“EN LA OPINIÓN DE”
Dr. Hugo Alday Nieto

En los últimos días hemos escuchado diversas posturas en torno a la iniciativa de adicionar un artículo 400 BIS a la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, impulsada por algunos diputados de los partidos de la coalición Partido Verde, Morena y Partido del Trabajo con la intención de establecer como infracción el uso de la imagen personalizada de servidores públicos cuando sea difundida por cualquier medio de comunicación y siendo relativa a la entrega de apoyos sociales, bienes, programas o servicios públicos.
Esta propuesta sin duda recoge varios de los elementos que fueron vertidos en su momento por Morena y el Partido del Trabajo en la Acción de Inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015, en donde se reclamaba, incluso la difusión respecto de las actividades propias de las funciones gubernamentales y las fachadas de los bienes muebles o inmuebles, logotipos, lemas y demás elementos distintivos que portasen los servidores públicos con motivo de sus actividades.
En ese entonces, Morena, Partido del Trabajo y otros, señalaban que existía una vulneración el principio de certeza, al existir aspectos de promoción personalizada de servidores públicos, con la difusión de “información” en medios de comunicación, dando oportunidad a las áreas de comunicación social de las entidades gubernamentales para la promoción personalizada, so pretexto de actividades propias de las funciones gubernamentales.
La sentencia que declaró la inconstitucionalidad de las reformas del Poder Legislativo de Quintana Roo de 2015, señaló que la problemática surge cuando la comunicación institucional deja de centrarse en informar sobre el programa público y pasa a enfocarse en proyectar la imagen individual de quien participa en la entrega o difusión del apoyo. Cuando ello ocurre, la finalidad institucional de la comunicación pública se transforma en una estrategia de posicionamiento político personal.
En este sentido, el marco constitucional mexicano establece límites claros frente a este tipo de prácticas. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
“Artículo 134. […]
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”

En este sentido, es importante retomar el contenido del Amparo en Revisión 1359/2015, en donde se estableció que el artículo 134 constitucional establece los principios que deben regir las políticas de comunicación social de las autoridades de los tres órdenes de gobierno:
“el carácter institucional que debe animar a dicha comunicación social –en contraposición al uso personal de la publicidad oficial– y los fines informativos, educativos o de orientación social que debe perseguir. En este sentido, la comunicación social de las autoridades pertenecientes a todos los órdenes de gobierno no es un tema que pertenezca a lo que en estricto sentido esta Suprema Corte ha considerado como materia electoral. Una muestra de ello es que el contenido de dicho precepto no se circunscribe al ámbito temporal de los “proceso electorales”, sino que esos principios disciplinan la comunicación social en todo momento.”
Con este precedente, se deja claro que el propio artículo 134 establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, no se actualiza únicamente durante el proceso electoral, sino que aplica a todo el quehacer administrativo en su devenir cotidiano, por lo que las restricciones expresamente señaladas no deben considerarse únicamente en los tiempos electorales para poder definir o determinar la existencia de una acción sancionable por parte de la autoridad correspondiente.
Asimismo, y siguiendo diversos autores de teorías Frontética, de Legisprudencia y de la teoría de la legislación; esta propuesta se analizó a partir de diferentes marcos analíticos otorgándole diversas características como un instrumento que incrementa la legitimidad en torno a las decisiones legislativas; incidiendo directamente en la calidad de la democracia participativa al evitar la influencia no regulada a través de lagunas normativas estructurales para visualizar las promociones personalizadas. Se aprecia en la misma un compromiso político profundo de transparencia por parte de los legisladores que la impulsamos. El reto sin duda será, la verificación de la calidad material de la misma y el impacto de ésta, una vez que haya superado el proceso legislativo (si es que lo supera) para verificar su eficacia a posteriori.
De no ser así, la publicidad oficial personalizada seguirá, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

