Nacional
ESTAS SON LAS ACUSACIONES DE AMLO CONTRA SALINAS, ZEDILLO, FOX, CALDERÓN Y PEÑA
CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer este martes 15 de septiembre la solicitud para realizar una consulta ciudadana sobre si se debe o no juzgar a los últimos cinco expresidentes de México.
AMLO señaló que estos exmandatarios gobernaron de 1988 a 2018, es decir, durante el llamado periodo neoliberal, donde presuntamente se desmanteló al Estado para beneficiar al capital privado.
Se trata de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. AMLO detalló en el documento las razones por las que estos políticos podrían ser llevados a juicio.
López Obrador señala que fue en el periodo de Salinas donde se acrecentó la desigualdad en el país, pues se entregó a particulares nacionales y extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos.
Un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes –en la cual figuran las personas más ricas del mundo–, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al finalizar aquel sexenio, ya estaban incorporados a ese listado otros veinticuatro mexicanos, que 4 poseían en conjunto más de cuarenta y cuatro mil millones de dólares.
ERNESTO ZEDILLO (1994 – 2000)
Sobre el expresidente Zedillo, indica que continúo con la políticas salinistas al seguir con los procesos privatizadores como el sistema de ferrocarriles. Pero sobre todo por avalar el rescate bancario de 1998 por medio de una deuda que aún se sigue pagando.
A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070.
VICENTE FOX (2000 – 2006)
AMLO explicó que Fox llegó a Los Pinos con la esperanza de la alternancia, sin embargo, resultó ser más de lo mismo e intervino en el proceso electoral de 2006, justamente para evitar que el propio López Obrador llegara a la Presidencia de la República.
En una entrevista con Telemundo, admitió que “era importante detener a López Obrador”, y en 2010 se jactó de haber “cargado los dados” del proceso electoral. De esa forma, traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.
FELIPE CALDERÓN (2006 – 2012)
Sobre su principal adversario político, López Obrador lo culpa de haber iniciado la llamada guerra contra el narco y desatar la violencia en el país, mientras que sus colaboradores cercanos presuntamente estaban coludidos con grupos delincuenciales.
Lo más grave: colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo nada. A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada.
PEÑA NIETO (2012 – 2018)
De Peña Nieto señala que recibió sobornos de parte de Odebrecht para financiar su campaña presidencial, periodo en el que también contendió AMLO, además de presuntamente pagar a legisladores para aprobar las reformas estructurales.
Los señalamientos de (Emilio) Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares.
Cabe mencionar que, aunque López Obrador ha pedido la consulta, él votaría en contra de enjuiciarlos, pues dice es momento de ver hacia adelante.
Fuente: Reporte Índigo
Nacional
SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:
- SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
- EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
- EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
- GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.
Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo
Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.
Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.
Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.
Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.
Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.
Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.
Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.
Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.
Nacional
IMPULSAN REGULACIÓN DIGITAL PARA TRANSFORMAR EL TURISMO EN MÉXICO
Ciudad de México.— En un contexto de acelerada transformación tecnológica, el senador por Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Turismo que propone la regulación de plataformas digitales de servicios turísticos, con el objetivo de integrarlas de manera equilibrada al sistema nacional. La propuesta busca fortalecer la innovación sin descuidar la certeza jurídica, la protección de los turistas y el orden en el sector.
El planteamiento legislativo, construido a partir del diálogo con representantes del sector turístico, pretende establecer un punto medio entre la permisividad absoluta y las restricciones excesivas, atendiendo una realidad donde las plataformas digitales han modificado profundamente la dinámica del hospedaje y otros servicios relacionados.

“Esta reforma no busca prohibir plataformas digitales; busca integrarlas, ordenarlas y generar reglas claras para todas y todos”, afirmó el senador, al destacar la necesidad de contar con un marco legal actualizado acorde a la era digital. Subrayó que la legislación vigente fue diseñada antes de la expansión de estas tecnologías, lo que ha generado vacíos legales que hoy requieren atención urgente.
Entre los elementos clave de la iniciativa se encuentra el reconocimiento formal de estas plataformas como intermediarios tecnológicos, así como la obligación de registro para anfitriones, intermediarios y empresas en el Registro Nacional de Turismo. Además, contempla mecanismos de transparencia, estándares de calidad, protección de datos personales y cumplimiento de obligaciones fiscales.
Asimismo, se propone otorgar mayores facultades a estados y municipios para regular aspectos como permisos, uso de suelo y operación territorial, considerando que estas autoridades enfrentan directamente los impactos sociales, urbanos y económicos del hospedaje digital.
La reforma plantea también fomentar una competencia equitativa entre establecimientos tradicionales y plataformas digitales, al tiempo que busca reducir los riesgos asociados a la informalidad y proteger a las comunidades locales. Con ello, se pretende posicionar a México como referente regional en regulación del turismo digital, promoviendo un crecimiento ordenado, sostenible y con beneficios compartidos.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias: Comunicado

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