Opinión
La reforma constitucional de la propiedad privada parte 1.

Por. Hugo Alday Nieto
El pasado 2 de septiembre se publicó la reforma constitucional al artículo 3ro numeral 2 inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México, quedando de la siguiente manera: “Artículo 2. La Ciudad de México asume como principios: a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;”
En estricto sentido, y como critica personal la reforma resulta redundante a todas luces, ya que, si uno de los principios rectores es el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el volver a señalarlo en los últimos renglones, está de más. Máxime si hablamos de una redacción de la Constitución de la Ciudad de México, que en teoría debería ser punta de lanza en modelo de redacción legislativa.
Sin embargo, y más allá de redacciones redundantes, se han suscitado una serie de opiniones y comentarios que consideran que esta reforma atenta contra la propiedad privada, lo que parece por demás absurdo luego de que el primer párrafo del artículo 27 de la Constitución General de la República expresamente señala desde el 5 de febrero de 1917 que: “Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
Por ello, y tomando en consideración que somos una república constituida mediante un pacto federal que nos constriñe a sujetarnos primeramente a esa Constitución Política a la que no pueden contravenir las constituciones locales, es decir, es la Ley Suprema de conformidad con el artículo 133 de esa misma carta magna. Por lo que parte del control constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos daría la pauta para determinar que es que sería jurídicamente inadmisible, imposible e inconstitucional que la Ciudad de México eliminase la propiedad privada.
Desde tiempos remotos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado claro que el interés público se encuentra sobre el interés particular, lo que va de la mano con el párrafo primero del artículo 27 que, como ya mencionamos, no ha sufrido modificación alguna desde la promulgación de la Constitución en 1917.
Cabe señalar que, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte con número 2a. LV/2019 (10a.) de fecha 13 de septiembre de 2019, bajo el rubro “ASIGNACIÓN DE PARCELAS EN BOSQUES O SELVAS TROPICALES. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY AGRARIA, QUE ESTABLECE QUE SERÁ NULA DE PLENO DERECHO, NO VIOLA EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA”, derivada de 5 amparos en donde los ponentes son ni más ni menos que los satanizados ministros de morena como lo son Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, se recogen importantes razonamientos sobre la propiedad social, que es definida por los ministros de la siguiente forma:
“Tratándose del derecho de propiedad, es la Constitución Federal la que establece su función social como limitación, al disponer en el artículo 27 que el Estado puede imponer modalidades a la propiedad por causas de interés público. En efecto, por una parte, si bien en la fracción VII reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población y protege su propiedad sobre la tierra, también establece expresamente que será la ley la que fije los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela, de ahí que sea necesario acudir a lo previsto en la Ley Agraria para consultar los aspectos relativos a la delimitación y destino de las tierras ejidales. Por otra parte, en el párrafo tercero, la norma constitucional invocada impone modalidades a la propiedad privada que dicte el interés público y el interés de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, para lo cual se deberán dictar medidas encaminadas a ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”. Sin duda, esta jurisprudencia que no tiene desperdicio alguno sustenta en su totalidad la reforma planteada en la Ciudad de México. Claro está, con excepción de las redundantes adiciones finales.
Ahora bien, lo interesante después de esta reforma es el “cómo”, y ese se deberá de definir con claridad en las normas secundarias de la Ciudad de México y en las reformas a la Ley Agraria y Ley de Asentamientos Humanos, a fin de que se puedan llevar a cabo las regularizaciones de grandes extensiones de ejidos que ya fueron explotados como zonas habitacionales y que hasta hoy, no cuentan con esquemas de movilidad, servicios públicos municipales ni estatales, y que constituyen focos rojos para la contaminación del agua, del medio ambiente y de seguridad, sobre todo para ecosistemas tan delicados como los de Quintana Roo.
El primer paso en la Ley Agraria se dio con la reforma al artículo 17 y la fracción III del artículo 18, en materia de sucesión de derechos para las hijas de titulares en núcleos agrarios, que si bien es cierto, es discriminatoria de los hijos de sexo masculino, ya es un avance para poder continuar con los esquemas de regularización de tierras de forma legal, ya que hasta hoy en Quintana Roo el aprovechamiento de estas lagunas jurídicas se ha convertido en uno de los esquemas de negocio ilícito más graves.
Por ello, creo que la reforma constitucional es lo de menos, donde deberemos ser cuidadosos en los que nos compete como Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos en Quintana Roo, para lograr un avance sustancial en el progreso territorial del Estado. De no ser así, los ejidos y la vida seguirán, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

