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Blindaje legal del Tren Maya cuesta 44 mdp

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Ciudad de México.- El despacho que se encargó de estructurar legalmente el proyecto del Tren Maya, obra emblemática de la 4T, fue beneficiado en el sexenio de Enrique Peña Nieto con contratos millonarios para asesoría legal, aunque no tan jugosos como el otorgado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Woodhouse Lorente Ludlow recibió en el primer año de la actual administración 44 millones de pesos para blindar legalmente al proyecto ferroviario que se levanta en el sureste.

De acuerdo con el contrato de Prestación de Servicios para Asesoría Legal para la Estructuración Jurídica del Tren Maya, el despacho recibió dicha suma por los servicios prestados entre el 19 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

El documento estableció que la firma legal debió realizar los estudios y análisis de la legislación aplicable al proyecto del Tren Maya, como la propia constitución, norma y reglamentos vigentestratados internacionales y disposiciones de carácter general, entre otros.

De igual modo, en el lapso señalado, que fue cuando comenzaron las licitaciones para la obra, Woodhouse Lorente Ludlow debió acompañar y asesorar al Fonatur en las presentaciones ante autoridades, fondos e inversionistas.

El sitio web de la firma señala que desde su fundación, en 2009, brinda una gama completa de servicios legales a clientes locales e internacionales en áreas como proyectos e infraestructura.

En el sexenio pasado, el despacho obtuvo un contrato de 14.2 millones de pesos para asesorar a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el proyecto del viaducto elevado La Raza – Indios Verdes – Santa Clara, el cual fue asignado en 2016 a la empresa Concesionaria Viaducto Indios Verdes (Covive).

A finales de 2019, inversionistas afiliados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) prometieron al presidente Andrés Manuel López Obrador un capital de siete mil 560 millones de pesos para construir esta obra.

Woodhouse Lorente Ludlow también obtuvo un contrato por 10.5 millones de pesos en 2017 con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para la implementación de una Cámara de Compensación que administraría de forma centralizada los contratos asignados a través de Subastas de Largo Plazo, antes de que fueran canceladas a inicios de la presente administración.

Ambos contratos, que sumaron 24.7 millones de pesos, eran los más elevados que había obtenido la firma con la administración federal hasta 2019, cuando la 4T le otorgó por adjudicación directa el nuevo convenio millonario.

En aquel momento, Fonatur justificó la adjudicación directa debido a que se trataban de servicios especializados y a que el Tren Maya se planteó en principio como un proyecto de asociación público-privada que, dijo, preveía una “estructura más compleja y especializada” que los esquemas de contratación “más tradicionales”.

En ese sentido, en marzo de 2019, cuando comenzaron los servicios de Woodhouse Lorente Ludlow, el organismo federal señaló también que cumplió con todos los requisitos para las adjudicaciones directas con base en la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Sin embargo, tiempo después el presidente López Obrador decidió que el proyecto ferroviario se construiría con inversión pública.

FONATUR DEBE INFORMAR SOBRE CONVENIO

En otro asunto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Fonatur que informe sobre el convenio con Consultoría en Desarrollo Urbano y Ambiental, mediante el cual se elaboró del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del municipio de Palenque, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, esta información habilitará la realización del análisis que se pueda contrastar, en su momento, con los resultados de la obra de infraestructura.

“Resulta vital para conocer cómo afectará a esa localidad una de las obras de infraestructura emblemática del gobierno federal”, dijo ante el Pleno del INAI.

La funcionaria recordó que Fonatur y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) celebraron un convenio de colaboración para la estrategia de desarrollo integral territorial y urbano de la región sureste de México ante la construcción del Corredor Regional Tren Maya.

Fuente El Sol de México

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Emergencia Ambiental en Tabasco: Devastador Derrame de Petróleo Afecta Ecosistemas y Comunidades Enteras

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Tabasco, México — Mayo 2025
Una crisis ambiental de gran magnitud sacude al estado de Tabasco tras un derrame masivo de petróleo ocurrido en el municipio de Huimanguillo. La fuga, atribuida a infraestructura deteriorada operada por Petróleos Mexicanos (Pemex), ha contaminado cuerpos de agua, destruido hábitats naturales y dejado en emergencia a miles de habitantes.

Causas: Fuga por ductos corroídos y negligencia operativa

El derrame fue detectado a finales de abril, cuando se identificó una fuga en un ducto perteneciente al campo petrolero de La Venta. Expertos ambientales y habitantes de la zona señalan que la causa principal fue la corrosión por falta de mantenimiento, además de una respuesta tardía por parte de Pemex.

“Se trata de un problema recurrente; no es la primera vez que ocurre una fuga, pero esta ha sido especialmente grave”, denunció un representante de la comunidad de Ocuapan.

Impacto ambiental: Ríos muertos, fauna contaminada y suelos envenenados

Los efectos ecológicos han sido devastadores. La mancha de crudo ha alcanzado el río Carrizal, varias lagunas locales y zonas agrícolas. Se han reportado miles de peces muertos, tortugas cubiertas de petróleo y aves afectadas por la contaminación.

“El ecosistema ha colapsado. El agua está completamente negra y huele a químicos”, relató un pescador de la zona.

