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Opinión

LEY INGRID

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Por: Dileri Olmedo. 

Una dura realidad es el hecho de que muchas veces la ley no logra anticiparse a los sucesos delictivos o no logra contemplar todos los delitos hasta que suceden. Tal fue el caso de la Ley Ingrid, que se deriva de un suceso trágico y un mal manejo de información privilegiada, sólo hasta ese momento empezó a contemplarse como sancionar a quienes cometan este tipo de faltas. 

A raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, acaecida el pasado 9 de febrero del año en curso, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó la iniciativa al Congreso capitalino para crear el artículo 293 Quater, también conocido como “Ley Ingrid”, con el que se busca sancionar a servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite.

La iniciativa entregada a los integrantes de la Mesa Directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso capitalino, establece que el servidor público que por su acceso a información privilegiada indebidamente filtre imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como un delito, se le sancionará con prisión de dos a ocho años y una multa de entre 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

En caso de tratarse de imágenes, audios o videos de cadáveres o partes de cuerpo, de las circunstancias en las que se dió la muerte, la gravedad de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán una tercera parte.

Tratándose de información sobre mujeres, niñas y adolescentes, las penas se incrementarán hasta 12 años de prisión y en caso de que el servidor público que filtre la información sea un integrante de alguna institución policial, podrían ir a prisión hasta por 16 años.

En el encuentro celebrado en el órgano legislativo de Donceles y Allende, la Fiscal explicó que el detonante de esta iniciativa fue lo que ocurrió en el feminicidio de Ingrid Escamilla, donde se difundieron las imágenes de la escena del crimen.

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Volviendo al tema en cuestión, en Quintana Roo con el propósito de proteger los derechos humanos y la dignidad de las víctimas y sus familias mediante la aplicación de sanciones a quienes filtren o difundan imágenes, audios o videos relacionados con procesos legales, se presentó la iniciativa de ley para adicionar el artículo 204 Ter al Código Penal de Quintana Roo, mejor conocida como “Ley Ingrid”.

La iniciativa de ley fue presentada por el diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, en colaboración con las diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Érika Castillo Acosta, Linda Cobos Castro, Cristina Torres Gómez, Atenea Gómez Ricalde, Iris Mora Vallejo, Tyara Shleske de Ariño, Ana Pamplona Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva.

En esta iniciativa se contemplan sanciones para quienes difundan, entreguen, publiquen, transmitan u oferten imágenes, audios, videos o documentos de los hechos, tales como el hallazgo, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal.

De acuerdo con la iniciativa, se propone de dos a ocho años de prisión para cualquier persona que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte,  intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señale como delito. 

En la iniciativa se proponen de 2.5 años a 10.5 años de prisión cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias bajo las que se dió la muerte, las lesiones o el estado de salud de las víctimas. Otra de las sanciones propuestas es la prisión de tres a doce años cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes. 

Si el delito es cometido por servidores públicos, las penas aumentan hasta una mitad más, explicó el diputado Edgar Gasca.

Una vez más, tenemos una ley que se deriva de un hecho trágico ocurrido en contra de una mujer, por hecho trágico entiéndase cualquier situación bajo la que se vulnere la dignidad e integridad física y emocional de una mujer, aunque no es posible prevenir todas las situaciones con leyes que las sancionen, si deberíamos detenernos a reflexionar el rumbo que está tomando el país y su sociedad. 

Ya para concluir queremos compartirles la siguiente frase de Ellie Wiesel, escritor estadounidense sobreviviente de los campos de concentración y el holocausto Nazi:

Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo (Elie Wiesel)

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Opinión

¿PODRÁN SACAR CHATARRA DE ESCUELAS?

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“La Última Palabra”

En los sexenios de Calderón y Peña Nieto lo intentaron, pero ConMexico se opuso y les ganó la batalla. ConMéxico es el rostro de las corporaciones de alimentos ultraprocesados que ha bloqueado repetidamente las políticas públicas para sacar de las escuelas los productos con etiquetas de advertencia para prevenir la pandemia de sobre peso, obesidad y diabetes que afecta a una de cada seis personas en México y que uno de cada dos niños y niñas va a desarrollar diabetes.

Ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum buscaron a esos mismos empresarios para supuestamente convertirlos en aliados, para erradicar los alimentos “chatarra” de las escuelas. ¿Podrán ahora sí?

La reunión que sostuvo el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo con los empresarios que producen precisamente esa comida “chatarra” causó natural escozor debido a que ellos producen los ultraprocesados que se venden en las tiendas escolares, mismos que deberán desaparecer a partir del próximo mes de mayo, de acuerdo a las reformas constitucionales y a las leyes de educación y salud, principalmente.

Se trata de las empresas Bimbo, Cocacola, PepsiCo, Oxxo , Nestlé, Kelloggs, Femsa, Unilever, Barcel, que han promovido amparos y campañas contra los intentos anteriores, alegando que van contra el libre comercio y que eran anti constitucionales.

Ahora Mario Delgado firma un acuerdo con este conglomerado, mediante el cual las empresas que lo conforman aportarán a las escuelas basculas, materiales para promover la activación física y compartir información de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en las escuelas.

