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La reforma constitucional de la propiedad privada parte 1.

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Por. Hugo Alday Nieto
El pasado 2 de septiembre se publicó la reforma constitucional al artículo 3ro numeral 2 inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México, quedando de la siguiente manera: “Artículo 2. La Ciudad de México asume como principios: a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;”

En estricto sentido, y como critica personal la reforma resulta redundante a todas luces, ya que, si uno de los principios rectores es el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el volver a señalarlo en los últimos renglones, está de más. Máxime si hablamos de una redacción de la Constitución de la Ciudad de México, que en teoría debería ser punta de lanza en modelo de redacción legislativa.

Sin embargo, y más allá de redacciones redundantes, se han suscitado una serie de opiniones y comentarios que consideran que esta reforma atenta contra la propiedad privada, lo que parece por demás absurdo luego de que el primer párrafo del artículo 27 de la Constitución General de la República expresamente señala desde el 5 de febrero de 1917 que: “Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.

Por ello, y tomando en consideración que somos una república constituida mediante un pacto federal que nos constriñe a sujetarnos primeramente a esa Constitución Política a la que no pueden contravenir las constituciones locales, es decir, es la Ley Suprema de conformidad con el artículo 133 de esa misma carta magna. Por lo que parte del control constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos daría la pauta para determinar que es que sería jurídicamente inadmisible, imposible e inconstitucional que la Ciudad de México eliminase la propiedad privada.

Desde tiempos remotos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado claro que el interés público se encuentra sobre el interés particular, lo que va de la mano con el párrafo primero del artículo 27 que, como ya mencionamos, no ha sufrido modificación alguna desde la promulgación de la Constitución en 1917.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte con número 2a. LV/2019 (10a.) de fecha 13 de septiembre de 2019, bajo el rubro “ASIGNACIÓN DE PARCELAS EN BOSQUES O SELVAS TROPICALES. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY AGRARIA, QUE ESTABLECE QUE SERÁ NULA DE PLENO DERECHO, NO VIOLA EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA”, derivada de 5 amparos en donde los ponentes son ni más ni menos que los satanizados ministros de morena como lo son Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, se recogen importantes razonamientos sobre la propiedad social, que es definida por los ministros de la siguiente forma:

“Tratándose del derecho de propiedad, es la Constitución Federal la que establece su función social como limitación, al disponer en el artículo 27 que el Estado puede imponer modalidades a la propiedad por causas de interés público. En efecto, por una parte, si bien en la fracción VII reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población y protege su propiedad sobre la tierra, también establece expresamente que será la ley la que fije los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela, de ahí que sea necesario acudir a lo previsto en la Ley Agraria para consultar los aspectos relativos a la delimitación y destino de las tierras ejidales. Por otra parte, en el párrafo tercero, la norma constitucional invocada impone modalidades a la propiedad privada que dicte el interés público y el interés de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, para lo cual se deberán dictar medidas encaminadas a ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”. Sin duda, esta jurisprudencia que no tiene desperdicio alguno sustenta en su totalidad la reforma planteada en la Ciudad de México. Claro está, con excepción de las redundantes adiciones finales.

Ahora bien, lo interesante después de esta reforma es el “cómo”, y ese se deberá de definir con claridad en las normas secundarias de la Ciudad de México y en las reformas a la Ley Agraria y Ley de Asentamientos Humanos, a fin de que se puedan llevar a cabo las regularizaciones de grandes extensiones de ejidos que ya fueron explotados como zonas habitacionales y que hasta hoy, no cuentan con esquemas de movilidad, servicios públicos municipales ni estatales, y que constituyen focos rojos para la contaminación del agua, del medio ambiente y de seguridad, sobre todo para ecosistemas tan delicados como los de Quintana Roo.

