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Candidatos de Hidalgo se acusan de corrupción durante debate

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HIDALGO, 6 DE MAYO.- Cuestionamientos por renunciar a un partido e ir a otro en busca de una postulación, así como acusaciones por supuestos actos indebidos en los cargos que ejercieron anteriormente estuvieron presentes en el primer debate de candidatos a senadores por Hidalgo, organizado por la junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE).

El intercambio de imputaciones inició cuando Alejandro González Murillo, de la alianza Todos por México, afirmó que Julio Menchaca Salazar, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hizo un fraude con una guardería en el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJH), la cual, afirmó, desapareció después de que éste fue magistrado presidente. Además, aseveró que en ese mismo periodo, mientras Menchaca militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue favorecido con 300 concesiones de taxis, que entrega el Poder Ejecutivo.

El aspirante de Morena, quien negó que tal proyecto se hubiera desarrollado en su gestión, y haber recibido las concesiones, respondió: “Me divierte su autoridad moral, (porque) siendo diputado sus empresas obtuvieron contratos millonarios”.

En la réplica, González Murillo contestó que la publicación a la que refería, sobre 43 contratos por 4 mil 625 millones de pesos que recibieron familiares y allegados de su tío el exprocurador Jesús Murillo Karam, no era veraz, y la consideró “un golpe político”.

Aunque ella no acudió al debate, el expresidente del Poder Judicial hizo referencia a posibles irregularidades imputadas a Nuvia Mayorga, excomisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y compañera de fórmula de Alejandro González: la venta de áreas verdes en la zona residencial San Javier, una semana antes de que Miguel Osorio dejara de ser gobernador, y no acreditar, “desde hace diez años”, 242 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por su parte, la candidata Darina Márquez, de la coalición Por México al Frente, hizo referencia a desvíos en la Secretarías de Educación Pública y de Salud estatales durante la administración anterior, y propuso una iniciativa para reintegrar recurso que tras investigación se compruebe que fue obtenido mediante actos de corrupción.

Aunado a que cuestionó que quienes fueron parte de gobiernos en los que existen denuncias por uso indebido de recursos, propongan combatir estos delitos.

Menchaca también se pronunció por políticas que inhiban el saqueo de recursos, para que el dinero no llegue “a los bolsillos de un particular”, al igual que González Murillo, quien
opinó que, en educación, todos los recursos deben ir íntegros a su destino, pero no habló sobre los desvíos en Hidalgo, imputados a miembros del Partido Revolucionario Institucional, que integra la coalición que lo postuló, aunque él fue propuesto por Nueva Alianza.

En tanto que Máximo Jiménez, del Partido del Trabajo (PT), acusó una campaña que inhibe al voto a favor de su instituto político, por quienes, criticó, ahora apoyan a Andrés Manuel López Obrador, pero antes militaban en el PRI, el PAN o el PRD.

Fuente El Heraldo de México

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Sheinbaum inyecta juventud en las secretarías de Trabajo, Cultura y Turismo

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CDMX.-Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, presentó este jueves 18 de julio a tres miembros más de su Gabinete para el sexenio 2024-2030: los titulares de las Secretarías de Cultura, Turismo y Trabajo.

Conoce a los tres nombrados:

Claudia Curiel de Icaza

La próxima secretaria de Cultura de México, es una persona que formó parte de su equipo en el jefatura de Gobierno de la capital del país.

La historiadora, de 44 años, actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, un cargo designado por la propia Sheinbaum en febrero de 2022.

Durante su presentación como la próxima secretaria de Cultura a nivel federal, Curiel dijo que la cultura es el lenguaje de identidades y una herramienta de transformación con una promesa hacia el futuro, y su gestión será plural, incluyente y propositiva.

La funcionaria, que destacó por manejar un lenguaje inclusivo durante su discurso, cuenta con una trayectoria de 20 años en instituciones culturales. Antes de su llegada al gobierno capitalino fue subdirectora de la Casa de Lago y de la Dirección General de Músicos de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Claudia Curiel realizó sus estudios universitarios la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una especialidad en Educación para las Artes. Fue directora de BESTIA Festival, que promociona música independiente

Es hija de la periodista de espectáculos Claudia de Icaza y del compositor musical Francisco Curiel.

Marath Baruch Bolaños López

Actual secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), se mantendrá en el cargo bajo la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum que iniciará el 1 de octubre.

Al anunciar el nombramiento, Sheinbaum destacó que el funcionario ha desempeñado un “papel fundamental” en la dependencia además de llevar Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para fomentar la integración de la población joven al mercado laboral.

El funcionario mencionó que el titular de la STPS tiene mucho que aportar para seguir beneficiando a los trabajadores y afirmó que la política laboral de AMLO implementada a través de la dependencia ha resultado en mayores derechos laborales como el aumento al salario mínimo, la reforma en materia de pensiones o la regulación de la subcontratación.

