CIUDAD DE MÉXICO, 1 DE ENERO DE 2020.- La llegada del 2020 traerá consigo cambios legales en el ámbito económico, político y social que marcarán diferencias sustanciales en las políticas públicas del país.

Una de las más mencionadas es la entrada en vigor desde el 1 de enero de 2020 de la reforma fiscal penal, aprobada en el Congreso de la Unión en octubre pasado, la cual endurece sanciones e incorpora la prisión preventiva oficiosa contra delitos como la defraudación fiscal, la facturación falsa y la creación de empresas fantasmas, a los cuales los equipara con delincuencia organizada.

La reforma fiscal penal modificó artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.

Defraudadores fiscales irán a prisión a partir del 1 de enero
​Al aprobar la reforma, los legisladores federales expusieron que el negocio de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, que equivale a 5 por ciento de los ingresos del gobierno federal, mientras que la pérdida de ingresos a las arcas públicas alcanza los 1.6 billones de pesos que, del 2014 al 2019, no se han recaudado.

Las sanciones por estos delitos serán de dos a nueve años de prisión, pero según la Procuraduría Fiscal, en lo relacionado con los actos de defraudación fiscal, sólo se harán efectivas las sanciones de prisión a quienes evadan contribuciones superiores a aproximadamente 7.8 millones de pesos.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2020, entrará en vigor la posibilidad de que los establecimientos mercantiles a los que se le pague con tarjetas de crédito y de débito puedan emitir la factura correspondiente de manera automática, la cual es una facilidad que la autoridad fiscal otorga al contribuyente, pero que fue interpretada por algunos como una manera de poner una lupa más rigurosa a la fiscalización de los ciudadanos.

De acuerdo con la entonces jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, en noviembre pasado, cuando se presentó el acuerdo entre el SAT y la Asociación de Bancos de México (ABM), la implementación será paulatina, pues requerirá que los bancos incorporen al chip de la tarjeta los datos del RFC del contribuyente, e iniciaría en establecimientos como farmacias, gasolineras, papelerías y restaurantes.

También a partir de este 1 de enero, el salario mínimo se incrementará en un 16 por ciento, al pasar de 88.36 pesos a 102.68 pesos, mientras que en la frontera norte será de 176.72 pesos; el anuncio fue hecho el pasado 17 de diciembre en Palacio Nacional, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar la Nueva Política de Salarios Mínimos. 

Desde hoy también se incrementará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a gasolinas, cigarros y bebidas saborizadas, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las nuevas tarifas de este gravamen, sin que signifique un aumento, sino solo una “actualización”.

Estas nuevas tarifas implican que para quienes consuman gasolina Premium, el IEPS será de 4.18 pesos por litro; la nueva cuota del IEPS para diesel será de 5.44 pesos por litro.

¿La gasolina va a subir de precio en 2020?
La nueva cuota par cigarros es de 0.4944 pesos por cigarro y la cuota por litro de bebidas saborizadas será de 1.2616 pesos.

En materia política, el 1 de enero de 2020 entrarán en vigor los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses, conocidas como 3de3, que fueron aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con los que se amplía la información que deben proporcionar todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno de todo el país sobre sus propiedades y las relaciones personales y sociales, de sus familiares, cónyuges, concubinos y convivientes.

Estas modificaciones en los formatos buscan extender el espectro de datos que los funcionarios públicos proporcionan a las controlarías locales, y a la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, para prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito y los conflictos de interés.

En materia social, destaca el inicio de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuya creación fue aprobada entre octubre y noviembre en el Congreso de la Unión, el cual sustituirá al Seguro Popular para brindar atención médica a todos los ciudadanos que no tengan seguridad social, sin necesidad de afiliarse ni pagar cuotas.

Aunque la medida no entrará en vigor el 1 de enero, pero sí en los primeros meses del 2020, el etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas será una realidad este año, luego de que se aprobaron modificaciones a la Ley General de Salud para combatir la obesidad y el sobrepeso.

Estas nuevas etiquetas deberán “incluir información nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible“ y la Secretaría de Salud podrá ordenar “la inclusión de leyendas o pictogramas” en los productos alimenticios, cuando lo considere necesario.

Cambios a nivel local
A nivel local, desde el 1 de enero, también habrá modificaciones relevantes, como el inicio de la prohibición del uso de bolsas de plástico en establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, que ahora se sancionará con multas de hasta 168 mil pesos.

Además de la capital, esta disposición también se comenzará a aplicar en Tabasco, en donde las reformas a la Ley de Protección Ambiental y para la Gestión Integral de Residuos, también prohíben regalar popotes y platos de unicel, y Nuevo León.

En la Ciudad de México, también comenzará a funcionar una tarjeta única, la Tarjeta de Movilidad Integrada, para el pago de todas las modalidades de transporte público en la capital, mientras que en el Estado de México, se incrementará el costo del pasaje en dos pesos, para pasar de siete a nueve pesos, en los sistemas de transporte público Mexibús y Mexicable, y de 10 a 12 pesos mínimo, en micros, combos y camiones.