El motivo que detonó la inconformidad es que Mario Delgado se percibe públicamente como una persona no confiable y se sospecha que ese acuerdo con las mega empresas tiene otros fines ocultos, ya que no se puede explicar que las empresas “chatarreras” apoyen acciones que van contra sus propios intereses, cuan do en anteriores ocasiones han cabildeado y lanzado campañas mediáticas que impidieron en el pasado implementar estas acciones que ahora se denominan bajo la estrategia “Vive saludable. Vive feliz”.

Ante la andanada que recibió Mario Delgado tuvo que responde el pasado domingo que “no habrá ningún paso atrás porque la ley no se negocia”.

Informó que ya se ha capacitado a un millón de personas en las escuelas sobre qué sí y que no se puede vender en las tiendas escolares e incluso dio a conocer el portal www.vidasaludable.gob.mx, donde se comparte información al respecto.

Sin embargo, con Mario Delgado al frente el problema es la desconfianza que existe sobre este tenebroso personaje que dejó un mal sabor de boca como presidente de Morena, a pesar de los buenos resultados electorales del 2024, mismo que se adjudican a la fuerza del obradorismo y no por, mejor dicho a pesar de, Mario Delgado. Son meses cruciales para este tercer intento de implementar una estrategia verdadera para enfrentar la epidemia de salud más grave en la historia moderna de México. Usted tiene la última palabra.

Por: Jorge A. Martínez Lugo

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La acertada política de Estefanía en materia de seguridad

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Hasta agosto del 2024, un mes antes que llegara la administración municipal que hoy encabeza Estefanía Mercado Asencio, se daban cada mes 7 incidentes de homicidios en Playa del Carmen, así como 72 casos de narcomenudeo, 85 robos de vehículos, 43 robos a casa habitación, 24 robos a negocios, 58 incidentes de lesiones, 16 violaciones y 109 casos de violencia familiar, según la información del Semáforo Delictivo de Quintana Roo.


Con estas estadísticas del gobierno pasado, era lógico que la sociedad playense sufriera temor hasta de ir a las plazas, por los incidentes delictivos, no solo contra su persona, sino también contra sus bienes. Pero esta situación social no podía quedarse así, por lo que desde el primer día de su gobierno, Estefanía Mercado Asencio y su equipo, comenzaron a escribir una nueva historia donde la paz se construye con inversión, con proximidad y con una política pública seria, respaldada por instituciones sólidas y servidores públicos comprometidos.


Como lo comenté hace unas semanas, la inversión de 1 mil 200 millones de pesos en materia de seguridad, empieza a dar los resultados, al menos, desde hace una semana que el patrullaje se realiza de manera constante y la respuesta al 911 es más rápida, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM), ha logrado la detención de diez personas dedicadas al narcomenudeo, el aseguramiento de 676 dosis de presuntos narcóticos, tres armas de fuego y 31 cartuchos útiles fuera de circulación; así como realizar operativos exitosos en colonias como Ejido, In House, Nueva Creación y Colosio; además de las comunidades conurbadas.


No puedo dejar de pasar por alto el reciente hecho a principio de semana, el rescate de una joven víctima de privación ilegal de la libertad, lo que fue posible gracias a una acción inmediata y efectiva por parte de la Policía Municipal.


A los playenses, a los visitantes y a todo Quintana Roo, les queda muy claro que Estefanía Mercado tiene una visión clara, decidida y comprometida con el pueblo, en materia de seguridad, porque este tema no es un discurso de buenas intenciones, es acción, estrategia y voluntad política. Por eso es que hoy Playa del Carmen se posiciona como el municipio con la mayor inversión per cápita en seguridad en todo México. Una cifra que por sí misma refleja una prioridad indiscutible, pero que cobra aún más relevancia cuando se traduce en resultados concretos que impactan directamente en la vida de la sociedad.


Quizá en la mente de la Presidenta Municipal playense, está la opinión que más allá de cualquier estadística, la inversión en seguridad demuestra que salva vidas y protege derechos. La política en materia de seguridad de Estefanía Mercado, manda un mensaje claro: en Playa del Carmen no hay espacio para la impunidad ni para la violencia de género.


La muestra está en la presencia activa del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), la rápida reacción del patrullaje estratégico y el enfoque preventivo impulsado por la administración municipal, muestran una transformación profunda en la forma de entender y ejecutar la Seguridad Pública. Una seguridad humana, profesional y con perspectiva de justicia social.


Quiero destacar, que de 8 semáforos en rojo en agosto de 2024 que tenía Playa del Carmen, ahora solo tiene 4, hay mucho por hacer, pero los logros están a la vista de todos los habitantes y los visitantes a este destino turístico.


Les dejo con esta frase del discurso de la Presidenta al entregar las patrullas a Seguridad Pública: No venimos a improvisar, venimos a transformar con hechos. Hoy, más que nunca, la seguridad en Playa del Carmen no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Y este gobierno, está demostrando que cumplirle al pueblo no es una promesa, es una forma de gobernar. Ahí se las dejo…


SASCAB
Estamos en el periodo conocido como Semana Santa, el paro de maestros al fin logró solucionarse; ya prometieron que regresarán a las aulas a partir del lunes 28 de abril. No quiero pensar mal, pero al parecer los paristas también se fueron de vacaciones. Al tiempo…

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