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Emiten alerta migratoria en contra del exgobernador de Tamaulipas a solicitud de la FGR

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Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Migración (INM) explicó que emitió la alerta migratoria en contra del exgobernador de Tamaulipas a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para evitar la fuga del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El Instituto detalló en un breve comunicado que esta medida se implementó a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) al existir una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, emitida por un juez de distrito “por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada”.

El panista, que dejó el cargo de gobernador hace cuatro días, es acusado por la FGR por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Se tiene que registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional”, dijeron las autoridades federales.

El lunes 3 de octubre, García Cabeza de Vaca publicó en sus redes sociales una serie de mensajes en los que negó haberse fugado de México y dijo que se tomaría unos días de descanso con su familia en su rancho, ubicado en Tamaulipas.

El fin de semana, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien inició investigaciones por presuntas operaciones indebidas de García Cabeza de Vaca, se preguntó sobre el paradero del exmandatario estatal.

Cabe recordar que el año pasado el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha similar cuando García Cabeza de Vaca todavía era gobernador.

El 17 de agosto pasado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados en contra del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, pero invalidó la orden de aprehensión que emitió en su contra un juez a solicitud de la Fiscalía General de la República, al reconocer que el mandatario contaba en ese momento con inmunidad procesal.

La resolución del máximo tribunal dejó sin efecto el proceso penal iniciado por la FGR contra el entonces gobernador panista, quien no podía ser detenido mientras ostentara el cargo, aunque la Fiscalía queda en libertad de iniciar una nueva investigación cuando el mandatario estatal concluyera el cargo.

Fuente El Economista

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Elecciones 2024: Son 20,708 cargos públicos los que se disputan en México

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CDMX.-México tendrá elecciones el próximo 2 de junio del 2024. Estas son las elecciones más grandes de la historia del país, los mexicanos votarán para elegir 20,708 cargos públicos de los distintos poderes.

Las campañas electorales en México ya han iniciado y el próximo 2 de junio se llevará a cabo la elección más grande de la historia de México.

Los mexicanos acudirán a las casillas para elegir a un total de 20 mil 708 servidores públicos del poder ejecutivo y legislativo.

A nivel federal se votará por la persona que ocupará la presidencia de la República; los candidatos son Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez.

Por otro lado, se votarán 128 senadurías y 500 diputaciones.

A escala local, 11 estados también llevarán a cabo la elección de gobernadores, diputados locales, ayuntamientos y, en el caso de la Ciudad de México, alcaldías.

Fuente: El Economista

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Nacional

Acude Hugo Alday a reunión en favor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

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Chetumal.- El Diputado Hugo Alday Nieto participó en la Primera Reunión Interinstitucional de las Comisiones de Justicia en el marco de la COCIFAM, encuentro que contó con la destacada presencia de la Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

El Dip. Alday informó que en esta reunión de comisiones de justicia para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, “se abordaron distintos temas, principalmente en la importancia de poder avanzar para que en Quintana Roo podamos implementarlo de manera gradual este Código Nacional. Estas reuniones son muy importantes dado que involucra obviamente al Senado de la República, a la Cámara de Diputados -el Congreso de la Unión- a la Secretaría de Gobernación y a las 32 entidades entidades federativas”.

Asimismo, se enfatizó en la importancia de avanzar rápidamente en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ante la necesidad de que los congresos locales armonicen sus ordenamientos para facilitar la instrumentación de esta herramienta que agilice el sistema de impartición de justicia y con ello garantizar que todas las personas tengan pleno acceso a la justicia:
“Una de las partes más importantes en la reunión que se abordó el día de hoy es relativo a la imposibilidad de las legislaturas locales de legislar en materia procesal civil desde el año 2017, así como la pronta implementación del nuevo Código en los estados y la posible abrogación inmediata del código de procedimientos civiles local con el cual -de manera paralela- se llevarán modificaciones adiciones y reformas a distintas normas de manera horizontal porque impacta de manera directa a otras normas que pueden ser administrativas donde se aplica de forma supletoria e incluso a la Ley de adopción y al mismo código civil local” indicó el presidente de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo.

Por su parte, la Senadora Sánchez Cordero destacó que el Código Nacional es un producto legislativo fundamental que garantiza el pleno acceso a la justicia para todas las personas. En este sentido, se hizo un llamado a los legisladores locales para que contribuyan con su tarea en la aprobación de la declaratoria de vigencia del Código y en la armonización legislativa necesaria para su implementación.

La reunión fue fundamental para dar continuidad a la implementación del Código y para identificar los principales temas que impactan en la actualización legislativa derivada del mismo.

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