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SSa propone que la edad mínima para el consumo de cannabis sean los 23 años

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CIUDAD DE MÉXICO, 31 DE ENERO DE 2020.- El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, propuso establecer que la edad mínima para el consumo de cannabis sean los 23 años, ya que afirmó hasta entonces se termina de desarrollar el cerebro humano.

“Dado que la madurez cerebral culmina aproximadamente a los 23 años, considero pertinente incrementar la edad mínima de consumo para que la exposición a cannabis resulte en un menor problema de salud, lo grave, y lo acentúo, es que ha crecido el uso en la población estudiantil, donde cerca del 3 por ciento de las niñas y niños de quinto y sexto año de primaria han consumido cannabis por lo menos una vez en su vida y un poco más del 10 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato han experimentado su uso”, advirtió durante una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación.

“Desde el punto de vista médico ratifico que el uso del cannabis no es inocuo y causa daños a la salud, entre ellos problemas mentales”, acotó.

Por su parte, consideró que la estrategia prohibicionista es “insostenible”, no sólo por la violencia que ha generado, sino por los malos resultados que ha presentado en materia de salud pública.

“La prohibición no se ha traducido en la reducción del consumo de cannabis. Se ha criminalizado inevitablemente a los consumidores, disminuyendo sus probabilidades de reinserción y rehabilitación y, sobre todo, el problema se ha convertido en una crisis de seguridad pública a nivel nacional”, enunció.

Detalló que desde el sector salubridad se impulsa dar un “servicio socialmente responsable”, así como facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para toda aquella persona que lo solicite sin estigmatizar a los usuarios, en donde se les brinde un “seguimiento clínico y suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos personalizados y bajo supervisión médica”.

En su participación, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero defendió y aclaró que su propuesta en materia de regulación de cannabis fue realizada con un sentido social, a fin de despenalizar la siembra y cultivo de mariguana con fines medicinales, industriales o lúdicos, así como regular la cadena completa de producción, distribución y consumo.

Ello, enfocado en el sector campesino, quienes sostuvo son presionados por el crimen organizado y que el objetivo no es necesariamente el negocio privado, como tampoco la rentabilidad de unos cuantos o incluso de muchos. “Eso no es lo que motivó mi iniciativa”, indicó.

“Lo hice con un objetivo muy concreto: que miles de campesinos, víctimas de la delincuencia organizada, puedan obtener permisos de siempre y tengan asegurada la compra del producto por agentes autorizados para ello”, exclamó.

En este sentido, estimó que toda persona tiene derecho a su autodeterminación y libre desarrollo de su personalidad, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la jurisprudencia que abrió la puerta para su legislación en 2019.

“No tengo duda es que la despenalización quitará del horizonte de vida de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado para presionar, extorsionar o someter la violencia a los productores del campo. Creo que la experiencia internacional nos ayudará a encontrar las mejores soluciones para México”, afirmó.

Fuente Excélsior

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SCJN DECLARA INCONSTITUCIONAL EL COBRO POR ALUMBRADO PÚBLICO EN QUINTANA ROO

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional el cobro por Derecho de Servicio y Mantenimiento de Alumbrado Público en seis municipios de Quintana Roo, evidenciando una grave violación legislativa que afecta a miles de contribuyentes. Bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 19/2024, presentada contra la fórmula de cobro establecida en la Ley de Hacienda de Tulum.

El fallo señala que los diputados locales invadieron facultades exclusivas del Congreso federal al establecer una contribución que grava el consumo de energía eléctrica, lo cual corresponde a un impuesto federal y no a un derecho municipal. Esta fórmula, aplicada en municipios como Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Tulum, ha generado una recaudación estimada en más de 400 millones de pesos, considerada ilegal por la SCJN.

Playa del Carmen se distingue como el único municipio que utiliza una fórmula distinta, basada en costos reales y con un límite del 2.5% sobre el consumo eléctrico, reformada en 2019.

A pesar de múltiples amparos y devoluciones ordenadas por tribunales, los legisladores locales han persistido en aplicar esta fórmula, encabezados por Jorge Sanén Cervantes y Renán Sánchez Tajonar. El fallo de la SCJN marca un precedente importante en la defensa de los derechos de los contribuyentes.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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CLAUDIA SHEINBAUM Y MARA LEZAMA CONSOLIDAN EL SEGUNDO PISO DE LA TRANSFORMACIÓN EN QUINTANA ROO

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Cancún, Q. Roo.— Ante más de 27 mil personas reunidas en el Malecón Tajamar, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezaron el evento “La Transformación Avanza en Quintana Roo”, reafirmando el compromiso de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación con justicia, dignidad y oportunidades para todas y todos.

Durante su mensaje, Lezama agradeció el respaldo de Sheinbaum a los proyectos estratégicos para el estado, como el Tren Maya, el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Chetumal, y la inversión en infraestructura, salud, educación, ciencia y programas sociales. “Gracias por ampliar la visión del presidente López Obrador para el sur históricamente olvidado”, expresó.

La Presidenta destacó que en seis años de gobierno transformador, 13.6 millones de mexicanos salieron de la pobreza, gracias al aumento del salario mínimo, los programas del bienestar y la obra pública financiada con recursos recuperados de la corrupción. En Quintana Roo, 216 comunidades indígenas y afromexicanas reciben presupuesto directo, y se construyen más de 48 mil viviendas del bienestar.

Mara Lezama reafirmó que el pueblo quintanarroense está listo para defender la transformación ante cualquier intento de retroceso. “Hay rumbo, hay convicciones, hay mujer, hay comandanta, hay una gran Presidenta de México”, concluyó.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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