El primer paso en la Ley Agraria se dio con la reforma al artículo 17 y la fracción III del artículo 18, en materia de sucesión de derechos para las hijas de titulares en núcleos agrarios, que si bien es cierto, es discriminatoria de los hijos de sexo masculino, ya es un avance para poder continuar con los esquemas de regularización de tierras de forma legal, ya que hasta hoy en Quintana Roo el aprovechamiento de estas lagunas jurídicas se ha convertido en uno de los esquemas de negocio ilícito más graves.

Por ello, creo que la reforma constitucional es lo de menos, donde deberemos ser cuidadosos en los que nos compete como Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos en Quintana Roo, para lograr un avance sustancial en el progreso territorial del Estado. De no ser así, los ejidos y la vida seguirán, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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¿FRENARÁ GUERRA SUCIA VISITA DE SHEINBAUM?

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“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• Los municipios verdes están vigilados; ¿entenderán el mensaje de la presidenta?

Independientemente de atender el problema del sargazo, la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Quintana Roo impactó de inmediato en el tono formal del adelantado proceso electoral, que está abiertamente disputado por dos proyectos políticos:

Uno representado por Eugenio Segura, identificado con el grupo verde de Jorge Emilio González, quien en el Caribe decidió jugar vistiendo de guinda a sus buenos muchachos y muchachas verdes; el otro, representado por Rafael Marín con la bandera “recuperemos el movimiento”.

Todavía estaba en Quintana Roo la presidenta, cuando ambos grupos mostraron desde Felipe Carrillo Puerto “unidad” forzada, que ya veremos si la mantienen o seguirán con la guerra sucia que viene desgastando a la 4T. Más que en otros estados el enemigo está en casa.

Hasta ahora, han apostado a estirar la liga hasta que reviente, a sabiendas de que la oposición no representa peligro, salvo en contados estados como el vecino Campeche, donde Movimiento Ciudadano mantiene altas posibilidades de ganarle al morenismo, ya que Layda Sansores parece ver la tormenta y no se hinca.

Tanto en lo político como en lo financiero, el mensaje de la presencia de Claudia Sheinbaum fue “están siendo vigilados”, sin embargo, en los próximos días veremos si realmente el mensaje fue captado o si ya es demasiado tarde y los verdes seguirán de frente.

LAS TESORERÍAS VERDES

El mensaje financiero también fue contundente. Las rapiñas se conocen y están siendo documentadas, como son los casos de los tesoreros de Tulum y Playa del Carmen que salieron por la puerta trasera y las extorsiones de Cofepris contra empresas en Tulum.

Ha quedado en evidencia la rapiña del grupo verde en Tulum y en Playa del Carmen.

En Playa, Estefanía Mercado ya anunció nueva deuda por más de 150 millones de pesos y el colmo: en Tulum llegaron a clausurar las taquillas de la empresa de Sedena, de manera similar a como lo venían denunciando los empresarios, como vía de extorsión desde el gobierno.

¿De qué dimensión son las mensualidades cada vez más altas que exige Jorge Emilio a “sus” municipios?, además, los alcaldes también jalan para sí mismos, por lo que no hay tesorería que aguante, por eso tienen que recurrir a las extorsiones, deudas y despojos, en esa carrera desbocada de saqueo del verde en el motor turístico de México.

HEYDEN, OTRO VERDE DESBOCADO
Por su parte, Heyden Cebada en el área judicial, hace y deshace con la constitución federal y la estatal, mediante iniciativas que llegan a las cuatro de la tarde y son aprobadas a las siete de la noche del mismo día, sin leerlas ni moverle una coma.

Ya son once leyes aprobadas por las 17ª y 18ª legislaturas, que han sido objeto de controversia constitucional por la Oficina de la Presidencia y la CNDH, mismas que han sido ganadas, sin embargo, hacen como que corrigen, pero en realidad no lo hacen. ¿Creerá Heyden y Jorge Emilio que la impunidad es para siempre?

Regresando al Tulum de Diego Castañón –el gran ausente de la gira presidencial–, el gobierno federal había hecho oídos sordos a sus extorsiones contra las empresas, hasta que el alcalde verde se atrevió a clausurar la taquilla de la empresa de la Sedena. Sólo así la federación ha decidido actuar.