COLUMNA DEL DIRECTOR:
VISIÓN PERIFÉRICA

A 2000 años, Francisco Simbra al catolicismo con nueva visión
Por Cliserio Eleazar Cedillo Godínez*
Mañana será sepultado el Papa Francisco y es notable la diferencia entre la muerte del papa Juan Pablo II y él con respecto al número de asistentes comunes a su sepelio. Aunque asisten 120 jefes de estado y 20 reyes, según informes, no se ven las multitudes de millones esperadas por los grandes medios de comunicación del mundo. Pero si hay una gran diferencia, la diversidad sexual asiste a través de millas de representantes que solo lamentan que el matrimonio entre entes del mismo sexo siga siendo un pecado.
De igual forma, Francisco, aunque reticente al principio, finalmente reconoció públicamente la existencia de abusos sexuales en la iglesia, aunque ya era bien conocido este pesado lastre arrastrado desde hace cientos de años, sobre todo en las oscuras épocas del catolicismo, como en la Santa Inquisición. Sin embargo, no se ha hecho mucho para castigar con severidad a los párrocos abusivos, lo mismo que a los obispos que lo han permitido.
Para Francisco este tema no fue fácil, pues se negaba a creer que un obispo, el chileno Juan Barros, hubiera encubierto a un conocido abusador, desestimando las acusaciones como una calumnia. Ante la inconformidad de los creyentes por este hecho se vio obligado a ordenar una investigación para, posteriormente, ofrecer una disculpa pública, al admitir ante los sobrevivientes que él también era “parte del problema”.
Entonces el Papa Francisco se lanzó a fondo hasta tomar la drástica decisión, en el 2018, de ordenar la renuncia de todos los obispos de Chile, reemplazando a una gran parte de la jerarquía. Uno de los sobrevivientes de abusos, Juan Carlos Cruz, declaró en 2024: “Los que me frustra es que la gente de la curia (la administración central de la Iglesia) y los obispos de todo el mundo no estén de acuerdo. Lo que me enfurece es que los sobrevivientes caminen por este mundo sin justicia… Es como alguien con cáncer y nadie hace nada”. Es por ello que, tras la muerte de Francisco, la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) pide a quien lo suceda que instituya una “ley de tolerancia cero” para el abuso sexual.
Y es que ese tema es un gran cáncer de la iglesia que desde hace cientos de años no ha podido ser erradicado, aunque se debe reconocer que el papa Francisco dio un gran paso. El otro tema que consideramos debe ser destacado como parte de los hechos trascendentes del recién difunto, es su postura más inclusiva y compasiva hacia la diversidad sexual, en comparación con sus predecesores.
Francisco llegó a afirmar que la homosexualidad no es un delito y que las personas homosexuales tienen derecho a una vida digna, con familia ya ser tratadas con respeto. No obstante, pese a las declaraciones de este Papa, la Iglesia Católica en general mantiene que los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”. Sin embargo, Francisco sostenía repetidamente que ser homosexual no es un delito y criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad.
También decía que las personas homosexuales tienen derecho a una vida digna, con familia ya ser tratadas con respeto. Con esa postura papal, en 2019, el Vaticano autorizó por primera vez la bendición de parejas homosexuales, aunque aclaró que eso no se debería confundir con el matrimonio.
Es cierto, con respecto a este tema, el Papa Francisco fue más inclusivo que sus predecesores, pero la lucha de grupos, sobre todo los tradicionalistas, dentro de la Iglesia Católica siguen manteniendo una postura más radical sobre la sexualidad y el matrimonio. Sin embargo, hay que reconocer que Francisco cimbró al catolicismo con una nueva visión, sin duda.
*Periodista con 49 años de experiencia; Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024; director general del 5to Poder Periodismo ConSentido .
*Periodista con 49 años de experiencia; Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024; director general de 5to Poder Periodismo ConSentido.
Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.
Opinión
¿PODRÁN SACAR CHATARRA DE ESCUELAS?

“La Última Palabra”
En los sexenios de Calderón y Peña Nieto lo intentaron, pero ConMexico se opuso y les ganó la batalla. ConMéxico es el rostro de las corporaciones de alimentos ultraprocesados que ha bloqueado repetidamente las políticas públicas para sacar de las escuelas los productos con etiquetas de advertencia para prevenir la pandemia de sobre peso, obesidad y diabetes que afecta a una de cada seis personas en México y que uno de cada dos niños y niñas va a desarrollar diabetes.
Ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum buscaron a esos mismos empresarios para supuestamente convertirlos en aliados, para erradicar los alimentos “chatarra” de las escuelas. ¿Podrán ahora sí?
La reunión que sostuvo el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo con los empresarios que producen precisamente esa comida “chatarra” causó natural escozor debido a que ellos producen los ultraprocesados que se venden en las tiendas escolares, mismos que deberán desaparecer a partir del próximo mes de mayo, de acuerdo a las reformas constitucionales y a las leyes de educación y salud, principalmente.
Se trata de las empresas Bimbo, Cocacola, PepsiCo, Oxxo , Nestlé, Kelloggs, Femsa, Unilever, Barcel, que han promovido amparos y campañas contra los intentos anteriores, alegando que van contra el libre comercio y que eran anti constitucionales.
Ahora Mario Delgado firma un acuerdo con este conglomerado, mediante el cual las empresas que lo conforman aportarán a las escuelas basculas, materiales para promover la activación física y compartir información de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en las escuelas.
El motivo que detonó la inconformidad es que Mario Delgado se percibe públicamente como una persona no confiable y se sospecha que ese acuerdo con las mega empresas tiene otros fines ocultos, ya que no se puede explicar que las empresas “chatarreras” apoyen acciones que van contra sus propios intereses, cuan do en anteriores ocasiones han cabildeado y lanzado campañas mediáticas que impidieron en el pasado implementar estas acciones que ahora se denominan bajo la estrategia “Vive saludable. Vive feliz”.
Ante la andanada que recibió Mario Delgado tuvo que responde el pasado domingo que “no habrá ningún paso atrás porque la ley no se negocia”.
Informó que ya se ha capacitado a un millón de personas en las escuelas sobre qué sí y que no se puede vender en las tiendas escolares e incluso dio a conocer el portal www.vidasaludable.gob.mx, donde se comparte información al respecto.
Sin embargo, con Mario Delgado al frente el problema es la desconfianza que existe sobre este tenebroso personaje que dejó un mal sabor de boca como presidente de Morena, a pesar de los buenos resultados electorales del 2024, mismo que se adjudican a la fuerza del obradorismo y no por, mejor dicho a pesar de, Mario Delgado. Son meses cruciales para este tercer intento de implementar una estrategia verdadera para enfrentar la epidemia de salud más grave en la historia moderna de México. Usted tiene la última palabra.
Por: Jorge A. Martínez Lugo
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