EN LA OPINIÓN DE:
LAS INCONSISTENCIAS DE LA REFORMA A LA LEY DE AMPARO: UN ANÁLISIS JURÍDICO
“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto
La reciente iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, no ha estado exenta de críticas por parte de juristas, académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y esto se debe principalmente a la desnaturalización de un juicio cuya única razón de existir es la de defender a los ciudadanos de los abusos del poder, y que, con la reforma planteada, lejos de fortalecer el juicio de amparo como instrumento de control constitucional y convencional que refuerce el control difuso en favor de los grupos minoritarios y de aquellos en estado de vulnerabilidad, la reforma plantea inconsistencias que podrían debilitar el acceso a la justicia a los que menos oportunidades tienen, y de paso, erosionar más el equilibrio entre poderes.
Restricción indebida de la suspensión del acto reclamado
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación al artículo 129 de la Ley de Amparo, que regula la suspensión del acto reclamado. Cuando se ponga en riesgo en interés social, mismo que a la fecha cuenta con 13 fracciones perfectamente delimitadas y definidas para que el juzgador no pueda ir más allá de lo que la Ley establece. Sin embargo, la reforma establece que no procederá la suspensión cuando se trate de actos relacionados con la seguridad nacional, la seguridad pública o la salud pública, sin definir con precisión estos conceptos y dejándola abierta a la interpretación de cualquier jugador que puede dejar en estado de indefensión al quejoso en un juico de amparo al no definirse con claridad estos supuestos.
Reiterando, esta ambigüedad normativa abre la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de jueces y autoridades administrativas. Como señala el constitucionalista Miguel Carbonell, “la suspensión es la garantía de que el juicio de amparo no se vuelva ilusorio; sin ella, el daño puede consumarse antes de que el juez se pronuncie”. (Carbonell, M. (2025). El amparo como garantía efectiva. Revista Jurídica UNAM).
En un ejemplo del absurdo sería aquel juicio de amparo que promuevan quejosos por el inconstitucional cobro del derecho de alumbrado público, donde la suspensión del cobro inconstitucional pudiese ser negada por parte del juzgador hasta a sentencia por considerar que se pone en riesgo la hacienda municipal, y así, sostener un daño al quejoso por la fata de definición en la norma, máxime si el juzgador no tiene experiencia en amparo.
Reducción del interés legítimo: exclusión de colectivos
La reforma también modifica el artículo 5º de la Ley de Amparo, restringiendo el concepto de “interés legítimo” a quienes acrediten una afectación directa, personal y actual. Esto excluye parte del contenido de la fracción I de dicho artículo que reconoce el derecho a comunidades, organizaciones civiles y defensores de derechos difusos, como el medio ambiente o la salud colectiva, lo que limita principalmente a aquellos grupos de personas con menos recursos para contratar en lo individual a un abogado y sostener cada uno de ellos su interés, permitiendo que los actos indebidos de las autoridades prevalezcan en detrimento de grupos minoritarios.
Juristas como Luisa Conesa han advertido que esta modificación contradice el criterio sostenido por la Suprema Corte en casos como el amparo en revisión 307/2016, donde se reconoció el interés legítimo de comunidades indígenas frente a megaproyectos. La reforma, en este sentido, representa un terrible retroceso en la democratización del acceso a la justicia.
Un ejemplo de ello, pueden ser los juicios de amparo que respaldaron el rescate de Tajamar en Cancún, o bien, aquellos que lograron rescatar el agua de pueblos originarios en el norte del país. Sin duda, esta reforma a la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, además de ser contraria al artículo 1 de la Constitución Política es totalmente convencional, si es que aún consideramos que somos parte de tratados y convenciones internacionales que recogen derechos humanos.
Falacia de composición en el diagnóstico del abuso
La argumentación jurídica desde la perspectiva legislativa se sustenta en la capacidad que se tiene para fundar y motivar las pretensiones que impulsan una norma que debe contar con diversos requisitos de estudios de derecho comparado y de un estudio constitucional para no afectar el estado de derecho, independientemente de los posibles ejercicios de legisprudencia y fronética legislativa, que sirven para sostener la juridicidad de una propuesta de reformas.
