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Buscan recuperar decenas de casas que compró Duarte en Texas

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CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE FEBRERO.– El Gobierno de Veracruz entabló varias demandas civiles esta semana para recuperar decenas de propiedades en el área de Houston que fueron compradas con millones de dólares robados por el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, reveló este día el diario texano Houston Chronicle.

Las demandas civiles son totalmente inusuales, pues lo ordinario es que el Gobierno mexicano pida la participación de las autoridades de Estados Unidos.

Veracruz es gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN). Con anterioridad, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, del Revolucionario Institucional (PRI), ha entorpecido acciones legales en contra de ex gobernadores que son miembros de su partido. Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ex gobernadores priistas, fueron detenidos en el extranjero o por autoridades locales.

La Procuraduría General de la República (PGR) simplemente no ha movido un dedo para enjuiciarlos por corrupción, como sucede con el ex Gobernador César Duarte, de Chihuahua, o con el ex titular de Pemex.

 “Las autoridades de Veracruz han acusado a Javier Duarte de Ochoa de desviar casi mil millones [de pesos] de las arcas de ese estado rico en petróleo a varias compañías ficticias y propiedades en todo el mundo, según declaraciones del Fiscal General mexicano. Las demandas civiles presentadas esta semana alegan que parte de ese dinero fue lavado a través de terrenos y casas suburbanas en Woodlands y Spring”, dice el diario.

Anthony Buzbee, un abogado litigante que ha sido contratado para representar al gobierno de Veracruz, dijo a los periodistas Robert Downen y Lise Olsen que había varias formas por medio de las cuales Duarte escondía dinero.

“A veces eran maletas de dinero”, dijo Buzbee. “A veces se trataba de contratos falsos para amigos y compañías ficticias. A veces era ‘Vamos a construir este camino y asignar 100 millones’ y luego el camino nunca se construyó. El desafío es encontrarlo todo”, dijo.

 El Houston Chronicle dice que en cinco demandas presentadas esta semana en el Condado de Harris, el actual gobierno de Veracruz busca recuperar más de 75 millones de dólares que, según afirma, fueron reinvertidos en parte en 40 propiedades distribuidas en los condados de Harris y Montgomery por individuos y compañías de Texas que se describen como asociadas con Duarte, según los alegados y registros de propiedad.

“Duarte visitó The Woodlands y compró allí una membresía en el club de golf, pero no posee bienes inmuebles bajo su propio nombre. En cambio, los hogares mencionados en los juicios fueron comprados por otros acusados ​​por el gobierno de Veracruz de ser prestanombres”, cita el diario texano.

“Duarte orquestó un plan en el cual cientos de millones de dólares asignados a programas sociales fueron desviados a una elaborada red de compañías fantasmas, entre otras fechorías”, argumentan las cinco demandas civiles separadas, aunque interrelacionadas, presentadas en cortes de distrito en el condado de Harris. “El dinero robado por Duarte legítimamente pertenece a la gente del Estado de Veracruz”.

 El periódico texano dice que es inusual que un gobierno extranjero intente contratar a un abogado privado para recuperar mediante el uso de demandas civiles los activos supuestamente robados. La opción más común sería buscar acciones de confiscación civil con la ayuda del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro.

Meses atrás, las autoridades mexicanas le pidieron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que les ayudara a rastrear los activos de Duarte. Una portavoz del Departamento de Justicia rechazó el jueves comentarios sobre las demandas civiles y los cargos penales presentados contra Duarte en México.

Fuente Sin Embargo

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Entra en vigor el Fondo de Pensiones para el Bienestar

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Esta noche se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que, entre otras cosas, modifica el destino de los recursos de aquellos ahorros de los trabajadores que no sean reclamados.

El decreto se publicó en la edición vespertina de este martes 30 de abril, el cual entrará en vigor mañana miércoles 1 de mayo.

¿Qué es el Fondo de Pensiones del Bienestar?
El dictamen para la creación del Fondo reforma y adiciona las siguientes leyes:

  • Del Seguro Social
  • Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
  • Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)
  • De los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
  • Del decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
  • Abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023.
  • El Fondo para el Bienestar contará con un Comité Técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos a los institutos de seguridad social.

Su propósito es recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que le sean aportados; será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual el Banco de México actuará como fiduciario.

De acuerdo con Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, antes de la reforma de 1997, impulsada por el presidente priista Ernesto Zedillo, el sistema de pensiones estaba en función del salario. 

“Las pensiones estaban a cargo del IMSS. Te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo, es decir, con 500 semanas de cotización”.
Detalló que antes un trabajador que ganaba 10 mil pesos se jubilaba en promedio con 10 mil pesos, prácticamente el 100 por ciento de su salario.

¿Y qué pasará con los Afores?
En el momento en el que se apruebe la creación de dicho Fondo, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las Subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día en que se realice. 

Esto NO será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto.

Para el caso de las y los trabajadores del Estado, el PENSIONISSSTE o las administradoras, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir dichos recursos al momento en que los trabajadores cumplan 75 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar. 

Esto NO será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el Issste.

Fuente Milenio

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¡No más niños en moto! Aprueban diputados modificación en la Ley de Movilidad

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CDMX.-Con 409 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la modificación al artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para prohibir que menores de 12 años puedan viajar en motocicleta, aún cuando cumplan con la portación de casco.

Durante la sesión de este lunes, las y los diputados avalaron el dictamen que impide que niños viajen en este tipo de vehículos, con el objetivo principal es salvaguardar el bienestar de los menores de edad.

Actualmente la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que el uso obligatorio de casco para personas conductoras y pasajeros de motocicletas, sin embargo, con esta reforma ya no se podrá transportar a los menores de 12 años.

Dicha ley sólo contemplaba que cualquier persona menor de 12 años viaje en los asientos traseros y con el cinturón de seguridad para proteger su integridad física.

El dictamen fue posteriormente enviado al Senado para continuar su proceso legislativo.

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