Por Ericka Novelo

CHETUMAL, 18 DE MARZO DE 2020.- El estado de Quintana Roo se colocó como el primer estado en obtener vinculación a proceso para dos implicados en “La Estafa Maestra”, en lo que respecta al ámbito local, por un daño patrimonial que supera los 743 millones de pesos, ejercidos de manera irregular durante los años 2015 y 2016 por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), desprendidos de la Sedatu. Los vinculados a proceso son Jorge A. y Gerardo V. quienes comparecieron ante un Juez de Control del Poder Judicial, derivado de la carpeta administrativa 413/2018, por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

Además, el órgano garantizó la reparación del daño con el embargo de bienes, entre otras medidas cautelares.

Dichos ex funcionarios fueron señalados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en calidad de coautores; en específico, por la celebración de 84 contratos de prestación de servicios con 37 proveedores en Quintana Roo, de los cuales solo cuatro estaban registrados en el Padrón de Proveedores.

Dicho esquema fue utilizado para el posible desvío de recursos públicos de forma directa, es decir, sin emitir algún tipo de licitación, por lo que dichas órdenes de pago se realizaron de forma discrecional, sin tomar en cuenta la Ley Estatal de Adquisiciones del Estado de Quintana Roo.

A Jorge A. se le acusa de celebrar los 84 contratos, tras desempeñarse como Director General del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS); mientras que su cómplice, fue quien le dio el visto bueno y autorizó 104 órdenes de pago a dichos proveedores, debido a que fungió como Director General de Administración de dicha institución.

Se trata de un posible daño patrimonial que asciende a un monto económico por 743 millones 804 mil 052.68 pesos, recurso que fue obtenido través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de acuerdo con las denuncias que emitió la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) y la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes).

El órgano jurisdiccional determinó que todos los elementos probatorios entregados por la Fiscalía Anticorrupción fueron idóneos y suficientes para poder emitir dicho fallo en esta etapa procesal, por lo que existe acreditación para poder continuar con el proceso.

En cuanto a las medidas cautelares, el juzgador consideró pertinente que dichos imputados se presenten periódicamente (cada mes), debido a que ambos estarán sujetos a localizadores electrónicos que serán colocados en la Unidad de Medicas Cautelares (Umecas).

Además, el juzgador consideró pertinente el embargo de bienes:
En lo que respecta a Jorge “N” se ordenó el embargo de cuatro predios situados en el municipio de Benito Juárez, así como ocho automóviles y una motocicleta.

En cuanto a Gerardo V. la autoridad penal decretó el embargo de siete predios, situados en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, así como uno situado en la ciudad de Mérida en el Estado de Yucatán. También le fueron embargados tres vehículos en Quintana Roo y un automóvil de lujo con placas del Estado de Yucatán.