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Opinión

Contaminación por aguas residuales

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“Humanosfera”

Por: Wilberth Esquivel

La contaminación del acuífero subterráneo en las ciudades del Caribe Mexicano debido al vertido de aguas negras y residuos líquidos es un problema ambiental creciente.

Este fenómeno, impulsado por el rápido desarrollo urbano y la falta de infraestructuras adecuadas, plantea serias amenazas para la calidad del agua subterránea en la región.

El vertido indiscriminado de aguas negras y residuos líquidos contamina los acuíferos, afectando no solo la disponibilidad de agua potable, sino también dañando los ecosistemas acuáticos y amenazando la salud pública.

Este problema se agrava con el turismo masivo y la presión demográfica, que aumentan la carga sobre los sistemas de saneamiento existentes.

La necesidad urgente de soluciones sostenibles y medidas de gestión efectivas se hace evidente.

Esto incluye la modernización de sistemas de tratamiento de aguas residuales, la implementación de tecnologías más avanzadas y la promoción de prácticas responsables por parte de la comunidad y las industrias locales.

Sin acciones significativas, la contaminación del acuífero subterráneo podría tener consecuencias a largo plazo para la región, comprometiendo la salud ambiental, la viabilidad de las comunidades locales y la sustentabilidad turística.

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Opinión

Tiempo agotado

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Los funcionarios públicos que aspiren a participar como candidatos(as) a una representación popular en este 2024, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, deberán solicitar su renuncia o separarse del cargo el próximo viernes 01 de marzo, para cumplir con la ley electoral de “90 días previos al día de la elección”.

Esto para cumplir, ya que el periodo de solicitud de registro de planillas de candidaturas a miembros de los ayuntamientos comprende del sábado 02 al jueves 07 de marzo y la campaña electoral inicia el lunes 15 de abril y concluye el miércoles 29 de mayo.
Debo aclarar, que en caso de los presidentes municipales en función y diputados locales, la ley electoral no les exige separarse del cargo para la búsqueda de la reelección, eso no quiere decir que moralmente no sea correcto, pero a los políticos lo que menos les interesa es la moral.

El tiempo se agota para los políticos que quieren ir por otro cargo, para los partidos políticos, para los patrocinadores de campaña, para las estructuras electorales y para quitar de en medio a quien sea, con el objetivo de llegar a una tan codiciada candidatura en el equipo ganador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por otro lado, el árbitro de la contienda, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), hace lo propio y ayer aprobó las plataformas electorales del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Verde Ecologista (PVEM), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), de Morena y del Más Apoyo Social (MÁS).

O sea, los partidos políticos están obligados a incluir dentro de sus planillas a Ayuntamientos las acciones y propuestas que permitirán que los grupos vulnerables encuentren las condiciones que garanticen una inclusión social, económica y política bajo escenarios de equidad con el resto de la ciudadanía, que la dignificación del grupo que representan encuentren una representación real y participativa en el ámbito en que se desenvuelvan de manera inclusiva, potencializando sus derechos políticos electorales. Al menos incluir a un integrante de la comunidad indígena, un miembro LGTB+, un discapacitado y/o un migrante.

Los que no deben ser incluido en las planillas a miembros de Ayuntamiento o una fórmula a legislatura, son los integrantes del Crimen Organizado, los ministros de culto, a quienes se les ha comprobado que robaron el presupuesto público y a quienes no cumplen con la máxima de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo; pero eso no depende de mí, solo diré que “lo que no suena lógico, suena a metálico”. Ahí se las dejo…

SASCAB
Por cierto, Jorge Sanén Cervantes, es uno de los liderazgos políticos más sólidos en Quintana Roo, dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al ser el presidente del consejo Estatal morenista.

Él considera que su ejemplo a seguir en política es el de Andrés Manuel López Obrador, pues desde la llegada a la Presidencia de México, la democracia empezó a ser el tema central en el ambiente político, porque las definiciones de estar del lado correcto de la historia, acabaron con la simulación de algunos integrantes de los partidos, así como de las instituciones encargadas de vigilar que el proceso democrático se cumpla en cada elección, “aunque todavía falta limpiar los órganos electorales”.

Deja claro que desde el 2018, la democracia empezó a tomar sentido para los millones de mexicanos que participan en política, porque con AMLO, en el Gobierno Federal hay una responsabilidad compartida con los secretarios de estado, con los trabajadores y hasta con empleados. Con López Obrador, llega el empoderamiento de las mujeres y de los grupos vulnerables; a las y los gobernadores de los estados, los insta a asumir las responsabilidades compartidas, les ayuda a desarrollar el pensamiento crítico para la toma de mejores decisiones. Al tiempo…

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Opinión

Zaldívar, de carne y hueso

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LA COLUMNA DE RIVA PALACIO

Por Raymundo Riva Palacio 

Nadie puede negar que Arturo Zaldívar es un abogado realmente inteligente. Pero para quienes lo conocen bien, saben igualmente que es profundamente cínico y mentiroso, como quedó de manifiesto en la entrevista que le dio a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula la semana pasada como un control de daños a fin de evitar que la caracterización que Andrés Manuel López Obrador hizo de él como cabeza la Suprema Corte de Justicia, dañe su imagen -que es lo que más le preocupa-, y lo muestre como lo que realmente es, cómplice del presidente para la persecución de sus enemigos políticos.