Desde el 2018, el Gobierno incluyó en su narrativa y en sus discursos una polarización entre ricos y pobres, conservadores y neoliberales, derecha e izquierdas, chairos y fifís, entre otros calificativos; la prensa no se salvó y también fueron divididos entre “los que no están conmigo, están contra mí”.
Poco a poco la gente se acostumbró a escuchar esta narrativa como parte de las dos clases que existen en México, con la consecuencia lógica de la polarización entre la sociedad. Sin embargo, hoy existe una polarización mayor, que la sociedad no debe de normalizar, se trata de quienes dicen defender la “Soberanía Nacional”, pero protegen a sus correligionarios y los que se oponen a la intervención del crimen organizado en temas políticos.
Esta nueva polarización en México, la pone sobre la mesa la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien en entrevista dijo que en México hay dos tipos de políticos: los que están del lado del narco y la violencia, como los de Sinaloa que han sido acusados por vínculos con la delincuencia, y quienes enfrentan al crimen organizado y cuidan a sus ciudadanos, como la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, quien desmanteló un narcolaboratorio.
“Es claro que hoy hay dos tipos de políticos: los que están del lado de los delincuentes, del narco, de quienes dañan, enferman y violentan este país y los otros políticos, los que desmantelan narcolaboratorios, los que claramente están protegiendo a sus ciudadanos y se están enfrentando al crimen organizado.
El mensaje que tendríamos que mandar es decirles a todos los gobernadores: sean valientes como Maru Campos, sean inteligentes y, por supuesto, defiendan a su gente, a sus jóvenes, defiendan el Estado de Derecho”, fueron las palabras exactas de la diputada Federal López Rabadàn.
Pero esa polarización también existe en Quintana Roo, está marcada por los propios gobiernos, quienes no soportan los señalamientos de corrupción, impunidad, falta de impartición de justicia pronta y expedita; así como la mala gestión, la falta de planeación y la desconexión con las necesidades reales de la población, pues creen que lo que ellos planean es lo correcto para la sociedad.
Lo más grave de los políticos quintanarroenses, es que la mayoría tiene exceso de arrogancia en el discurso público, están infectados por un virus de superioridad, de “sabelotodo”, dan respuestas condescendientes, actitudes despectivas hacia la prensa o el uso de un lenguaje excesivamente técnico o elitista, según ellos(as), para crean una barrera inmediata con el electorado. Ya no hablemos de la soberbia y la prepotencia con la que algunos funcionarios actúan.
Otra polarización, es cuando sus gobiernos son evidenciados por los errores que comenten en perjuicio de sus gobernados; es decir, cuando estalla una crisis, cometen el error de minimizar el problema, negar su existencia o, peor aún, desaparecer de la escena pública, gobiernan a “boletinazos”. Olvidan que la falta de protocolos claros de gestión de crisis y la incapacidad para dar respuestas rápidas y efectivas han acabado con más de una carrera política prometedora, ejemplos hay muchos.
Concluyo al decir, que hay gobernantes que traen un doble discurso, “otros datos”, son insensibles a la autocrítica; afortunadamente las redes sociales y el periodismo de investigación han facilitado la exposición de contradicciones entre lo que los políticos predican y practican. En la búsqueda de apoyo electoral, muchos políticos caen en la trampa de dividir artificialmente a la sociedad, esta estrategia puede generar beneficios a corto plazo, pero deteriora el tejido social y dificulta la gobernabilidad futura.
Hoy, no resisten la tentación del nepotismo y el amiguismo; se rodean de familiares y amigos en lugar de profesionales calificados para desempeñar el cargo. Este comportamiento no solo afecta la eficiencia gubernamental, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, hoy 15 de mayo, en México celebramos el “Día del Maestro”, con todo respeto, no es día del trabajador de la Educación, así que desde este espacio reconocemos la labor que realizan los profesionales que están frente a grupo.
Sin embargo, a pesar de ser el sector social más incluyente en la formación de futuros profesionales, son desdeñados por estos gobiernos que solo le apuestan a la popularidad, no a la capacidad que debe tener un servidor público para desempeñar correctamente el encargo.
Como soy producto de la educación pública, vaya pues mi felicitación a los más de 30 mil maestros que hay en Quintana Roo, solo de educación básica llegan casi a 20 mil. Al tiempo…