Al reporte de ayer, en México han sido confirmadas 416 mil 179 personas con Covid-19 y 46 mil de ellas han fallecido. Pero si se suman los casos sospechosos el número se incrementa a 458 mil 688 confirmados y 47 mil 910 personas que perdieron la vida.

En la reunión virtual, López-Gatell acusó que después de meses de conversación con los gobiernos estatales existe un “ánimo de desgaste de cinco meses y de siete meses con esta tensión” por la realidad de esta que será una epidemia larga.

Insistió que en contra de los gobiernos estatales “no va a haber amago de ninguna naturaleza, sino las sanciones derivadas de la ley”. Como ejemplo de lo que significa ese anexo al lineamiento publicado el pasado 14 de mayor y por el cual funciona el semáforo de Covid-19, dijo que si en una entidad la calificación federal está en rojo y el estado dice que es naranja, “el estado ha de responder por sus decisiones soberanas. No es amago es claridad, es franqueza y sobre el marco de la ley, platear las cosas como son”.

Explicó que lo que se buscar incorporar al lineamiento se hizo a petición de los gobiernos estatales para dar claridad al lineamiento y debido a que en lo que va de la epidemia la secretaría de salud ha recibido más de mil 100 actos de reclamación jurídica entre denuncias y amparos. “En medio de la epidemia hemos tenido que responder a todos estos recursos legales que llegan por parte de distintos ciudadanos que se identifican ante juzgado por su nombre, pero una parte no despreciable por parte de grupos políticos”.

En la reunión el subsecretario LópezGatell dijo a los gobernadores que el lineamiento no puede quedar en un acuerdo de buena voluntad y dejar fuera el fundamento legal, por lo que ahora se buscar hacer explícitas las responsabilidades que asumen los gobiernos locales.

La directora Jurídica de la secretaría de Salud fue la encargada de presentar el documento Metodología y criterios para el establecimiento del semáforo regional al que se le pretende agregar un segundo párrafo en el punto dos que se refiere a las premisas del semáforo por regiones.

El anexo dice: “En caso de que el gobierno de una entidad federativa deje de acatar el resultado de la evaluación semanal y omita instrumentar las medidas correspondientes al respectivo dato de riesgo publicado por la autoridad sanitaria federal y en consecuencia instruya a la población a tomar medidas relacionadas con su nivel de riesgo menor, previa investigación de la autoridad competente que así lo resuelva se hace patente que los servidores públicos que tomen dicha determinación podrán ser responsables civil, administrativa o penalmente de dicha decisión, de conformidad con sus propias leyes locales aplicables, según corresponda”.

La funcionaria dijo que no se traslada la responsabilidad, sino que es una que existe previamente y las autoridades locales debe demandarlo o demostrarlo. Esto significa que si a una entidad se le asigna el color rojo y en lo local el semáforo se decide en otro color menor al nivel de riesgo, la autoridad local deberá asumir la responsabilidad de la reapertura. En cambio, si el estado decide subir el nivel de siego no existe sanción por la prioridad que se otorga a la protección de la salud de los ciudadanos.

Tras la exposición una de las primeras en participar fue la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien llamó la atención que al párrafo que se pretende agregar al lineamiento incluye las responsabilidades penales y civiles.

La también jefa morenista preguntó al subsecretario López Gatell que ese tema debería ahondarse y aclararse puesto que “este tema nunca se había hablado de ello”.

La ronda de participaciones incluyó a los gobernadores de Sonora, Tlaxcala, Quintara roo, estado de México, Baja California Sur, Hidalgo y Oaxaca.

Llamó la atención que algunos gobernadores que en otras sesiones habían mostrado una actitud de apertura y diálogo, esta vez sí se mostraran más firmes y enfáticos en sus intervenciones. Algunos de ellos fueron los que cuestionaron al subsecretario si la adhesión tenía un propósito de amago, por lo que pudieron que el tema debe tratarse con las reservas debido a que si es una amenaza es delicado que se pretenda un lineamiento para señalar penalmente a los gobernadores previo al arranque del año electoral.

Al intensificar las intervenciones la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez intervino y propuso establecer una nueva mesa de trabajo para el próximo lunes en la que participe el área jurídica de la dependencia a din de que “no se rompa ni el diálogo ni la gobernabilidad”, dijeron algunos de los presentes a la reunión.