En este sentido, la exposición de motivos de la reforma se sustenta en diversos juicios de amparo contra la UIF, en cintera de las obras estratégicas como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, y varias más, como si el ejercicio del derecho fuera un elemento negativo en una sociedad. Sin embargo, como advierte el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, esta cifra no prueba abuso del juicio de amparo, sino la magnitud de los actos impugnados y la preocupación ciudadana por su legalidad, y sobre todo, la capacidad de grupos de personas para ejercer el derecho individual y colectivo, sin que una demanda de amparo represente una afrenta a un partido o a un grupo de poder, ya que desde el siglo XIX el juicio de amparo ha tenido la finalidad de combatir actos o leyes que los ciudadanos consideran que lesionan sus derechos.
Riesgo de regresión democrática
El juicio de amparo, consagrado en el artículo 103 constitucional, es una garantía individual y colectiva frente a actos arbitrarios del poder público. Debilitarlo mediante reformas regresivas contradice el principio de progresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo 1º de la Constitución, como ya hemos mencionado.
Además, al limitar la posibilidad de suspender actos administrativos, se reduce el margen de acción del Poder Judicial como contrapeso institucional. Como ha señalado el ministro en retiro José Ramón Cossío, “el amparo no es un obstáculo para el desarrollo, sino una válvula de seguridad democrática”. (Cossío, J.R. (2025). El juicio de amparo y la democracia. Nexos).
Conclusión
La reforma a la Ley de Amparo, en sus términos actuales, presenta inconsistencias jurídicas, democráticas y técnicas. Si bien es legítimo revisar y actualizar los instrumentos procesales, ello debe hacerse con base en principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, y sobre todo, escuchando a los conocedores del derecho, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de erosionar uno de los pilares del constitucionalismo mexicano y con ello, la vida seguirá como siguen las cosa que no tienen mucho sentido.
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EN LA OPINIÓN DE:
LA PARTICIPACION SOCIAL
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
A esta sociedad quintanarroense, nos falta mucha civilidad política, sensibilidad y tolerancia para poder ser adversario, no solo en una contienda para la búsqueda de una candidatura o cargo de elección popular, sino también para poder ejercer nuestro derecho de libertad de expresión.
Algunos gobernantes ejercen su poder con las vísceras y, no se quedan atrás algunos periodistas y opinólogos, que hacen de la información una mercancía que se oferta al mejor postor. Cuando existen estas condiciones, tanto los gobernantes como los periodistas se convierten en un huracán que devasta a la sociedad en su conjunto, rompe los esquemas institucionales y constitucionales, con el único objetivo de lograr su propósito: imponer su voluntad.
Estos últimos días, hemos escuchado noticias negativas de todo tipo, que no saldrían a la luz pública si no estuviésemos en la antesala del proceso electoral del 2027, donde Quintana Roo acudirá a las urnas para elegir a un Gobernador(a), cuatro diputados federales, 11 presidentes municipales y 15 diputados locales, que con la suma de los 10 plurinominales, conformarán la XIX Legislatura.
Veo, leo y escucho información contra el Gobierno del Estado, contra presidentes municipales, contra aspirantes a una candidatura, contra diputados; pero no veo que propongamos soluciones, desde nuestras respectivas trincheras, a los problemas sociales que enfrentamos todos los días los(as) quintanarroenses; esos problemas como la pérdida del valor adquisitivo, la caída drástica en la llegada de visitantes vía aérea, la falta de promoción turística, el problema de movilidad que enfrentamos día a día al tener combis que llevan hasta 30 pasajeros, cuando el cupo máximo debe ser de 16.
Ya ni hablemos de la inseguridad, donde la mayoría de la población no sabe si regresará a salvo a casa, no solo porque los del Crimen Organizado andan desatados, sino también porque existen policías y funcionarios corruptos que no cumplen con su trabajo, sino todo lo contrario. Otro de los males que tenemos, es la falta de medicamento y atención adecuada en los hospitales de las cabeceras municipales; porque mientras el Secretario de Salud está en campaña, el dengue sube como la espuma porque nos Vectores no tienen gasolina ni mucho menos líquido para realizar las fumigaciones respectivas.
En unos días regresan casi 400 mil estudiantes de nivel básico a las aulas, para su periodo escolar 26-27, hay planteles que no están en condiciones, pues su infraestructura es pésima, con unos abanicos que en lugar de refrescar el ambiente, mueve el calor de 39 grados centígrados sobre los pequeños estudiantes.
