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Internacional

Anuncian deportación de salvadoreños desde EE.UU., familias denuncian atropello a derechos humanos

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Agencia.-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes el envío de 17 migrantes a El Salvador, a quienes ha acusado de ser delincuentes integrantes de pandillas. La operación se realizó la noche del domingo, a pesar de los bloqueos judiciales que han seguido a las anteriores deportaciones de venezolanos al país centroamericano sin una orden judicial. “Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el Ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluidos asesinos y violadores”, manifestó Rubio en un comunicado.

El anuncio se produce después de que dos fallos judiciales prohibieran las deportaciones exprés basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII y solo se ha aplicado en situaciones de guerra. La última vez que se usó fue durante la Segunda Guerra Mundial. La norma, rescatada ahora por la administración de Donald Trump, permite las expulsiones sin que haya una orden judicial.

Un tribunal de apelaciones de Washington DC mantuvo la semana pasada la prohibición provisional de usar esta ley, después de que un juez de distrito la paralizara el 15 de marzo. El magistrado del Distrito Federal James Boasberg respondía a una demanda presentada por la organización de defensa de las libertades civiles ACLU en contra del envío de más de 200 venezolanos a El Salvador sin haber una orden judicial que lo justificara.

El juez ordenó el regreso del vuelo con los detenidos, pero las autoridades no hicieron caso y el avión aterrizó en El Salvador, por lo que el Gobierno de Donald Trump recibió duras críticas de parte del magistrado. En desacuerdo con las decisiones de ambos tribunales, la Administración republicana pidió el viernes al Tribunal Supremo el levantamiento de las prohibiciones, aunque aún no ha tenido respuesta.

Las imágenes que se distribuyeron de los migrantes esposados entrando en el avión y a quienes se les afeitó la cabeza para ingresar en la cárcel de alta seguridad Cecot (Centro de Confinamiento para el Terrorismo) desataron fuertes críticas en todo el mundo por la violación de los derechos de los detenidos, a quienes se dejó incomunicados y sin contar con la presencia de un abogado. Tampoco se avisó a los familiares, por lo que muchos conocieron el destino de los suyos a través de las imágenes en los medios de comunicación.

El Gobierno de Trump ha justificado que los venezolanos enviados pertenecen a la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada como organización terrorista por el republicano, aunque no se han dado muestras de ello y ha llegado a reconocer que algunos no tenían antecedentes. Familiares de los detenidos han denunciado que solo se les ha enviado por sus tatuajes, que el Gobierno estadounidense identifica como señas de pertenencia a las pandillas.

También el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hizo declaraciones sobre la llegada de los deportados este lunes. En una publicación en X dijo que los deportados eran “asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluyendo seis violadores de menores”. “Esta operación es un nuevo paso en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, agregó. El mandatario salvadoreño publicó también un vídeo con la llegada de los detenidos. Una lista de 16 deportados publicada por un reportero de Fox News y confirmada por la Casa Blanca mostraba 12 personas con antecedentes penales, un pandillero confeso y tres que enfrentaban cargos, según la agencia Reuters.

El traslado de venezolanos a El Salvador se produce días después de que se hayan retomado los vuelos de deportación a Venezuela, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Nicolás Maduro y Washington. Este mismo domingo aterrizó en Caracas un avión con 175 migrantes venezolanos.

Fuente: El País

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Internacional

REACCIONES INTERNACIONALES ANTE EL JUICIO A MADURO SACUDEN EL TABLERO GEOPOLÍTICO

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La apertura del juicio internacional contra Nicolás Maduro ha desencadenado una ola de reacciones diplomáticas, políticas y mediáticas en distintas regiones del mundo, evidenciando el profundo impacto que este proceso tiene sobre el equilibrio geopolítico y las relaciones multilaterales. Mientras organismos internacionales destacan la relevancia histórica del caso, gobiernos aliados y críticos del mandatario venezolano han emitido posturas que reflejan tensiones acumuladas durante más de una década.

