CHETUMAL.- La seguridad y la salud de las y los estudiantes de Quintana Roo es primordial y por ello el regreso a clases dependerá de la garantía de que no hay riesgo de contagios por COVID-19, consideró el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado.

El gobierno federal -recordó el diputado-, había anunciado que el próximo 1 de junio se reiniciarían las clases y no se perdería el año escolar, sin embargo, la pandemia en México está en su punto más alto de contagios por lo que, añadió, el gobierno federal tiene la obligación de hacer público el fundamento y las razones por las cuales pretende que en esa fecha reinicien las clases.

“El regreso a clases es una de la actividades más importantes a nivel nacional por la movilidad que implica. Son cientos de miles de personas las que regresarían a laborar como personal docente, estudiantes, padres de familia y personal administrativo.

El presidente de la Comisión de Educación sostuvo que las condiciones extraordinarias que vive el país precisamente está semana que se alcanza el punto más alto de contagios, no es buen indicador para señalar que, en apenas 15 días, se podría regresar a clases.

El diputado Martínez Arcila indicó que, ante esta circunstancia nunca antes vista, sería completamente injusto evaluar a las y los estudiantes con los mismos criterios que en una época de clases ordinaria, por ello, a nadie se puede reprobar y sí el Estado debe garantizar la regularización de todos.

“Hay una cosa que es muy clara: ningún estudiante puede ser reprobado este ciclo escolar ni tampoco puede condicionarse su acceso al siguiente nivel, dado que el Estado no ha podido garantizar su acceso a la educación de manera ordinaria.

Lo que sería lógico es que cada estudiante continúe su educación de manera cronológica y durante el siguiente ciclo regularizarse y actualizarse, sin tener que repetir año”, explicó.

Tal como lo han demandado los gobernadores de Acción Nacional en el país, una determinación de esa magnitud debe ser sustentada por las autoridades federales, no es a consideración de una sola persona, sino que debe de ser una valoración multidisciplinaria, dijo el legislador.