Conecta con nosotros

Internacional

ESPAÑA LEGALIZA LA EUTANASIA Y EL SUICIDIO ASISTIDO

Publicado

el

España.- El Parlamento español aprobó definitivamente este jueves 18 de marzo de 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, lo que convierte al país en uno de los pocos que permitirá a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.

Prioridad para el gobierno de izquierda, la legislación recibió la luz verde en el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor, de la izquierda, centro y regionalistas, 141 en contra, de la derecha y la extrema derecha, y dos abstenciones.

Inmediatamente después, los aplausos resonaron en la cámara baja por varios minutos.

“Hoy somos un país más humano, más justo y más libre. (…) Gracias a todas las personas que han peleado incansablemente para que el derecho a morir dignamente fuera reconocido en España“, tuitéo el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Cuando entre en vigor la ley, después de una moratoria de tres meses, España será el cuarto país europeo en permitir la muerte asistida, tras Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

En América Latina, solo Colombia la acepta, aunque no ha legislado al respecto.

La ley española autoriza la eutanasia (el personal médico administra la sustancia mortal) y el suicidio asistido (la persona se encarga de tomar la dosis prescrita).

La norma prevé que toda persona con “enfermedad grave e incurable” o padecimiento “crónico e imposibilitante” pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse “un sufrimiento intolerable”.

Estrictas condiciones para aplicar la eutanasia

Se imponen estrictas condiciones, como que la persona, de nacionalidad española o residente legal, sea “capaz y consciente” al hacer la petición, que debe formular por escrito “sin presión externa” y repetir quince días más tarde.

El médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y por una Comisión de Evaluación.

Y cualquier profesional de la salud puede alegar “objeción de conciencia” para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública.

La legislación fue aplaudida por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente, que mantuvieron una lucha de décadas, durante las cuales sonados casos visibilizaron la problemática.

El más emblemático, el de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico que pasó 29 años reclamando el derecho a un suicidio asistido.

La película sobre su historia, “Mar adentro”, dirigida por el hispanochileno Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, ganó un Óscar en 2005.

La ley es una victoria “para la gente que puede beneficiarse de ello” y también “para Ramón”, se congratuló en entrevista con la AFP Ramona Maneiro, la amiga que ayudó a morir a Sampedro. Fue detenida por ello, pero no juzgada por falta de pruebas.

Hoy “es un día muy feliz”, aplaudió Asun Gómez, una periodista de 54 años durante una manifestación en Madrid a favor de la ley. Recordó que fue llamada “asesina” por querer ayudar a morir a su marido, finalmente fallecido en 2017 por esclerosis múltiple.

A las personas que sufren “se les empuja a tomar la solución más rápida, que es la muerte”, fustigó Polonia Castellanos, de la asociación Abogados Cristianos, en una protesta antieutanasia, encabezada por una pancarta que criticaba al “Gobierno de la muerte”.

La legislación es rechazada por la Iglesia católica y partidos de derecha y extrema derecha, mientras que su aplicación genera interrogantes en algunos sectores médicos, que afirman que salvar a toda costa a un paciente está en “el ADN del médico”.

La eutanasia “es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro”, indicó la Conferencia Episcopal Española (CEE).

“Empujar a la eutanasia” a las personas “más vulnerables (…) es un vergonzoso acto de abandono social que encubre una negación a la mejor asistencia sociosanitaria”, lanzó en la cámara baja el diputado del Partido Popular (PP, derecha), José Ignacio Echániz.

Vox, formación de extrema derecha, anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.

Además del de Ramón Sampedro, otros casos causaron impacto en España, como el de Luis Montes, un médico anestesista procesado por provocar la muerte de más de 70 pacientes terminales, aunque finalmente sobreseído en 2007.

Más recientemente, Ángel Hernández espera juicio por ayudar a morir en 2019 a su mujer, inmovilizada por la esclerosis múltiple.

Con información de AFP

Compartir:
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Internacional

Trump culpable, y ahora, ¿qué sigue?

Publicado

el

Por

Agencia.- La condena a Donald Trump del jueves es solo el paso más reciente en su odisea legal por el sistema judicial de Nueva York. El juez, Juan Merchan, fijó la fecha de sentencia de Trump para el 11 de julio. El expresidente podría ser sentenciado a un máximo de cuatro años tras las rejas o a libertad condicional.

Trump ya ha indicado que planea apelar, después de meses de criticar el proceso y atacar al fiscal del distrito de Manhattan que presentó el caso, así como a Merchan, quien presidió su juicio.

Sin embargo, mucho antes de que se admita ese recurso, Trump se verá envuelto en los engranajes del sistema de justicia penal.

Un informe de presentencia hace recomendaciones basadas en los antecedentes penales del acusado —y previo a este caso Trump no tenía antecedentes—, así como en su historial personal y en el delito en sí. El expresidente fue declarado culpable de falsificar registros comerciales en relación con un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, una estrella del cine porno que dice haber mantenido una breve relación sexual con Trump en 2006, a fin de comprar su silencio.

En la entrevista previa a que se dicte sentencia, un psicólogo o trabajador social del departamento de libertad condicional también podría hablar con Trump en una entrevista durante la cual el acusado puede “tratar de causar una buena impresión y explicar por qué merece un castigo más leve”, según el Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York.

El informe previo a la sentencia también puede incluir presentaciones de la defensa, y puede describir si “el acusado está en un programa de asesoramiento o tiene un trabajo estable”.

En el caso de Trump, por supuesto, está solicitando —por así decirlo— un trabajo estable como presidente de Estados Unidos, en una campaña que puede verse complicada por su nueva condición de delincuente. Es probable que Trump tenga que presentarse periódicamente ante un agente de libertad condicional, y podrían imponérsele normas para viajar.

