Opinión
La reforma constitucional de la propiedad privada parte 1.

Por. Hugo Alday Nieto
El pasado 2 de septiembre se publicó la reforma constitucional al artículo 3ro numeral 2 inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México, quedando de la siguiente manera: “Artículo 2. La Ciudad de México asume como principios: a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;”
En estricto sentido, y como critica personal la reforma resulta redundante a todas luces, ya que, si uno de los principios rectores es el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el volver a señalarlo en los últimos renglones, está de más. Máxime si hablamos de una redacción de la Constitución de la Ciudad de México, que en teoría debería ser punta de lanza en modelo de redacción legislativa.
Sin embargo, y más allá de redacciones redundantes, se han suscitado una serie de opiniones y comentarios que consideran que esta reforma atenta contra la propiedad privada, lo que parece por demás absurdo luego de que el primer párrafo del artículo 27 de la Constitución General de la República expresamente señala desde el 5 de febrero de 1917 que: “Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
Por ello, y tomando en consideración que somos una república constituida mediante un pacto federal que nos constriñe a sujetarnos primeramente a esa Constitución Política a la que no pueden contravenir las constituciones locales, es decir, es la Ley Suprema de conformidad con el artículo 133 de esa misma carta magna. Por lo que parte del control constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos daría la pauta para determinar que es que sería jurídicamente inadmisible, imposible e inconstitucional que la Ciudad de México eliminase la propiedad privada.
Desde tiempos remotos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado claro que el interés público se encuentra sobre el interés particular, lo que va de la mano con el párrafo primero del artículo 27 que, como ya mencionamos, no ha sufrido modificación alguna desde la promulgación de la Constitución en 1917.
Cabe señalar que, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte con número 2a. LV/2019 (10a.) de fecha 13 de septiembre de 2019, bajo el rubro “ASIGNACIÓN DE PARCELAS EN BOSQUES O SELVAS TROPICALES. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY AGRARIA, QUE ESTABLECE QUE SERÁ NULA DE PLENO DERECHO, NO VIOLA EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA”, derivada de 5 amparos en donde los ponentes son ni más ni menos que los satanizados ministros de morena como lo son Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, se recogen importantes razonamientos sobre la propiedad social, que es definida por los ministros de la siguiente forma:
“Tratándose del derecho de propiedad, es la Constitución Federal la que establece su función social como limitación, al disponer en el artículo 27 que el Estado puede imponer modalidades a la propiedad por causas de interés público. En efecto, por una parte, si bien en la fracción VII reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población y protege su propiedad sobre la tierra, también establece expresamente que será la ley la que fije los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela, de ahí que sea necesario acudir a lo previsto en la Ley Agraria para consultar los aspectos relativos a la delimitación y destino de las tierras ejidales. Por otra parte, en el párrafo tercero, la norma constitucional invocada impone modalidades a la propiedad privada que dicte el interés público y el interés de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, para lo cual se deberán dictar medidas encaminadas a ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”. Sin duda, esta jurisprudencia que no tiene desperdicio alguno sustenta en su totalidad la reforma planteada en la Ciudad de México. Claro está, con excepción de las redundantes adiciones finales.
Ahora bien, lo interesante después de esta reforma es el “cómo”, y ese se deberá de definir con claridad en las normas secundarias de la Ciudad de México y en las reformas a la Ley Agraria y Ley de Asentamientos Humanos, a fin de que se puedan llevar a cabo las regularizaciones de grandes extensiones de ejidos que ya fueron explotados como zonas habitacionales y que hasta hoy, no cuentan con esquemas de movilidad, servicios públicos municipales ni estatales, y que constituyen focos rojos para la contaminación del agua, del medio ambiente y de seguridad, sobre todo para ecosistemas tan delicados como los de Quintana Roo.
El primer paso en la Ley Agraria se dio con la reforma al artículo 17 y la fracción III del artículo 18, en materia de sucesión de derechos para las hijas de titulares en núcleos agrarios, que si bien es cierto, es discriminatoria de los hijos de sexo masculino, ya es un avance para poder continuar con los esquemas de regularización de tierras de forma legal, ya que hasta hoy en Quintana Roo el aprovechamiento de estas lagunas jurídicas se ha convertido en uno de los esquemas de negocio ilícito más graves.
