Por: Dileri Olmedo. 

Una dura realidad es el hecho de que muchas veces la ley no logra anticiparse a los sucesos delictivos o no logra contemplar todos los delitos hasta que suceden. Tal fue el caso de la Ley Ingrid, que se deriva de un suceso trágico y un mal manejo de información privilegiada, sólo hasta ese momento empezó a contemplarse como sancionar a quienes cometan este tipo de faltas. 

A raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, acaecida el pasado 9 de febrero del año en curso, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó la iniciativa al Congreso capitalino para crear el artículo 293 Quater, también conocido como “Ley Ingrid”, con el que se busca sancionar a servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite.

La iniciativa entregada a los integrantes de la Mesa Directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso capitalino, establece que el servidor público que por su acceso a información privilegiada indebidamente filtre imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como un delito, se le sancionará con prisión de dos a ocho años y una multa de entre 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

En caso de tratarse de imágenes, audios o videos de cadáveres o partes de cuerpo, de las circunstancias en las que se dió la muerte, la gravedad de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán una tercera parte.

Tratándose de información sobre mujeres, niñas y adolescentes, las penas se incrementarán hasta 12 años de prisión y en caso de que el servidor público que filtre la información sea un integrante de alguna institución policial, podrían ir a prisión hasta por 16 años.

En el encuentro celebrado en el órgano legislativo de Donceles y Allende, la Fiscal explicó que el detonante de esta iniciativa fue lo que ocurrió en el feminicidio de Ingrid Escamilla, donde se difundieron las imágenes de la escena del crimen.

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Volviendo al tema en cuestión, en Quintana Roo con el propósito de proteger los derechos humanos y la dignidad de las víctimas y sus familias mediante la aplicación de sanciones a quienes filtren o difundan imágenes, audios o videos relacionados con procesos legales, se presentó la iniciativa de ley para adicionar el artículo 204 Ter al Código Penal de Quintana Roo, mejor conocida como “Ley Ingrid”.

La iniciativa de ley fue presentada por el diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, en colaboración con las diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Érika Castillo Acosta, Linda Cobos Castro, Cristina Torres Gómez, Atenea Gómez Ricalde, Iris Mora Vallejo, Tyara Shleske de Ariño, Ana Pamplona Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva.

En esta iniciativa se contemplan sanciones para quienes difundan, entreguen, publiquen, transmitan u oferten imágenes, audios, videos o documentos de los hechos, tales como el hallazgo, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal.

De acuerdo con la iniciativa, se propone de dos a ocho años de prisión para cualquier persona que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte,  intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señale como delito. 

En la iniciativa se proponen de 2.5 años a 10.5 años de prisión cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias bajo las que se dió la muerte, las lesiones o el estado de salud de las víctimas. Otra de las sanciones propuestas es la prisión de tres a doce años cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes. 

Si el delito es cometido por servidores públicos, las penas aumentan hasta una mitad más, explicó el diputado Edgar Gasca.

Una vez más, tenemos una ley que se deriva de un hecho trágico ocurrido en contra de una mujer, por hecho trágico entiéndase cualquier situación bajo la que se vulnere la dignidad e integridad física y emocional de una mujer, aunque no es posible prevenir todas las situaciones con leyes que las sancionen, si deberíamos detenernos a reflexionar el rumbo que está tomando el país y su sociedad. 

Ya para concluir queremos compartirles la siguiente frase de Ellie Wiesel, escritor estadounidense sobreviviente de los campos de concentración y el holocausto Nazi:

Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo (Elie Wiesel)