Zaldívar, que fue abogado del empresario preferido de López Obrador, Carlos Slim, al grado incluso de haber litigado algunos de sus asuntos cuando ya era ministro, y que tiene varias investigaciones abiertas en la Suprema Corte por presuntos abusos de autoridad y corrupción, no llegó por este presidente al Poder Judicial sino por Felipe Calderón, pero sí fue durante el actual gobierno donde se realizó una estrategia para hacerlo su máxima autoridad, cuyo de cabildeo político llevó a cabo el ex consejero jurídico Julio Scherer.

En un principio parecía que el objetivo en Palacio Nacional era llevar a un ministro que se había distinguido por sus resoluciones sobre la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo y la secuestradora francesa Florence Cassez, y capitalizar en el gobierno su fama pública. Gradualmente se empezó a ver que, por agradecimiento u oportunismo, Zaldívar fue aceptando cada vez más, participar en acciones que no solo violentaban la autonomía del Poder Judicial, sino que se alineaba al objetivo de López Obrador para atacar el régimen vigente y que para instaurar el suyo, requería del apoyo judicial para perseguir a sus enemigos.

La mayor transgresión al orden democrático mediante la imposición de un modelo autoritario, se dio con la creación del llamado Grupo de Judicialización, una idea de Scherer. Lo adscribió al Centro Nacional de Inteligencia porque originalmente el objetivo era disponer de un cuerpo jurídico altamente especializado que pudiera actuar de manera expedita contra el crimen organizado, con un equipo de ministerios públicos que trabajaran coordinadamente con las áreas de inteligencia del gobierno y con el Poder Judicial. Ese propósito se desvaneció porque el presidente optó por no enfrentar a los cárteles de las drogas.

En seguimiento al comportamiento que estaba teniendo López Obrador, el Grupo de Judicialización cambió su misión. La prioridad se estableció en políticos, funcionarios del pasado y empresarios. En las reuniones semanales que realizaban se escogían los blancos en función de las necesidades políticas del presidente. Santiago Nieto, a la sazón jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hacía la investigación y le entregaba a la Fiscalía General. El problema, en la mayoría de los casos, es que no se podían judicializar por la deficiente documentación que entregaba Nieto, pero eso era menos importante, porque más que meter a la cárcel a los enemigos de López Obrador, lo que hacía era lincharlos en la mañanera y enjuiciarlos socialmente.

El Grupo de Judicialización sigue siendo uno de los secretos más celosamente guardados del gobierno, por su mecánica de operación. Fue el instrumento para utilizar las leyes con fines políticos, sin importar que fueran violadas en el camino. No había interés en el estado de Derecho, por lo cual se cuidó que su existencia y funcionamiento no trascendiera para mantener el discurso de autonomía de autonomía e independencia de la Fiscalía General y el Poder Judicial. Zaldívar no iba a esas reuniones, pero enviaba a su representante, incondicional colaborador, que también llevaba su voz y voto a las reuniones sobre el Caso Ayotzinapa, donde se construyó con pruebas falsas la versión alterna de la desaparición de los normalistas en Iguala, que tiene metido al presidente en un hoyo histórico.

Zaldívar atendía paralelamente los asuntos personales de Scherer y de Gertz Manero. En el primer caso, reforzaba, a través de sus brazos operativos, las presiones del consejero a jueces y magistrados en el país para que sus fallos se ajustaran a lo que él deseaba. Cuando renunció en septiembre de 2021, en varios juzgados sintieron que respiraban de nuevo, aunque se toparon con la realidad vigente: las amenazas que les enviaba Zaldívar si no atendían la línea que les marcaba era que los trasladarían de juzgados, lejos de donde vivían y a zonas en conflicto. En el segundo caso, Zaldívar apoyó completamente a Gertz Manero en la persecución a su familia política, y cooperaba con enviar otros casos del interés presidencial y del fiscal, a jueces de consigna.

Zaldívar se fue ganando la confianza del presidente por la forma eficiente como ejecutaba sus deseos. En marzo de 2021, a petición de López Obrador, se mostró dispuesto a abrir una investigación contra el juez Segundo de Distrito, Juan Gómez Fierro, por otorgar amparos contra su ley eléctrica, por lo que fue atacado en la mañanera. Antes había forzado a Eduardo Medina Mora a renunciar, en coordinación con la Fiscalía General que lo investigaba por presuntos actos de corrupción, para permitir al presidente ir incorporando a sus ministros y colonizar la Corte.

Zaldívar se fue sumando a las ministras de Palacio, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, para votar de acuerdo a las instrucciones de López Obrador en varios temas, como declarar que el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa era constitucional, o servirle para objetivos de corto plazo, como haber renunciado un año antes de terminar su gestión, para permitirle que pusiera una ministra del ala radical de la cuatroté, Lenia Batres, que será instrumental en la demolición del orden democrático en el país, a partir del edificio democrático que se ha construido por lustros.

López Obrador no ha podido ser más rápido en la regresión democrática del país porque los contrapesos se lo han impedido. Zaldívar buscó que todo fuera expedito, sin alcanzar su objetivo porque la mayoría de los ministros de la Corte actuaron con la autonomía e independencia que el ministro entregó a López Obrador. Ahora, por instrucciones del presidente, pero cobrando en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Zaldívar prepara una reforma al Poder Judicial acorde con los deseos y necesidades de López Obrador. Objetivamente hablando, la descripción que hizo el presidente de él, como su operador político en el Poder Judicial, lo descalifica para negociar cualquier reforma, pero Zaldívar es lo suficientemente cínico para querer seguir navegando como si nada hubiera pasado.

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