprobación de nueve proyectos de dictamen sobre los siguientes artículos constitucionales:  

Artículo 123 en materia de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores. Artículos 4° y 27 relativos a agua, alimentos, protección al medio ambiente, atención médica y bienestar. Artículos 4° y 5° sobre protección a la salud y artículos 3°, 4° y 73 respecto a protección y cuidado animal.

Para el 2 de agosto se prevé discutir y, en su caso, aprobar dos proyectos de dictamen: el que modifica el artículo 28 en materia de vías y transporte ferroviario, y el que reforma diversos artículos de la Carta Magna sobre austeridad y percepciones de servidores públicos.

El 9 de agosto, el proyecto de dictamen que modifica el artículo 2° en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos.

Mientras que el 13 de agosto, el proyecto de dictamen que reforma el artículo 19 en materia prisión preventiva oficiosa. El 14, el de las modificaciones a diversos artículos de la Carta Magna sobre áreas y empresas estratégicas. 

El 15 de agosto se contempla el traslado del proyecto de dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política en materia justicia, y la calendarización de las iniciativas relativas a la simplificación administrativa, electoral y de la Guardia Nacional.

Intervención de diputadas y diputados

El diputado Robledo Ruiz explicó que a partir del 1 de agosto y hasta el 23 de agosto se podrán discutir 14 iniciativas, y el 15 de agosto, después de recopilar las conclusiones de los Diálogos Nacionales sobre la reforma judicial, se logrará presentar un proyecto de dictamen, a fin de que el 22 de agosto se pueda discutir.

Detalló que en el proceso de debate de los dictámenes las y los integrantes de la Comisión emitirán su opinión en lo general y lo particular, mientras que las reservas se anexarán al dictamen y se pasarán a la Mesa Directiva para que continúe su proceso legal y constitucional. Agregó que de lo contrario las y los legisladores de la próxima Legislatura no tendrán la facultad de pronunciarse a favor o en contra.

Anunció que una vez concluida la reunión de este día se difundirán los proyectos de dictamen próximos a discutir, con la finalidad de cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) expresó que el acuerdo tiene falta de claridad en la calendarización para la discusión de estos temas, pues no se sabe qué día se va a discutir qué tema, “lo que es falta de transparencia y pareciera que se quiere hacer un albazo”. No hay conclusiones sobre diversos temas como la reforma al Poder Judicial, simplificación administrativa y desaparición de órganos, y existe una mordaza para no presentar reservas en la Comisión, dijo.

A su vez, el diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) consideró que lo que se va a discutir, tanto el proyecto de acuerdo como los proyectos de dictamen, atienden las fuentes de legitimidad en cuanto a validez, justicia y eficacia; hay un correcto proceder porque se está respetando la Constitución, la legislación orgánica, la reglamentación de la Cámara y las costumbres parlamentarias.

Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del PRI, resaltó que el acuerdo no cumple en el fondo ni en la forma con el Reglamento de la Cámara y que, si bien hay temas que se ven con simpatía y se votarán a favor en el Pleno, como el salario mínimo, pueblos indígenas y afrodescendientes, protección animal, agua y medio ambientes, “vamos a votar en contra porque el PRI se opone a la llamada reforma judicial, que es un ataque a los principios que rigen la democracia”.

Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que no hay ningún intento de albazo porque en febrero se presentaron las iniciativas constitucionales. Planteó que se reciban las reservas y se envíen al Pleno para su discusión, pues ha sido un procesamiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria y no hay violación al marco legal. “No le tenemos miedo al debate ni a la discusión. Se va a elegir al Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo”.

La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) consideró que lo presentado es totalmente violatorio de los derechos de las y los legisladores en lo que respecta a presentación de reservas, lo cual está establecido en el Reglamento de la Cámara Diputados. Además, resaltó que discutir 18 iniciativas de relevancia, por tener un impacto en la Constitución Política, es un despropósito y un atropello al respeto de la soberanía.

La diputada Irma Juan Carlos, de Morena, propuso que el 9 de agosto se vote la iniciativa de reforma constitucional al artículo 2°, toda vez que ese día se conmemora a los pueblos indígenas. Agregó que esta adecuación normativa es trascendental, pues el Estado mexicano saldará la deuda histórica que tiene con esa población.

