Conecta con nosotros

Cancún

EN LA OPINIÓN DE: Teodoro Rentería Arróyave* / Comentario a Tiempo / Periodismo entre balazos y amenazas

Publicado

el

El distinguido y reconocido jurisperito, licenciado Ignacio Morales Lechuga, desde siempre ha sido un comprometido defensor y luchador de las libertades de prensa y expresión y por ende solidario con los periodistas en cuanto a garantizar el ejercicio de su profesión y preservar su integridad física.

Este miércoles, los medios en los que colabora, le publicaron su artículo cuyo título lo dice todo, mismo que hemos reproducido en esta entrega.

El gran amigo, entre otros cargos, ha sido procurador General de la República, embajador, rector de la Escuela Libre de Derecho y respetado notario público.

Esta es su valiosa aportación en la defensa de los periodistas de México y el mundo, misma que reproducimos integra con su amable anuencia:

’El periodismo en nuestro país se ha vuelto una profesión acosada por las amenazas, atentados y homicidios contra el periodismo, sus familias y las editoriales. El saldo negativo en este sexenio asciende a 40 periodistas asesinados. La razón es simple, la libertad incomoda a políticos, narcopolíticos y capos de la droga que dominan el poder público en varias regiones.

Hay pruebas de esta realidad en Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, entre otras.

Vamos a contraflujo de la realidad. En esta misma casa editorial –El Universal-, columnistas han sido amenazados y periodistas asesinados. El índice de impunidad es tan elevado como el resto de los crímenes.

El permanente modificó los artículos 6 y 7 de la Constitución en 2013, para fortalecer, cuando menos en la letra, la libertad de expresión, la de ser informado y la difusión de las ideas y opiniones acordes a esta libertad.

Es un derecho humano reconocido en la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, que en su artículo 19 protege la libertad de opinión, de expresión y difusión, sin limitación de fronteras.

Este derecho fundamental se repite en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la ‘Declaración Americana sobre Derechos Humanos’.

Sin embargo, la realidad en nuestro país parece ser otra; en el mes de diciembre de 2017 se publicó la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para considerar como ilícito el hecho de que alguien ‘comunique, a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien’.

Esta reforma es peligrosa y amenazante de la libertad, ya que la difusión de la verdad provoca sanciones al informador.

Si bien expertos han dicho que es una reforma inofensiva, no es tema menor en un país en que el derecho de los periodistas a ejercer su labor se ve continuamente coartado.

Un reporte de la organización Reporteros sin Fronteras, ubica a México a la par de Siria en el número de periodistas asesinados en 2017. La presión que ejercen cárteles de la droga y políticos provoca una peligrosa animadversión.

Los precandidatos han expresado reacciones adversas contra los periodistas. Ello contribuye a fomentar un clima de intolerancia contra la libertad de expresión.

Los periodistas que realizaron las investigaciones de Watergate que provocaron la renuncia de Richard Nixon, presidente de EU, hubieran sido encarcelados o demandados por aventurarse a informar que el presidente se encontraba inmerso en una trama de espionaje y corrupción, si ese caso hubiese ocurrido en México.

Julián Assange fue detenido por crear un sitio en el que divulgó información que cuestionaba distintas versiones oficiales de actos sucedidos en Irak durante la invasión estadounidense. Con toda proporción guardada ¿llegará el momento en que el Estado mexicano detenga a un periodista que divulgue información, sea falsa o verdadera, alegando motivos de Seguridad Nacional?

El caso Miroslava Breach es ejemplo de lo anterior en nuestra realidad, pues descubrió la colusión entre una organización delictiva y políticos del PAN y del PRI, lo cual le valió la muerte.

Nuestro país ha avanzado al eliminar del Código Penal los delitos contra el honor, la calumnia, la difamación y las injurias, sin embargo, nueve entidades federativas: Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Campeche, Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Sonora y Yucatán, aún los conservan en su legislación penal. No se debe gobernar con el Código Penal sino con la Constitución. La doctrina en materia de derechos humanos considera las libertades de información y de expresión como piedras angulares de una sociedad democrática y como una condición esencial para una adecuada información.

Las cuestiones públicas y políticas son del interés de todos los ciudadanos, a quienes la Constitución nos reconoce por igual el derecho a cuestionar y emitir críticas sin censura ni limitaciones, pues ello abona a la evaluación y correcto funcionamiento de una sociedad democrática. No se alientan estos derechos a base de amenazas y balazos. Requerimos construir un país democrático, con libertades y eso sólo se logra con la verdad, no con simulaciones’.

Respetados colegas y radioescuchas, les invitamos con el respeto debido, a abrevar en todo lo que vale la aportación del maestro Ignacio Morales Lechuga.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.

Compartir:
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Cancún

Santiago Nieto se integra al equipo del gobernador electo de Tamaulipas como jefe de transición

Publicado

el

Ciudad de México.- El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, se incorporó desde este martes al equipo del gobernador electo de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal.

Nieto se desempeñará como asesor legal y jefe de trasición en el proceso de entrega-recepción de aquella entidad, gobernada actualmente por el polémico Francisco García Cabeza de Vaca.

Fue la Oficina de Medios del Gobernador Electo quien dio a conocer la información, y se aclaró que el extitular de la UIF también estará al tanto de la agenda legislativa del Congreso de Tamaulipas y las acciones de inconstitucionalidad que se han promovido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Queremos que la sociedad tamaulipeca vea que este gobierno de la transformación que iniciaremos el 1 de octubre sea diferente a todos, donde la justicia, la honestidad y la verdad sea un sello que nos distinga”, precisó el gobernador electo en un comunicado, de acuerdo a Aristegui Noticias.

Recordemos que en el 2021, gracias a una investigación de Santiago Nieto, quien en ese entonces se encontraba al frente de la UIF, se desató el proceso de desafuero en contra del gobernador panista de TamaulipasFrancisco García Cabeza de Vaca, acusándolo de la posible comisión de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Compartir:
Continuar leyendo

LAS + DESTACADAS

© 2020 Todos los registros reservados. 5to Poder Periodismo ConSentido Queda prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier uso de los contenidos sin permiso previo. CONTACTO: informaqp@gmail.com