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La reforma constitucional de la propiedad privada parte 1.

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Por. Hugo Alday Nieto
El pasado 2 de septiembre se publicó la reforma constitucional al artículo 3ro numeral 2 inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México, quedando de la siguiente manera: “Artículo 2. La Ciudad de México asume como principios: a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;”

En estricto sentido, y como critica personal la reforma resulta redundante a todas luces, ya que, si uno de los principios rectores es el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el volver a señalarlo en los últimos renglones, está de más. Máxime si hablamos de una redacción de la Constitución de la Ciudad de México, que en teoría debería ser punta de lanza en modelo de redacción legislativa.

Sin embargo, y más allá de redacciones redundantes, se han suscitado una serie de opiniones y comentarios que consideran que esta reforma atenta contra la propiedad privada, lo que parece por demás absurdo luego de que el primer párrafo del artículo 27 de la Constitución General de la República expresamente señala desde el 5 de febrero de 1917 que: “Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.

Por ello, y tomando en consideración que somos una república constituida mediante un pacto federal que nos constriñe a sujetarnos primeramente a esa Constitución Política a la que no pueden contravenir las constituciones locales, es decir, es la Ley Suprema de conformidad con el artículo 133 de esa misma carta magna. Por lo que parte del control constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos daría la pauta para determinar que es que sería jurídicamente inadmisible, imposible e inconstitucional que la Ciudad de México eliminase la propiedad privada.

Desde tiempos remotos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado claro que el interés público se encuentra sobre el interés particular, lo que va de la mano con el párrafo primero del artículo 27 que, como ya mencionamos, no ha sufrido modificación alguna desde la promulgación de la Constitución en 1917.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte con número 2a. LV/2019 (10a.) de fecha 13 de septiembre de 2019, bajo el rubro “ASIGNACIÓN DE PARCELAS EN BOSQUES O SELVAS TROPICALES. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY AGRARIA, QUE ESTABLECE QUE SERÁ NULA DE PLENO DERECHO, NO VIOLA EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA”, derivada de 5 amparos en donde los ponentes son ni más ni menos que los satanizados ministros de morena como lo son Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, se recogen importantes razonamientos sobre la propiedad social, que es definida por los ministros de la siguiente forma:

“Tratándose del derecho de propiedad, es la Constitución Federal la que establece su función social como limitación, al disponer en el artículo 27 que el Estado puede imponer modalidades a la propiedad por causas de interés público. En efecto, por una parte, si bien en la fracción VII reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población y protege su propiedad sobre la tierra, también establece expresamente que será la ley la que fije los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela, de ahí que sea necesario acudir a lo previsto en la Ley Agraria para consultar los aspectos relativos a la delimitación y destino de las tierras ejidales. Por otra parte, en el párrafo tercero, la norma constitucional invocada impone modalidades a la propiedad privada que dicte el interés público y el interés de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, para lo cual se deberán dictar medidas encaminadas a ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”. Sin duda, esta jurisprudencia que no tiene desperdicio alguno sustenta en su totalidad la reforma planteada en la Ciudad de México. Claro está, con excepción de las redundantes adiciones finales.

Ahora bien, lo interesante después de esta reforma es el “cómo”, y ese se deberá de definir con claridad en las normas secundarias de la Ciudad de México y en las reformas a la Ley Agraria y Ley de Asentamientos Humanos, a fin de que se puedan llevar a cabo las regularizaciones de grandes extensiones de ejidos que ya fueron explotados como zonas habitacionales y que hasta hoy, no cuentan con esquemas de movilidad, servicios públicos municipales ni estatales, y que constituyen focos rojos para la contaminación del agua, del medio ambiente y de seguridad, sobre todo para ecosistemas tan delicados como los de Quintana Roo.

El primer paso en la Ley Agraria se dio con la reforma al artículo 17 y la fracción III del artículo 18, en materia de sucesión de derechos para las hijas de titulares en núcleos agrarios, que si bien es cierto, es discriminatoria de los hijos de sexo masculino, ya es un avance para poder continuar con los esquemas de regularización de tierras de forma legal, ya que hasta hoy en Quintana Roo el aprovechamiento de estas lagunas jurídicas se ha convertido en uno de los esquemas de negocio ilícito más graves.

Por ello, creo que la reforma constitucional es lo de menos, donde deberemos ser cuidadosos en los que nos compete como Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos en Quintana Roo, para lograr un avance sustancial en el progreso territorial del Estado. De no ser así, los ejidos y la vida seguirán, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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ENTREGARÁN LA MEDALLA “EUSEBIO AZUETA VILLANUEVA” 2026

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“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• En una participación de lujo, el escritor e historiador Héctor Aguilar Camín, hijo emérito de Chetumal, expondrá una “Remembranza del Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”.

El Consejo Ciudadano de Chetumal A.C. entregará la Medalla al Mérito Ciudadano “Eusebio Azueta Villanueva” el sábado 21 de noviembre, que este 2026 alcanza su tercera edición, informó la presidenta de la asociación civil, Georgina Marzuca Fuentes.