Organizaciones ambientales como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han calificado el incidente como uno de los peores desastres ecológicos de la última década en la región.

Comunidades en crisis: Enfermedades, pérdida de ingresos y desplazamientos

Más de 20 comunidades rurales se encuentran en emergencia sanitaria. Las familias han perdido sus fuentes de agua potable y alimentos. Autoridades de salud han confirmado brotes de enfermedades respiratorias, irritaciones cutáneas y problemas gastrointestinales.

“El agua huele mal, los niños ya se están enfermando y nadie nos da respuesta clara”, lamentó una madre afectada.

Los sectores pesquero y agrícola, vitales para la economía local, están completamente paralizados. La pesca y la siembra se han vuelto actividades imposibles en zonas contaminadas, provocando pérdidas económicas y desempleo.

Acciones del gobierno y Pemex: ¿Suficientes?

Pemex ha desplegado brigadas para sellar la fuga, instalar barreras de contención y recuperar el crudo derramado en cuerpos de agua. También se han distribuido insumos básicos como agua potable y atención médica en las comunidades más afectadas.

No obstante, diversas organizaciones civiles denuncian que las medidas son insuficientes y carecen de un plan de restauración ambiental a largo plazo.

“No hay transparencia ni estudios públicos del impacto real. Solo hay respuestas reactivas y lentas”, acusan representantes locales.

¿Cuánto tiempo tomará recuperar el ecosistema?

Especialistas ambientales estiman que la recuperación del ecosistema podría tardar entre 10 y 20 años, dependiendo de la calidad de las acciones de remediación y la persistencia de contaminantes en el ambiente.

  • La remediación de suelos puede tardar de 5 a 15 años.
  • Los cuerpos de agua contaminados podrían necesitar entre 3 y 10 años para regenerarse parcialmente.
  • La biodiversidad local podría requerir décadas para restablecerse, y algunas especies podrían desaparecer definitivamente.

Exigen justicia y reparación

Organizaciones sociales, líderes comunitarios y habitantes de la región han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia ambiental. Demandas legales, bloqueos carreteros y concentraciones han surgido con fuerza en los últimos días.

Entre las exigencias se encuentran indemnizaciones, reubicación temporal de las familias más vulnerables, atención médica especializada y un monitoreo independiente de la contaminación.

“Ya basta de convertir Tabasco en un basurero tóxico. Queremos vivir sin miedo a que el agua nos mate”, fue una de las consignas más repetidas durante una reciente movilización en Villahermosa.

Este desastre en Tabasco no es solo una tragedia ambiental, sino un llamado urgente a revisar la operación de la industria petrolera en zonas ecológicamente sensibles. La recuperación requerirá años de trabajo, voluntad política y justicia para quienes hoy están pagando el costo más alto.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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Nacional

EL DILEMA DIGITAL: ¿LIBERTAD O CONTROL? MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA DE REGULAR LAS PLATAFORMAS

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La intensa y a menudo polarizada discusión sobre la necesidad y el alcance de la regulación de las plataformas digitales en México ha alcanzado un nuevo punto álgido esta semana. Diversos sectores de la sociedad, desde empresarios tecnológicos hasta defensores de los derechos de los usuarios, han expresado sus opiniones en foros públicos y a través de comunicados, evidenciando la complejidad del tema.

El debate central gira en torno a equilibrar la innovación y el crecimiento económico que impulsan estas plataformas con la protección de los derechos de los consumidores, la competencia justa y la seguridad de los datos. Por un lado, representantes de la industria tecnológica advierten sobre el riesgo de sofocar la creatividad y la inversión si se implementan regulaciones excesivas o mal concebidas. Argumentan que la naturaleza dinámica y transfronteriza de las plataformas digitales requiere un enfoque regulatorio flexible y adaptable.

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores enfatizan la creciente influencia de estas plataformas en la vida cotidiana y la necesidad de establecer reglas claras para evitar prácticas monopólicas, la difusión de desinformación y la vulneración de la privacidad de los usuarios. Casos recientes de controversia en torno al manejo de datos personales y la moderación de contenidos han alimentado la urgencia de una intervención regulatoria.

Esta semana, un panel de expertos convocado por la Comisión de Economía del Senado presentó un informe preliminar que analiza diferentes modelos regulatorios implementados en otras naciones, como la Unión Europea y Estados Unidos. El informe destaca la necesidad de un enfoque integral que considere las particularidades del mercado mexicano y los desafíos específicos que plantean las plataformas digitales en el contexto nacional.

Entre los puntos más controvertidos se encuentran la definición del alcance de la regulación (¿qué tipo de plataformas deberían ser incluidas?), los mecanismos para garantizar la transparencia en los algoritmos, las medidas para fomentar la competencia y evitar el abuso de posición dominante, y los mecanismos de protección para los usuarios en cuanto a sus datos personales y la calidad de los servicios ofrecidos.

Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen los debates y se presenten propuestas legislativas concretas. La sociedad mexicana observa con atención este proceso, consciente del impacto significativo que la regulación de las plataformas digitales tendrá en el futuro de la economía, la comunicación y la vida social del país. La búsqueda de un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos sigue siendo el principal desafío en esta crucial discusión.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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