Veremos si termina la guerra sucia y el curso que toma el proceso electoral en Quintana Roo después de la visita presidencial; las ambiciones verdes ya perdieron piso y parecen no inmutarse, ¿habrán entendido el mensaje? Usted tiene la palabra.
ooOoo

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EN LA OPINIÓN DE:

EL TREN-DING DEL CÁNCER

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“EN LA OPINION DE”
Dr. Hugo Alday Nieto

Los efectos más comunes de la pomalidomida al administrarse con el talquetamab como tratamiento contra el mieloma múltiple (tipo de cáncer) son diversos. Entre ellos los más comunes son: mareos, pérdida de equilibrio, afectaciones a la vista, neuropatías, pérdida de uñas, dientes, cabello y reacciones cutáneas de todo tipo.
Aprovechando la estancia en reposo derivada de ese tratamiento y la poca calidad vista de la que puedo gozar en algunos momentos para leer, me di a la tarea de buscar datos trascendentales a mi parecer, para encontrar áreas de oportunidad en algunos temas de la administración pública para el futuro.
Son pocas las comparaciones que pueden ser tan reveladoras como la que existe entre la inversión pública destinada a combatir los diversos los tipos de cáncer y la inversión asignada al Tren Maya. En ambos casos, se trata de inversión pública pero cada una lo hace desde un ángulo distinto: una desde la infraestructura y el derecho humano a la la movilidad. La otra desde el principio de la dignidad humana y el derecho a la salud y, por ende, a la vida.
En este sentido, en el año 2025, el gobierno mexicano destinó poco más de 17,0000 millones de pesos a la lucha contra el cáncer. De los cuales 9,086 millones de pesos se invirtieron a través a del IMSS (para a la atención de cáncer de mama, próstata y cérvicouterino) y 8,000 millones de pesos en el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama (que incluye la adquisición de mil mastógrafos, mil ultrasonidos, veinte centros de diagnóstico y treinta y dos unidades hospitalarias especializadas).
Sin duda estamos en presencia de una inversión relevante, pero aún modesta cuando las cifras oficiales arrojan cerca de 200 mil diagnósticos de cáncer al año y 100 mil decesos en ese mismo periodo. Es decir que, sin considerar a los pacientes históricos que estamos en tratamiento, en México sobrevive anualmente solo 50% de los casos diagnosticados con algún tipo de cáncer. Son datos oficiales.
El reclamo en particular sobreviene cuando analizamos los datos de inversión del Tren Maya, cuya inversión tan solo en 2025 ronda los 35,000 millones de pesos, cifra que supera en más de dos veces la inversión total anual contra el cáncer. Y desde mi perspectiva la diferencia es contundente y hasta obscena.
El cáncer es una amenaza permanente, creciente y de relevancia nacional. Su impacto es transversal: afecta la productividad, la estabilidad emocional de cientos de miles de familias y la capacidad del sistema de salud para responder a enfermedades de alta complejidad. La inversión en su prevención y tratamiento no es solo un gasto: es una obligación moral y constitucional. En cambio, el Tren Maya, aunque estratégico, tiene un impacto regional y depende de factores externos como el turismo, la conectividad y la sostenibilidad operativa.
Esta comparación, si bien parte de una situación personal que reconozco no busca descalificar el proyecto ferroviario, sino evidenciar un desequilibrio en la manera en que algunas autoridades han valorado ambos temas económicamente. México hoy invierte más en una infraestructura específica regional que en combatir una de las principales causas de muerte de sus ciudadanos.
Cualquier persona, con dos dedos de frente, puede percatarse de que las áreas de oportunidad son evidentes. Un país que aspira a crecer de manera equilibrada necesita trenes, carreteras y conectividad, pero también hospitales, oncólogos, hematólogos, medicamentos, procesos como las CART Cell y programas variados de prevención. Porque un país que invierte en infraestructura avanza, pero un país que invierte en su salud prospera. De no ser así, pues la salud seguirá como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

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