Al respecto, el presidente de la Comisión propuso votar las iniciativas del Presidente y de las y los legisladoras en materia de indigenismo el 9 de agosto. Explicó que estas modificaciones son toda una Constitución indígena para los pueblos originarios y afromexicanos, al poner en orden muchos conceptos.

El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) celebró la calendarización de los trabajos de la Comisión de puntos Constitucionales, ya que otorga orden a la discusión. Asimismo, solicitó permitir la presentación de reservas, pues es fundamental que queden registradas, toda vez que habrá cambio de Legislatura.

Iran Santiago Manuel, diputado de Morena, mencionó que estas reformas van a sentar las bases para continuar con la cuarta transformación y no hay ningún albazo legislativo dado que desde hace meses se viene discutiendo el tema. Agregó que ha sido práctica parlamentaria el que las reservas se vayan al Pleno. “Nosotros, como cuarta transformación, no estamos poniendo en peligro a la República, sino se está recuperando. Las reformas se van a aprobar”.

Por el mismo grupo parlamentario, la diputada Lidia García Anaya aplaudió que se esté buscando incluir el tema de las reservas en el proyecto de acuerdo; sin embargo, dijo, “la oposición lo votará en contra pese a que sea en beneficio de las y los ciudadanos. El pueblo de México está pendiente de lo que sucede y pasa en esta Cámara”.

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Repite Zoé Robledo para el IMSS en el gabinete de Claudia Sheinbaum

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CDMX.- La virtual Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó desde su casa de transición a un integrante más de su gabinete ampliado. En esta ocasión refrendó en su puesto a Zoé Robledo, como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por otro lado, informó que Carlos Augusto Morales López, será su secretario particular.

El primer nombramiento de su gabinete ampliado fue Lázaro Cárdenas Batel, que será el jefe de Oficina de la Presidencia durante su mandato.

Aún faltan otros nombramientos relevantes como la dirección general de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), estas últimas serán nombrados en septiembre, según adelantó la próxima presidenta de México.

¿Quién es Zoé Robledo?
Es politólogo por el ITAM y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el diplomado Liderando el Crecimiento Económico de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard y estudios complementarios por la Universidad Complutense de Madrid y la George Washington University.

El 22 de mayo de 2019, fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como Director General del IMSS y actualmente es el encargado del programa de transformación del sistema de salud nacional IMSS-Bienestar, en el que es presidente de su junta de gobierno.

En julio de 2018 fue electo Diputado Federal por el Distrito VI del estado de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. Solicitó licencia en noviembre de 2018 para ocupar la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del primero de diciembre de ese año a mayo de 2019.

Fue vicecoordinador parlamentario de Morena-PT.
De 2012 a 2015 presidió la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales y posteriormente presidió la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía; también fue secretario de Estudios Legislativos, Primera; de Puntos Constitucionales; del Comité de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República.

Representó al Senado de la República en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y fue presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Foro de Presidentes de Parlamentos Centroamericanos (FOPREL). Asimismo, ocupó la segunda posición en el ranking de mejores senadores de México realizada por la plataforma Atlas Político en el 2015.

En 2014, fue el primer político mexicano en presentar su #3de3, iniciativa para que funcionarios hagan públicas sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial.
El 1 de julio de 2012 fue electo Senador de la República representando al estado de Chiapas.

¿Por qué se queda alfrente del IMSS?
La decisión de que Robledo Aburto continúe al frente del IMSS responde a varios motivos. Según Sheinbaum Pardo, ha desempeñado una gran función en su cargo y es vital para consolidar el IMSS-Bienestar. Este programa busca la federalización de la salud en los estados que han optado por este modelo, un proceso que Sheinbaum considera esencial no interrumpir.

“Tuvimos una reunión este lunes con el doctor (David) Kershenobich, que es el futuro secretario de Salud, y con Zoé y algunos otros compañeros y compañeras y ya estamos trabajando la consolidación del IMSS-Bienestar, el equipamiento de los centros de salud, un modelo también todavía de mayor cercanía con la ciudadanía para la atención a la salud del IMSS Bienestar, el programa de adultos mayores, de salud para los adultos mayores, donde va también a colaborar el Imss y el imss bienestar”, detalló.

Por otro lado, detalló que en las próximas semanas se llevará a cabo una reunión de planificación integral para delinear las acciones a implementar en los primeros 100 días de gobierno y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.

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