Nacional
Voto de senadores del Verde y del PT para el llamado plan B de la reforma electoral está en riesgo de fraccionarse
Ciudad de México.- El voto de los senadores de los partidos Verde y del Trabajo para el llamado plan B de la reforma electoral está en riesgo de fraccionarse hoy, porque ambos partidos plantearon al gobierno federal al menos 15 cambios y, aunque sus coordinadores refrendaron su respaldo al Presidente de la República y dejaron en claro que no lo condicionan, sí son irreductibles para algunos de sus integrantes.
Ayer, el Senado decidió darse más de tiempo para discutir y aprobar en el pleno el plan B electoral, pues será hasta hoy cuando se analice, luego de mantener el diálogo con la Consejería Jurídica de Presidencia de la República y con la Secretaría de Gobernación, para concretar al menos 15 propuestas de Ricardo Monreal, siete del Partido Verde y ocho del Partido del Trabajo.
Ayer, los dos dictámenes que integran la reforma secundaria en materia electoral, conocida como plan B, quedaron de primera lectura ante el pleno del Senado y será este miércoles cuando se discuta, para dar tiempo de lograr acuerdos, pues todavía anoche senadores del Partido Verde y del PT dialogaron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para llegar a acuerdos sobre los temas que les interesan a ambos grupos parlamentarios.
De acuerdo con la información proporcionada por senadores de Morena, durante la reunión privada de la bancada, Ricardo Monreal les informó que, además de los 15 paquetes de reformas que él personalmente busca introducir, el Partido Verde presentará siete reservas y el PT otras ocho, y les pidió analizarlas, dado que son peticiones de sus aliados políticos.
En conferencia de prensa, Ricardo Monreal informó que la decisión de llevar la discusión del pleno hasta hoy, a sólo 48 horas de que concluya el periodo ordinario de sesiones, es porque sigue el diálogo para hacer los cambios que varios legisladores del bloque oficialista plantean, e incluso hay reuniones con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación.
La tarde de ayer, senadores del Partido Verde y del Partido del Trabajo tuvieron pláticas con el secretario de Gobernación para tratar de llegar a un acuerdo, a fin de que se les acepten sus cambios.
Aunque ha habido hermetismo por parte de ambos partidos para detallar los temas que les interesa modificar, hay algunos que han comenzado a ventilar, como no obligar a que los legisladores que deseen reelegirse deban solicitar licencia para separarse del cargo; no establecer en la ley que los partidos más pequeños tendrán más obligaciones para aplicar las acciones afirmativas de inclusión de sectores sociales, porque eso es inequitativo.
También lo relacionado con el plazo para la entrega de los reportes de gastos, pues originalmente la Cámara de Diputados estableció 20 días y el Senado modificó a tres, pero esto parece muy poco a los del Verde y piden que sean entre cinco y 10 días; otro es el relacionado con la disposición de que los legisladores que van por la reelección no puedan cambiar de distrito de origen de su elección y una más es la referente a la obligación de que los partidos emitan una publicación de tipo ideológica para sus militantes.
Los legisladores del Partido Verde no traen en agenda ni la transferencia de votos ni que se modifiquen las reglas para mantener el registro de un partido político, de acuerdo con la información recabada con los legisladores involucrados en este proceso de construcción de consensos.
Sin detallar todos los temas, Geovanna Bañuelos, coordinadora de los senadores del PT, admitió que su partido sí busca que se apoye a los partidos pequeños cuando van en coalición con un partido grande.
“En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos considerando la posibilidad de que se considere la firma de los convenios de coalición o las candidaturas comunes, y estamos insistiendo que nos parece que las actuales reglas del juego, como están, evidentemente ponen en una grave desventaja a los partidos como el nuestro, y nos ponen a competir entre aliados.
“Estamos tratando de encontrar las vías de entendimiento”, precisó la legisladora.
“SCJN tendrá la última palabra”
La oposición está en todo su derecho de controvertir el plan B de la ley electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, el mandatario federal consideró que esa estrategia es “pura politiquería”, debido a que, al no tratarse de una reforma constitucional, los cambios a la ley electoral, en términos generales, presentan muchas limitaciones y, subrayó, no pueden estar en sentido contrario a lo que mandata la Carta Magna.