En Europa, varias cancillerías han subrayado la importancia de que el proceso judicial avance con independencia, transparencia y apego al derecho internacional. Diversos gobiernos europeos consideran que el juicio podría marcar un precedente significativo en materia de responsabilidad estatal y derechos humanos. Analistas del continente señalan que la Unión Europea observa el caso con especial atención, dado su papel en los últimos años como mediador en las negociaciones políticas venezolanas.

En América Latina, las reacciones han sido particularmente intensas. Países que han mantenido una postura crítica hacia el gobierno venezolano han respaldado la apertura del juicio, argumentando que representa una oportunidad para esclarecer denuncias históricas y fortalecer la institucionalidad regional. Por otro lado, naciones que han sido aliadas políticas de Caracas han manifestado preocupación por lo que consideran una posible “instrumentalización judicial” con implicaciones geopolíticas. Esta división vuelve a poner en evidencia la fragmentación ideológica del continente.

Estados Unidos, por su parte, ha reiterado que seguirá de cerca el proceso y ha insistido en la necesidad de que se garantice justicia para las víctimas. Voceros estadounidenses han señalado que el juicio podría influir en futuras decisiones diplomáticas y económicas relacionadas con Venezuela.

En organismos multilaterales, la discusión también ha escalado. Expertos en derecho internacional han destacado que el caso podría redefinir los límites de la jurisdicción internacional en situaciones donde se alegan violaciones sistemáticas. Asimismo, organizaciones de derechos humanos han celebrado el avance del proceso, considerándolo un paso clave para la rendición de cuentas.

Mientras tanto, en Venezuela, el juicio ha generado reacciones encontradas. Sectores opositores lo ven como un avance hacia la justicia internacional, mientras que el oficialismo lo denuncia como un ataque político. La población, en medio de la incertidumbre, observa con atención un proceso que podría tener repercusiones directas en el futuro político y económico del país.

El juicio a Maduro no solo se desarrolla en tribunales, sino también en el escenario global, donde cada declaración, postura y análisis refleja la complejidad de un caso que trasciende fronteras y redefine alianzas.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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Internacional

NICOLÁS MADURO SE DECLARA INOCENTE ANTE NUEVAS ACUSACIONES INTERNACIONALES

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En un mensaje que ha generado reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y diplomáticos, el presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró inocente frente a las recientes acusaciones internacionales que lo señalan por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción dentro de su administración. La declaración, emitida durante una transmisión oficial desde Caracas, fue presentada como una respuesta directa a los señalamientos de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros que han intensificado su presión en las últimas semanas.

Maduro afirmó que las acusaciones forman parte de lo que describió como “una campaña sistemática de desestabilización” en su contra, impulsada —según él— por intereses externos que buscan interferir en la soberanía venezolana. “No he cometido ningún delito. Soy inocente y víctima de una persecución política internacional”, expresó con firmeza, asegurando que su gobierno ha actuado “en estricto apego a la ley y a la defensa del pueblo”.

La declaración ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática. Diversos informes internacionales han documentado denuncias de represión, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. Aunque el gobierno venezolano ha rechazado reiteradamente estos reportes, la presión internacional ha aumentado, especialmente tras nuevas investigaciones que apuntan a altos funcionarios del Estado.

Analistas políticos señalan que la postura de Maduro busca reforzar su legitimidad interna y proyectar una imagen de estabilidad frente a la comunidad internacional. Sin embargo, opositores venezolanos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la veracidad de sus afirmaciones, insistiendo en que las denuncias están respaldadas por testimonios, documentos y observaciones independientes.

Mientras tanto, gobiernos de la región observan con cautela el desarrollo de los acontecimientos. Algunos han pedido una investigación imparcial, mientras otros han reiterado su apoyo al gobierno venezolano, subrayando la importancia de evitar intervenciones externas que puedan agravar la crisis política y social del país.

La declaración de inocencia de Maduro abre un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre Venezuela y la comunidad internacional. En los próximos días se espera que organismos multilaterales emitan nuevas posturas, mientras la oposición venezolana prepara pronunciamientos adicionales. El escenario político continúa en tensión, y la atención global permanece fija en Caracas.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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