Hay problemas que resolver en Quintana Roo, los que necesitan la participación de toda la sociedad; no se trata de que el Gobierno lo haga, cuando un pueblo se organiza puede lograr grandes objetivos; no todo es campaña política, porque en estos últimos días se ha escrito, mostrado y divulgado más lo negativo de los aspirantes, que la solución a los problemas que enfrentamos día a día. Cuando la conversación política ocupa el primer sitio en lugar de la solución a los problemas sociales, cada tres o seis años estaremos padeciendo de las mismas cosas. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, ya viene el cuarto Informe de la Gobernadora Mara Lezama Espinosa, el que será entregado a la XVIII Legislatura el próximo domingo 6 de septiembre; luego, a partir del lunes 7, iniciarán los segundos informes de gobierno de los presidentes municipales; de los que ya están confirmados son los de Mary Hernández Solìs de Felipe Carrillo Puerto que es el jueves 10 de septiembre a las 10:00 de la mañana en el Teatro de la ciudad y el de Josué Navardo Mena Villanueva de Lázaro Cárdenas que será el viernes 11 de septiembre a las 13:00 horas en el domo doble de la Ciudad Deportiva.
Después de los informes, inicia la carrera por la sucesión para la gubernatura, para las 11 presidencias municipales y con menos intensidad, la de los cuatro diputados federales y los 15 locales. Al tiempo…

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Unirme al canal de WhatsAppEN LA OPINIÓN DE:
EL CANTO DE LAS SIRENAS
“EN LA OPINION DE”
Dr. Hugo Alday Nieto
En las últimas semanas hemos sido testigos de los diversos intentos por parte de grupos opositores al gobierno actual, emanado de la cuarta transformación, mediante los cuales buscan señalar errores, corrupción e incluso señalar que se trata del narcogobiernos.
Sin embargo, ninguno de esos sujetos que hoy en día se ubican no solamente fuera de la cuarta transformación, sino que los hay desde dentro, se han detenido a hacer mención de la histórica deuda de miles de millones de pesos que nos dejaron a todos los quintanarroenses las últimas cuatro administraciones estatales.
De eso curiosamente nadie habla. Pero yo sí quisiera escribir al respecto, ya que después de haber acumulado 26,000 millones de pesos en tan solo 3 administraciones priístas; el gobierno de Acción Nacional logró incrementarla en alrededor de 7,000 millones de pesos más. Repito, de eso nadie quiere hablar.
Sin embargo, en tan solo 3 años de administración, la cuarta transformación en Quintana Roo encabezada por Mara Lezama, han logrado realizar el pago de más de 5,000 millones de pesos de esa deuda histórica que aplastaba al estado de Quintana Roo para poder transformarse en una entidad con la suficiente capacidad crediticia.
A todo esto, es importante mencionar que de acuerdo con la variación anual de las actividades primarias durante el primer trimestre de 2026 publicado en el DOF, Quintana Roo creció 26.7% y ocupó el sexto lugar entre las 32 entidades federativas.
Por encima de Quintana Roo quedaron únicamente: Ciudad de México: 32.2%; Guanajuato: 31.5%; Baja California Sur: 30.8%; Querétaro: 28.3%; Nuevo León: 26.8% y Quintana Roo: 26.7%.
Quintana Roo tuvo el sexto mayor crecimiento del país en actividades primarias, recordando además de que en tan solo 3 años de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, se han logrado concretar indicaciones geográficas del pulpo maya, del chicle, de la miel, la denominación de origen del chile habanero que por vez primera cuenta con Consejo Regulador.
Ante los embates internacionales de Donald Trump que busca impulsar la operación Cóndor 2.0 generando un golpe a la economía de los estados turísticos de México, resulta relevante que en Quintana Roo se impulse con fuerza al sector primario con la pesca, ganadería y agricultura, en un estado en el que históricamente había sido imposible diversificar la economía.
Con acciones como estas, la Cuarta Transformación en Quintana Roo ha logrado acciones que ningún otro grupo político y ni un solo gobierno había conseguido. Pagar más de 5,000 millones de pesos de la deuda de los gobernadores anteriores y crecer en la diversificación de la economía. De no seguir en ese mismo rumbo, la vida seguirá como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
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