“Lo cierto es que es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes; entonces, la ley que enviamos nosotros de reforma electoral tiene todas esas limitaciones, no se puede reducir, que era lo más importante, el número de legisladores de 500 a 300, no se puede quitar a los plurinominales y que todos los representantes sean auténticos representantes del pueblo”, explicó.
López Obrador dijo que serán los ministros y ministras de la Corte los que decidan qué tiene o no que prevalecer en las modificaciones al marco electoral, una vez que, en su caso, se haya autorizado por el Congreso de la Unión.
Subrayó que lo que sí debe quedar prohibido es la distribución de monederos electrónicos entre la población, para evitar la compra del voto, y que no se permitan los gastos excesivos por los funcionarios del INE, a quienes acusó de formar parte de “una burocracia dorada”.
Criticó que expresidentes del Instituto Nacional Electoral, como Carlos Ugalde, a quien acusó de participar en fraudes electorales, defiendan los gastos onerosos en las elecciones en México.
Por último, el Presidente consideró que para que haya democracia en México no basta la ley, sino la participación del pueblo.
Nacional
PROPONEN REFORMAS PARA COMBATIR EL BULLYING EN LAS ESCUELAS
Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2025.— La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que busca enfrentar el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.
La iniciativa establece que el Estado deberá implementar programas y políticas públicas que prioricen la integridad y el bienestar de los estudiantes. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.
Un aspecto central de la propuesta es la participación obligatoria de padres y tutores en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar. Además, se prevé que, en caso de reincidencia, se apliquen medidas proporcionales: desde amonestaciones y cursos de parentalidad positiva, hasta multas económicas y canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar responsabilidades.
La diputada enfatizó que las sanciones no buscan criminalizar a los menores, sino garantizar el interés superior de la niñez y fomentar un entorno educativo seguro. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.
En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar es una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un incremento en la violencia juvenil. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales y dotar a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso.
Con esta propuesta, se busca consolidar un marco regulatorio que proteja la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez mexicana.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
BLOQUEO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Y CAMPESINOS PARALIZA CARRETERAS EN 25 ESTADOS
México enfrenta este martes una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, luego de que transportistas y campesinos iniciaran un bloqueo nacional que afecta carreteras y autopistas en al menos 25 estados de la República. La protesta, organizada por diversas agrupaciones, tiene como objetivo exigir al gobierno federal mayor seguridad en las vías de comunicación y mejores condiciones para el campo mexicano, un sector que, según los manifestantes, ha sido relegado en materia de apoyos y programas de desarrollo.
Desde las primeras horas de la mañana, se reportaron cierres en tramos estratégicos como la México–Querétaro, México–Cuernavaca, Chamapa–Lechería, así como autopistas del norte y sur del país, generando largas filas de vehículos y retrasos en el transporte de mercancías. Los bloqueos han provocado que miles de ciudadanos queden varados, mientras empresas alertan sobre el impacto inmediato en la distribución de alimentos, combustibles y bienes de consumo.
Los líderes del movimiento señalaron que la protesta no busca confrontación, sino visibilizar la crisis que enfrentan los sectores productivos. Sin embargo, en algunos puntos se registraron tensiones entre automovilistas y manifestantes, lo que obligó a la Guardia Nacional a desplegar operativos para garantizar el paso de vehículos de emergencia y evitar incidentes mayores. Autoridades federales han llamado al diálogo, pero los inconformes advierten que las acciones podrían intensificarse si no se establecen mesas de negociación inmediatas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.
El impacto económico de la protesta comienza a sentirse en mercados regionales, donde comerciantes reportan retrasos en la llegada de productos básicos. Expertos advierten que, de prolongarse, el bloqueo podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector logístico y agroalimentario. Mientras tanto, ciudadanos expresan su malestar por las afectaciones en sus traslados cotidianos, reclamando soluciones rápidas y efectivas.
La protesta nacional refleja el creciente malestar social en torno a la inseguridad y la falta de apoyos al campo, dos problemáticas que, de acuerdo con los manifestantes, requieren atención urgente para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
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