No existe ninguna prohibición legal para que Trump se presente a las elecciones presidenciales siendo un convicto, ni siquiera para que ejerza como presidente. Votar —por sí mismo, presumiblemente— sería más complicado: Trump está registrado como votante en Florida, donde se exige a los delincuentes que cumplan toda su condena, incluida la libertad condicional, antes de recuperar el derecho al voto. A pocos meses de las elecciones, parece poco probable que Trump pueda cumplir su condena antes de esa fecha.

Trump fue condenado por 34 delitos graves de clase E, el nivel más bajo de Nueva York, cada uno de los cuales conlleva una pena potencial de hasta cuatro años de prisión. La libertad condicional o el confinamiento domiciliario son otras posibilidades que Merchan puede considerar.

Dicho esto, el juez ha indicado anteriormente que se toma en serio los delitos de cuello blanco. Si impusiera penas de prisión, probablemente lo haría de forma concurrente, lo que significa que Trump cumpliría condena por cada uno de los cargos por los que fue condenado simultáneamente.

Si, por el contrario, Trump fuera condenado a libertad condicional, existe la posibilidad de que sea encarcelado si se descubriera que ha cometido otros delitos. Trump, de 77 años, se enfrenta actualmente a otros tres casos penales: dos federales, relacionados con el manejo de documentos clasificados y sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020, y un caso estatal en Georgia relacionado a la interferencia electoral.

Incluso antes de la sentencia, se espera que el equipo legal de Trump interponga una apelación, un procedimiento sencillo que, sin embargo, debe resolverse con celeridad .

Dado que fue condenado por delitos no violentos, es poco probable que Trump sea encarcelado en espera de la sentencia, la cual también podría ser suspendida durante la apelación. Esto podría retrasar la sanción más allá del día de las elecciones, ya que la vista y el fallo de la apelación podrían tardar meses.

Fuente: New York Times

Compartir:
Continuar leyendo

Internacional

Mueren 3 mil personas por sangre contaminada en Reino Unido, revelan oscuro pasado

Publicado

el

Por

Agencia.- Un informe independiente ha puesto al descubierto un capítulo oscuro en la historia del Reino Unido: la contaminación de miles de productos sanguíneos con VIH y hepatitis C entre las décadas de 1970 y 1980. Se estima que más de 30 mil personas recibieron sangre o tratamientos derivados de la sangre infectados, lo que resultó en la muerte de alrededor de tres mil de ellas.

El informe, resultado de una investigación pública de siete años, acusa al gobierno y al Servicio Nacional de Salud (NHS) de encubrir el escándalo durante décadas. Las autoridades, según el informe, tenían conocimiento del riesgo de contaminación desde principios de la década de 1980, pero no tomaron las medidas necesarias para proteger a los pacientes.

Un grupo de niños fueron utilizados como ‘conejillos de indias’ en ensayos clínicos, utilizaron productos sanguíneos infectados

Las víctimas del escándalo, muchas de ellas hemofílicas y personas con trastornos de la sangre, recibieron transfusiones y tratamientos contaminados con virus mortales. Como consecuencia, muchos desarrollaron enfermedades graves, incluyendo VIH y hepatitis C, que les provocaron la muerte o les dejaron con problemas de salud crónicos.

El informe critica duramente la respuesta del gobierno y el NHS, calificando de “inaceptable” e “indefendible”. Señala que las autoridades priorizaron la reputación del sistema sanitario por encima de la salud de los pacientes, retrasando la toma de medidas para prevenir la contaminación y negaron información crucial a las víctimas.

Las familias de las víctimas han expresado su indignación y dolor por lo sucedido, exigiendo justicia y reparación. El informe recomienda una serie de medidas para compensar a las víctimas, incluyendo pagos por daños y perjuicios, apoyo psicológico y acceso a mejores servicios de salud, además se especula que la sangre fue tomada de prisioneras que habían recibido dinero a cambio de muestras de sangre.

El escándalo de la sangre contaminada ha conmocionado al Reino Unido, reavivando el debate sobre la seguridad de los productos sanitarios y la responsabilidad del gobierno en la protección de la salud pública. El informe final representa un paso importante para esclarecer la verdad y hacer justicia a las víctimas de este terrible episodio.

¿Por qué las autoridades permitieron usar sangre contaminada?
La contaminación de los productos sanguíneos se debió principalmente a la importación de plasma de países en desarrollo, donde los controles de calidad eran deficientes. Las autoridades no tomaron medidas para retirar los productos contaminados del mercado hasta 1985, a pesar de tener conocimiento del riesgo desde principios de la década de 1980.

El gobierno y el NHS negaron inicialmente la existencia de un problema y culparon a las víctimas por su propia infección. Las víctimas del escándalo han sufrido un enorme sufrimiento físico, emocional y financiero. El escándalo de la sangre contaminada es un recordatorio aleccionador de las graves consecuencias que puede tener la negligencia y la falta de transparencia en el ámbito sanitario. Es de esperar que el informe final y sus recomendaciones contribuyan a prevenir tragedias similares en el futuro.

Las autoridades de salud de Reino Unido han ofrecido apoyo a las personas que resultaron infectadas, con asesoramiento privado y terapia de conversación para personas y sus familias afectadas por sangre y productos sanguíneos infectados.
el costo de ciertos artículos o servicios esenciales relacionados con la salud (apoyo discrecional).

Fuente: El heraldo

Compartir:
Continuar leyendo

Facebook

RECIENTE

LAS + DESTACADAS

CONTACTO: contacto.5topoder@gmail.com
Tu opinión nos interesa. Envíanos tus comentarios o sugerencias a: multimediaquintopoder@gmail.com
© 2020 Todos los registros reservados. 5to Poder Periodismo ConSentido Queda prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier uso de los contenidos sin permiso previo.