Por ello, creo que la reforma constitucional es lo de menos, donde deberemos ser cuidadosos en los que nos compete como Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos en Quintana Roo, para lograr un avance sustancial en el progreso territorial del Estado. De no ser así, los ejidos y la vida seguirán, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

EN LA OPINIÓN DE:
Memoria, emoción y verdad: las fiestas patrias en un país inseguro

Más allá del grito una mirada psicológica de la celebración
Bitácora de la Rebelión
Por: Psic.Alex Barrera**
A pesar de todo y en cualquier circunstancia los mexicanos, nos distinguimos de otras naciones por nuestra alegría y por el impulso que demostramos en todo lo que hacemos, el gran fervor de los mexicanos por su nación aun en circunstancias tan adversas como las que vivimos en nuestra era es inamovible, porque no deja nunca el mexicano incluso cuando vive en el extranjero de sentir una gran conexión con su patria, haciendo que millones de extranjeros en el mundo no sólo admiren ese fervor sino que se sumen a ese increíble sentimiento que se da al conocer lo que una nación como México ofrece.
Las fiestas patrias funcionan como dispositivos de memoria colectiva: nos convocan a recordar una historia compartida, a cantar himnos, a envolvernos en colores y rituales que reconstruyen, por unas horas, una identidad colectiva. Esa emoción compartida que mezcla, orgullo, nostalgia y alegría; tiene un efecto psicológico real: crea cohesión, reduce la sensación de soledad y permite experimentar gratitud por pertenecer a algo mayor que nosotros mismos. Pero en México, donde la vida cotidiana se ve atravesada por la inseguridad y la violencia, esa celebración también exige honestidad sobre qué memorias elegimos exaltar y cuáles preferimos silenciar.
La memoria histórica cumple funciones terapéuticas: refrenda que no estamos solos, que nuestra historia tiene continuidad y sentido. En contextos de fragilidad social, los rituales nacionales pueden facilitar redes de apoyo y resiliencia comunitaria; compartir comida, música y calles en fiestas públicas reduce el aislamiento y genera capital social. No obstante, la imagen de una nación unida por la festividad puede convertirse en un barniz emocional si la realidad subyacente (delitos, miedo, victimización) queda fuera del relato.
Sin embargo, en 2025, las condiciones de un país secuestrado por el miedo y la violencia dejan muy lejana la posibilidad de poder abrazar el bienestar psicológico, por el contrario, nos pone en una total situación de fragilidad social, ante el miedo latente de una catástrofe que pone en peligro nuestro bienestar y que nos arrebata la alegría y el orgullo nacional.
Este año al menos 22 municipios de seis estados en México suspendieron parcial o totalmente los festejos patrios debido a la inseguridad y a amenazas del crimen organizado. Los casos se concentraron en Michoacán —con Uruapan, Peribán, Zinapécuaro y Tocumbo—, así como en Sinaloa, donde municipios como San Ignacio y Navolato cancelaron eventos masivos. En Veracruz, localidades como Coxquihui, Cerro Azul, Zozocolco de Hidalgo y Coahuitlán también se vieron obligadas a posponer actividades, mientras que en Oaxaca varios municipios —entre ellos La Reforma, San Juan Bautista Guelache y Magdalena Ocotlán— optaron por ceremonias mínimas. Incluso en zonas urbanas como Iztapalapa (Ciudad de México) y Xalatlaco (Estado de México) se cancelaron verbenas o desfiles.
Estas decisiones reflejan cómo la violencia impacta directamente en la vida comunitaria, alterando rituales colectivos que históricamente han servido para fortalecer la identidad y la memoria compartida, situación que impacta psicológicamente a los individuos que habitan en la comunidad, pues la falta de actividades comunales y la percepción de desconfianza hacia el colectivo social, crea a la larga la sensación de inseguridad que sin duda impacta en el individuo, haciéndole cada vez mucho más insensible al deseo de bienestar colectivo y por tanto incrementa los niveles de cortisol y noradrenalina, sustancias que impactan directamente en la salud.
Duele entonces, porque el miedo se apodera del colectivo y golpea a la comunidad en el orgullo y ahí en el día que se logró la independencia, se encuentra la frustración de que quizá se ha perdido de nuevo y de la peor manera porque allá en la lejanía del tiempo pasado donde el rugir de las armas y los gritos de libertad recuperaron el orgullo mexicano en contra de un “extraño enemigo” hoy “quien profana tu suelo” no lleva arma, ni puede caminar, como entonces se combate a un enemigo sin forma física? ¿Cómo entonces se levantan los hijos de la patria contra la violencia?
Esa realidad de miedo constante está documentada: en junio de 2025, según datos del INEGI, el 63.2% de la población adulta en las áreas urbanas manifestó que vivir en su ciudad es inseguro; las mujeres se sienten particularmente vulnerables (68.5% vs. 56.7% de los hombres). Estos porcentajes muestran que la percepción de inseguridad es amplia y persistente en la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Además, la victimización no es un dato menor: según la ENVIPE 2024, en 2023 el 27.5% de los hogares en México registró al menos una integrante víctima de delito, un recordatorio de que la amenaza no es sólo percibida, sino vivida por muchas familias cuya vida, dicho sea de paso, no es la misma después de afrontar un crimen.