Marath Baruch Bolaños López asumió la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como relevo de Luisa María Alcalde Luján tras su nombramiento como secretaria de Gobernación, en junio de 2023. En ese momento, el nombramiento del funcionario de 38 años fue considerado por el presidente López Obrador como un relevo generacional dentro de la administración pública.

Bolaños López fue hasta 2020 secretario particular de Marcelo Ebrard cuando fue secretario de Relaciones Exteriores y bajo el gobierno de Sheinbaum será secretario de Economía.

También fue diputado por el grupo parlamentario de Morena, el partido AMLO, en la Asamblea Constituyente encargada de la elaboración de la Primera Constitución Política de la Ciudad de México en el periodo de 2016 a 2017.

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Josefina Rodríguez Zamora

Será Secretaria de Turismo (Sectur) a partir del inicio de su Gobierno el próximo 1 de octubre.

Rodríguez Zamora se desempeña actualmente como secretaria de Turismo del estado de Tlaxcala, cargo que ostenta desde 2021.

La funcionaria dijo que en su próximo encargo se enfocará en continuar el desarrollo regional de destinos a partir de las obras desarrolladas por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que marcará una “nueva era del turismo” en el que México se posicionará de forma competitiva mediante herramientas innovadoras de promoción, políticas de desarrollo sustentable y llevando bienestar a la cadena de valor de la actividad turística.

Al presentar los nuevos nombramientos, Sheinbaum mencionó que la funcionaria de 35 años de edad, es la integrante más joven de su Gabinete.

Rodríguez Zamora es empresaria del ramo restaurantero desde 2016 y en 2021 fue candidata de Fuerza por México (FxM), a diputada local local en Tlaxcala, su estado natal.

Previamente fue asesora de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública de la ciudad de Puebla y Subdirectora de Planeación del Tecnológico de Atlixco, también en Puebla.

Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana de Puebla y cursa la maestría en Alta Dirección en la Universidad del Valle de Tlaxcala.

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Buscan aumentar la participación de pueblos indígenas en proyectos de obra pública

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CDMX.- El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (PVEM) impulsa una iniciativa que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el fin de fomentar la participación de los pueblos y las comunidades indígenas en la elaboración de planes, programas y proyectos de obra pública.

Asimismo, para garantizar que las dependencias y entidades respeten el derecho constitucional a la consulta previa de dichos pueblos y comunidades, a fin de que sus miembros puedan participar en asignaciones o licitaciones, y formar parte de la vigilancia, verificación y resoluciones del proyecto para brindar seguridad a sus habitantes.

Para ello, propone adicionar los nuevos párrafos sexto y séptimo al artículo 18 de dicho ordenamiento, para establecer que en el caso de que el proyecto sea propuesto en algún municipio o zona del que formen parte personas, etnia, pueblo o comunidad indígena, las dependencias y entidades deberán informar en breve término y de manera constante, el estatus que guarda el estudio, plan y programa para el desarrollo del proyecto.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Infraestructura, agrega que, si se aprueba el desarrollo del proyecto, las entidades y dependencias deberán de conformar un Comité en el que participen integrantes y miembros de la etnia, pueblo o comunidad indígena, para que formen parte de la vigilancia, verificación y resolución de la obra pública.

De igual forma, habrán de respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los planes, programas y proyectos de obras públicas, con el propósito de que sus integrantes y miembros puedan participar en la asignación o licitación de la obra pública.

En su exposición de motivos, el legislador sostiene que por medio de políticas públicas y planes de desarrollo urbano y movilidad se han concretado obras como puentes, calles, hospitales, escuelas, parques y jardines, para satisfacer las necesidades básicas de los pueblos y comunidades indígenas.

Sin embargo, Sánchez Sánchez resalta que en ocasiones los llamados “elefantes blancos” o las obras que no han tenido un impacto positivo en el desarrollo en dichas comunidades son considerados actos discrecionales de la autoridad, toda vez que se maneja un derroche injustificado de recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas, sin tomar en cuenta la opinión ciudadana.

Precisa que actualmente se procura la consulta y participación ciudadana para la elaboración de políticas públicas, legislaciones y programas que favorezcan a la sociedad, ya que con su participación se contribuye a dar legitimidad a los proyectos.

Aclara que, a través de diversos criterios jurisdiccionales se determina la relevancia del derecho humano a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas en todas aquellas medidas administrativas o legislativas de impacto significativo sobre su entorno, con el propósito de salvaguardar su derecho a la libre determinación y sus demás derechos culturales y patrimoniales.

Con base en ello, subraya la necesidad de que se promueva la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en los procedimientos de asignación de obra pública, ya que son los propios habitantes de las comunidades indígenas quienes reciben el impacto de algún proyecto, por lo que es conveniente que vigilen cómo se ejercen los recursos públicos.

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