Agregó que el reconocimiento nació para celebrar cada año desde la sociedad civil, el aniversario de la creación del Territorio Federal de Quintana Roo el 24 de noviembre de 1902, instituyendo una Medalla al Mérito Ciudadano para honrar los valores que unen a una nueva identidad mexicana en el concierto nacional desde la frontera sur, así como a las personas que han aportado compromiso, talento y trabajo para consolidarla y fortalecerla.

Este año el ya tradicional encuentro cívico y social, que se realiza en la plazoleta junto al Museo Maqueta de Payo Obispo “Luis Reinhardt MacLiverty”, contará con la participación especial del escritor e historiador Héctor Aguilar Camín, hijo emérito de Chetumal donde nació, quien expondrá una “Remembranza del Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”. De última hora la participación de Aguilar Camín será vía zoom, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente como estaba previsto.

En la primera edición la medalla fue recibida por el ingeniero Carlos Cervera Solórzano, ejemplo de chetumaleño arraigado a esta tierra, quien fue persona clave para la creación del sistema Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, entre otras aportaciones.

El segundo año el galardón fue entregado al músico Roque Cervera Argüelles, quien nació en Chetumal en 1939 (época del Territorio), educador musical de varias generaciones y autor de obras populares, algunas de las cuales se han convertido en emblema de la identidad quintanarroense, como “La Turraya”, canción caracterizada por su acento inglés y ritmo afrocaribeño.

Este 2026, la medalla será otorgada a la persona que resulte seleccionada por el Comité de Selección del Consejo Ciudadano, cuyo nombre será dado a conocer en la misma ceremonia, que concluirá con una velada cultural y baile al estilo Chetumal, concluyó Marzuca Fuentes. Como cada año, se espera la asistencia de familias fundadoras y público en general, por lo que si desea asistir, usted tiene la última palabra.

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Guerra sucia generada con IA

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

Si bien es cierto que la Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta que facilita varios procesos, en la creación de contenidos periodísticos y de publicidad, no existe control alguno, al grado tal que los diferentes grupos políticos la usan para atacar a sus adversarios.
No son pocos los videos que circulan en redes sociales, “arte” (carteles) y posts, donde ridiculizan a sus “víctimas”, con diálogos que no corresponden a una realidad, pues dichos personajes no harían esas declaraciones por ningún motivo.
La IA, hace hablar a las fotos, crea guiones e historia dependiendo del pedido del usuario, por ello podemos vere videos tan entretenidos atribuidos a personas públicos, nadie se salva de esta guerra sucia en redes sociales, pues vemos creaciones de la Presidenta bailando, regañando a su gabinete o haciendo declaraciones de acciones que nunca hizo; gobernadores(as), presidentes municipales, diputados locales, empresarios, todos metidos a la IA para que crear contenido que los ridiculice.
La IA nos permite generar videos, audios o imágenes convincentes en segundos que atribuyen declaraciones o acciones inexistentes a figuras públicas. Solo por poner un ejemplo en las elecciones pasadas de Estado Unidos, investigadores de la Universidad de Wesley identificaron 220 anuncios políticos creados con IA por un costo de 137 millones de dólares (2.46 mil millones de pesos) hasta mediados de octubre, con más del 80 % producidos por campañas o comités republicanos.
Desde el anonimato, los adversarios de tal o cual personaje, la tienen fácil, pues la IA facilita campañas de desprestigio masivas y personalizadas, así como ataques coordinados contra candidaturas, autores y periodistas. Todo con la estrategia de apelar al morbo de los cautos y uno que otro que se cree el contenido, dado que está “bien hecho”.
Bienvenida la IA a nuestras vidas, pero como las armas de fuego, cada quien decide para qué usarla; sin embargo, el uso malicioso de la IA agrava la violencia política en razón de género, pues en la mayoría de los casos esa guerra sucia va en contra de las mujeres gobernantes; ejemplos hay muchos, como la guerra desatada contra Mara Lezama Espinosa, Atenea Gómez Ricalde, Estefanía Mercado Asencio, Blanca Merari Tziu Muñoz, Ana Patricia Peralta de la Peña, por mencionar algunas. Ahí se las dejo…
SASCAB
Los ayuntamientos, el gobierno del Estado y los organismos autónomos de Quintana Roo ya trabajan su respectiva ley de hacienda, donde contemplan la ley de ingresos que aplicarán en el 2027; dicha ley la tienen que mandar al Congreso del Estado para que sea discutida en la Comisión de Hacienda, Cuenta y Presupuesto, posteriormente llevada al Pleno y votada antes del 15 de diciembre.
Esperemos que los diputados estén a la altura para no permitir aumentos en impuestos, derechos y participaciones; porque al final, en ellos cae esa responsabilidad. Al tiempo…

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SÍNTESIS MATUTINA JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2026