Frente a estos datos, las fiestas patrias tienen una doble lectura psicológica. Por un lado, ofrecen un espacio legítimo para la reparación simbólica: la celebración colectiva puede aliviar tensiones, ofrecer momentos de alegría compartida y reactivar vínculos comunitarios necesarios para la salud mental.
Por otro lado, cuando el relato nacional omite las heridas abiertas (personas desaparecidas, zonas de alto riesgo, desconfianza institucional) genera lo que la psicología social llama disonancia cognitiva colectiva: la tensión entre el orgullo proclamado y la experiencia real de inseguridad. Esa disonancia puede profundizar el sentimiento de traición o desamparo cuando el orgullo patriótico se percibe como una máscara que oculta fracasos estatales en seguridad y justicia.
El nacionalismo emocional tiene otra trampa: su capacidad para cohesionar puede acompañarse de exclusión. Una celebración que pone énfasis en símbolos y héroes puede silenciar memorias locales o críticas necesarias, y eso erosiona la confianza cívica. En contextos donde, por ejemplo, algunas ciudades aparecen entre las más violentas del mundo y las cifras de homicidios siguen siendo altas, la narrativa festiva sin autocrítica corre el riesgo de normalizar la violencia como un telón de fondo inevitable. Recientes reportes periodísticos como el realizado por el diario internacional “El País” y análisis sobre violencia urbana muestran que, pese a ligeras mejoras en algunos indicadores, siguen existiendo focos críticos que condicionan la vida cotidiana de amplios sectores.
¿Qué puede hacer la sociedad civil y el periodismo en este cruce entre memoria y violencia? Primero, reclamar una celebración que sea también espacio de memoria plural: plazas y actos donde, además de elogiarnos, se reconozca a las víctimas y se visibilicen las demandas de justicia. Segundo, promover rituales de civismo que incluyan reflexión: minutos de silencio, mesas comunitarias después del desfile, conciertos que donen recursos a programas de atención psicosocial. Tercero, aprovechar la energía colectiva para movilizar vínculos solidarios concretos —redes de apoyo vecinal, brigadas culturales en zonas afectadas, campañas de prevención— que traduzcan el orgullo en acción social.
En suma, las fiestas patrias pueden y deben ser fuente de gratitud y alegría compartida: son necesarias. Pero su poder simbólico será más sano y profundo si se acompaña de verdad histórica y responsabilidad colectiva. Celebrar sin mirar las heridas es perpetuar la ilusión; celebrar reconociéndolas es construir una nación que cuida a sus habitantes y que convierte la memoria en motor de cambio. Si la unión emocional que generan nuestros himnos y colores se traduce en diálogos reales sobre seguridad, justicia y apoyo comunitario, entonces la psicología de la celebración habrá cumplido su mejor propósito: no sólo hacernos sentir parte de algo, sino ayudarnos a proteger lo que celebramos, porque claro está: “Piensa patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio”
** Además de 10 años de experiencia como comunicólogo, ejerciendo el periodismo. Alex Barrera es también psicólogo por la UNAM con profundización en desarrollo.
Actualmente brinda terapia clínica con enfoque Biopsicosocial.
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Opinión
HISTÓRICO GRITO DE INDEPENDENCIA: CLAUDIA SHEINBAUM SE CONVIERTE EN LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA EN ENCABEZAR LA CEREMONIA EN PALACIO NACIONAL

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2025.— En una noche cargada de simbolismo y emoción, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó por primera vez el Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, marcando un hito en la historia política de México como la primera mujer en ocupar este cargo y liderar esta ceremonia emblemática.
A las 11:00 p.m., ante miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino, Sheinbaum pronunció con firmeza los nombres de los héroes patrios y concluyó con un enérgico “¡Viva México!”, seguido por el repique de campanas y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de la capital.
La ceremonia estuvo acompañada por un despliegue cultural que incluyó música tradicional, danzas regionales y una destacada presencia de mujeres en los actos protocolarios, reflejando el compromiso de la nueva administración con la inclusión y la equidad.
Este Grito no solo conmemora la lucha por la independencia, sino que también representa un avance significativo en la participación política de las mujeres en México. Diversos sectores sociales han celebrado el momento como un símbolo de transformación y esperanza para las futuras generaciones.
La presidenta Sheinbaum reafirmó su compromiso con la justicia social, la paz y el fortalecimiento de la democracia, en un mensaje que resonó más allá de las fronteras nacionales.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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