Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 21 DE NOVIEMBRE.- Tanto cabildos como diputados pasaron desapaercibidos los posicionamientos en contra del pago del denominado “derecho por saneamiento ambiental” para abrobarlo, indicó Eduardo Galaviz Ibarra, dirigente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, quien recomendó al sector hotelero recurrir al amparo ante estas acciones consideradas anticonstitucionales y que carecen de fundamentación conceptual y jurídica sustentable y firme.

El empresario recordó que recientemente varios ayuntamientos aprobaron en sus propuestas de Ley de Hacienda el denominado “Derecho para el desarrollo sustentable” o “el saneamiento ambiental”, iniciativas que fueron presentadas al Congreso estatal sin análisis y un acuerdo con los actores, el puente intermedio de recaudación, porque esos “derechos” se cobrarán a los usuarios de los establecimientos de hospedaje.

Pese a las voces en contra, las iniciativas se enviaron a la Legislatura, y de igual manera se hizo mención a los diputados, de diversas maneras, la oposición a la aprobación de ese gravamen: “Está claro que ni los cabildos de esos municipios, ni los diputados atendieron a esos reclamos”. Incluso destacó que ya hay otras contribuciones similares, como las derivadas de la zona federal marítimo-terrestre (Zofemat) y la expedición de permisos ambientales, y también porque anteriormente hubo algunos impuestos para un fin y se desviaron a otros.

Eduardo Galaviz sostuvo, mediante un comunicado, que independientemente de esos posicionamientos se debe observar el concepto jurídico y fiscal de lo que significan los derechos y su correcta aplicación en esas iniciativas y aprobaciones.

“La fundamentación general en las iniciativas, es la de la preservación y el cuidado para el desarrollo sustentable, para obtener recursos para programas y acciones para la prevención, cuidado y mantenimiento de nuestros recursos naturales. Y su causalidad es por “el uso de los bienes e infraestructura turística del municipio.”

El dirigente del Observatorio Legislativo aseveró que, en primer término, se debe definir qué son los derechos: son los conceptos fiscales que la Federación, el estado o municipio cobra por un acto de voluntad de la persona moral o física que solicita servicios públicos. Es un acto de quien solicita; es, por tanto, una relación directa y contractual o convenida.

“Esos ‘derechos’ pueden ser Inconstitucionales porque contravienen el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, la Ciudad de México, el estado y municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa.

“En este caso, los sujetos objeto de esos ‘derechos’ son los turistas, que en su mayor parte son extranjeros; además, esos cobros no cumplen con los conceptos de ser proporcionales y equitativos.”

Eduardo Galaviz señaló que se puede considerar que el “Derecho por saneamiento ambiental” carece de fundamentación conceptual y jurídica sustentable y firme, por lo que las empresas de hospedaje puede recurrir al recurso jurídico del amparo. Y recordó que esa situación también se mencionó cuando se aprobó la Ley de Movilidad.

Además, dijo que ya hay otras contribuciones orientadas a temas ambientales, como las derivadas de la Zofemat, el pago de derechos de recolección de basura y la expedición de permisos ambientales, entre otros.

La reacción se debe entender no por la oposición a atender los problemas de conservación del medio ambiente, sino a los antecedentes de impuestos que se propusieron para un fin y se desviaron, además de que no hubo transparencia y rendición de cuentas.

Como  ejemplo, Galaviz Ibarra citó el Impuesto sobre Nómina para la Educación, el del hospedaje para la promoción de los destinos; el 10 por ciento adicional en Benito Juárez a todos los gravámenes, entre otros.

“Es importante destacar que la negociación de esas propuestas no fueron realizadas, lo que deja la impresión de que los órganos de formación de leyes y reglamentos están apartados de los actores económicos del estado.”