Por: Hugo Alday Nieto

Quienes nacimos en la generación X, es decir de 1965 a 1980, tuvimos la oportunidad de vivir el fin del México de las instituciones al servicio exclusivo de un partido hegemónico que controlaba absolutamente todo en este país, desde el control natal, las detenciones arbitrarias de opositores, los homicidios de lideres como Lucio Cabañas defensor de los ejidatarios contra la explotación ilegal de maderas, así como de muchos más, dentro de los que destacaron los miembros de la Liga 23 de Septiembre, del Movimiento Estudiantil de 1968 y de la masacre 1971, entre muchas otras recientes como Acteal, Aguas blancas, Atenco y Ayotzinapa.

Poco quizá importen ahora los delitos inventados como el de disolución social que provocó movimientos estudiantiles, o el aseguramiento de bienes, el fraude de bancos del estado o el robo en despoblado de los fondos de los jornaleros agrícolas de la segunda guerra mundial en manos de una camarilla de lacras impresentables comandados por Humberto Roque Villanueva.

Tal vez, tampoco sea tan grave hoy el saqueo al país gestado en el FOBAPROA de Salinas y Zedillo, que acabo con el patrimonio y lo sueños de millones de mexicanos. Las concertacesiones de Diego Fernández o los fraudes electorales en los que participaba el hoy ungido como magistrado veracruzano Eduardo Andrade.

Sin lugar a dudas, el mayor daño que hicieron esos gobiernos con López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León, Fox Quesada, Calderón Hinojosa y desde luego, Peña Nieto, fue el de destruir el sistema educativo mexicano desde sus cimientos enfrentado grupos sindicales opositores para mantener siempre la posibilidad de meter mano en el sistema para apaciguar las aguas y lograr acuerdos económicos entre los mismos de siempre, sin que hubiese inversión masiva en la creación de secundarias, bachilleratos y universidades, así como la limitante eterna de la educación especial para personas con discapacidad y la posibilidad de educación con visión integradora para personas ciegas o sordas en escuela regular.

Todo ello, derivado de que los grandes cambios revolucionarios de este país se gestaron desde la cátedra, desde las universidades y normales de México. Y por ello, unos de los fantasmas más preocupantes para esos gobiernos fue la educación, y acabaron con las manifestaciones, con las revueltas, con los pliegos petitorios, con los mítines y con los espacios de expresión cultural estudiantil. Sobreviven apenas algunos núcleos en la UNAM o el IPN, tal vez en algunos centros de investigación, y no se imaginaron jamás, que de esos vestigios de los que fueron los grandes forjadores de mentes de izquierda de México resurgiera un movimiento que derrocara al grupo en el poder.

Para darnos una idea de la fuerza que la educación y la cultura pueden hacer germinar en el pueblo, comparto esta cita de un diálogo de Marco Tulio Cicerón en el 65aC: “Porque un pueblo que sepa más, que lea, que vaya al teatro o qué se admire ante el arte, es un pueblo que piensa más, y quien piensa más, es más exigente con quien le gobierna y está más atento a los abusos del poder y reclama más justicia” (S. Posteguillo, Maldita Roma, 449). Y precisamente a eso temieron los gobiernos del PRIAN.

Hoy, el país se encuentra caminando hacia la estabilidad, se crearon nuevos procesos y nuevas formas de gobernar que generaron resistencias de manera natural, al sacudir de la zona de confort a varios sectores enquistados en el Poder, por lo que esta transformación iniciada en 2018 tendrá una segunda etapa con personajes de alto nivel académico como se muestra en el gabinete de la presidenta electa.

Sin embargo, la educación es el tema prioritario. La designación del titular de la secretaría de Educación que causó ruidos en semanas pasadas no tiene la mayor relevancia cuando se trata de una presidenta electa que conoce la importancia de la educación superior en México. No cabe duda que la diferencia del segundo piso de la cuarta transformación será en el empuje a la educación, lo que a muchos de nosotros nos hace inmensamente felices.

** Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quien las emite.

“Caminos del Mayab”

Por Martín g. Iglesias

Desde la llegada de Rodrigo Alcázar Urrutia al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), ha estado en constante sospecha de corrupción, tráfico de influencias y uso de facultades de manera discrecional.

Para la mayoría de los trabajadores del transporte público en los 11 municipios, no es extraño que tengan que pagar una “cuota” que los choferes de combis tienen que pagar para poder circular por la ciudad con sobrecupo de pasajeros y evitar multas. Los chafiretes están obligados a pagar de 10 a 15 pesos todos los días por unidad, en la mañana y en la tarde; al no hacerlo, los inspectores de Imoveqroo se dan a la tarea de seguirlos, quitarles la licencia de conducir e insistir para que realicen su pago.

Ayer, las y los diputados aprobaron modificaciones a la Ley de Movilidad, no sin antes emitir sus opiniones respecto al “parche” que le ponen cuando se trata de buscar recaudar más dinero a través del Instituto de Movilidad o de entrega de concesiones de manera discrecional.

La modificación a la Ley de Movilidad es que las personas conductoras de una motocicleta y sus acompañantes, están obligadas a usar casco de seguridad, debidamente colocado y abrochado, el cual deberá contar con la estampa del número de placa correspondiente, así como portar un chaleco reflejante que tenga impreso el número de la placa, los cuales deberán ser otorgados por la autoridad competente.

Para ello, el Estado deberá otorgar de manera gratuita la estampa con el número de placa para el casco y el chaleco reflejante, a través de un programa denominado “Programa de Suministro de Estampas para Cascos y de Chalecos para las Personas Conductoras de Motocicletas en el Estado de Quintana Roo”.

Sin embargo, durante el debate de los cambios a la Ley, “No somos fontaneros del Instituto de Movilidad”, les dijo Julián Ricalde Magaña y señala que cada día le quitan más facultades a los municipios en materia de recaudación; primero fue el derecho de las licencias, ahora la enajenación de bienes, así como la facultad del director de Movilidad, Rodrigo Alcàzar, para la entrega de concesiones de manera discrecional.

“El ejemplo es Cozumel, con los mototaxis, porque Imoveqroo (Instituto de Movilidad) no está haciendo su trabajo, no hay programas de seguridad vial, no hay una interacción real con los municipios”.

Por otro lado, Cinthya Yamilie Millán Estrella, explicó que la ley de Movilidad costó 15 millones de pesos y no ha quedado bien, a pesar de que se anunció con “bombo y platillos” de que sería el aporte legislativo a la sociedad. “Está solo parchada; las reformas solo son recaudatorias”.

Candelaria Ayuso Achach comentó que la ley no funciona por eso la Ley de Movilidad es la más reformada desde la legislatura pasada, “la iniciativa continúa con la estrategia para reformar y subsanar los errores cometidos; preocupa las atribuciones del Director, en el (artículo) vigésimo cuarto y vigésimo cuarto bis, en el artículo 25, concentra todo en el director, no en el Consejo. El Artículo 113 es recaudatorio. El 172, que habla sobre las licencias de conducir, también es recaudatorio”. Ahí se las dejo…
SASCAB
Desde el siete de abril de 2014, Quintana Roo cuenta con una unidad para atender a familiares y amigos de personas desaparecidas; creada mediante Decreto número 97, se expide la Ley de Víctimas del Estado, misma que en su artículo 98 establece la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVEQROO).

Sin embargo, debido a la opacidad, las y los quintanarroenses no sabemos a ciencia cierta si cumplen a cabalidad con su responsabilidad que es la ejecución de los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas, por lo cual estará a cargo del Registro Estatal, del Fondo Estatal y de la Asesoría Jurídica Estatal.

Hoy existe una exigencia justificada de las “Madres Buscadoras de Quintana Roo”, para pedirle a las autoridades competentes, como la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Raciel López Salazar, resultados de los más de 1 mil 200 desaparecidos en la entidad; así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, destinar los recursos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas. Al tiempo…