Nacional
Humberto Moreira pierde demanda contra Sergio Aguayo

CIUDAD DE MÉXICO, 31 DE MARZO.- En junio de 2016, Humberto Moreira demandó al académico Sergio Aguayo, argumentando que una de sus columnas había dañado su honor, por lo que le exigía el pago de 10 millones de pesos para restañar sus“sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”.
“El viernes 29 de marzo de 2019 el juez falló a mi favor. Concluyó que el profesor Moreira “no acreditó su acción” y dio por válidos mis argumentos”, indicó Aguayo en un comunicado, en el que refirió que “este litigio ilustra la creciente utilización de las demandas por “daño moral” para acosar a periodistas“.
La demanda se remonta al 20 de enero de 2016, cuando Aguayo publicó una columna en Reforma y otros diarios. En ese momento Moreira estaba encarcelado en España y entre otras cosas el académico comentó que “es un político que desprende [un] hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.TE PUEDE INTERESAR
En junio de 2016, el ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI demandó a Aguayo por dichas frases. Según él, Aguayo lo hizo para “ofender, insultar, calumniar y propinar injurias” lo que atentaba contra sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”. Tasó en por lo menos 10 millones de pesos la reparación con la cual mitigaría el “daño moral”. Es decir, los 10 millones eran un punto de partida.
Aguayo sostuvo que sus afirmaciones tenían información sólida pues contaba, por ejemplo, con copia del documento empleado por la Audiencia Nacional de España para detener a Moreira, como presunto responsable de los “delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, […] malversación de caudales públicos y cohecho”. Después de publicada mi columna la Audiencia Nacional de España lo exoneró y él regresó inmediatamente a México.

“Su demanda era ilógica porque hubo textos mucho más críticos y porque dejó pasar seis meses para presentarse ante el juzgado. La hipótesis que formulé –y que sigo creyendo—es que buscaba intimidarme y desgastarme porque en marzo de 2016 empecé a coordinar desde mi institución, El Colegio de México, una investigación sobre las atrocidades cometidas por los Zeta en Allende y Piedras Negras, Coahuila. Ello implicaba revisar algunos de los años en que fue gobernador de aquel estado (dejó el cargo en enero de 2011)”, consideró Aguayo.
“Los primeros seis meses de litigio fueron una pesadilla. El juez que llevaba el asunto concedía a los abogados de Moreira todas las peticiones, incluidas las más absurdas. Era obvio que fallaría en mi contra. En febrero de 2017 –y después de quejas formales e informales ante el poder judicial de la capital– pasaron el caso al juez décimosexto de lo civil, Francisco Castillo González, quien se ha comportado profesionalmente”, contó el académico.
“En México, quienes escribimos en medios estamos expuestos a la ira de políticos y gobernantes, de empresarios deshonestos y de integrantes del crimen organizado. En los últimos años ha proliferado la costumbre de interponer demandas por “daño moral”. Son acusaciones graves por los múltiples vicios que tiene la justicia mexicana. Uno de ellos es la facilidad con la cual aceptan demandas por “daño moral” con exigencias monetarias desproporcionadas”, señaló.
“El desamparo se complica porque los organismos públicos de derechos humanos (el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la secretaría de Gobernación, por ejemplo) se desentienden de este tipo de ataques a la libertad de expresión. La situación se hace especialmente difícil para los colegas que trabajan en entidades de la república”, indicó.
“Las demandas por “daño moral” deben incluidas en el listado del arsenal empleado por quienes están empeñados en mantener a México en los primeros lugares de los países más peligrosos para el periodismo independiente”,finalizó.
Fuente: Excélsior

Nacional
OLA DE DESAPARICIONES EN LA CARRETERA MONTERREY-REYNOSA DESATA ALERTA INTERNACIONAL

La carretera que conecta Monterrey, Nuevo León, con Reynosa, Tamaulipas, se ha convertido en escenario de creciente preocupación ante una serie de desapariciones reportadas en los últimos días. Al menos seis personas han desaparecido recientemente en este tramo, lo que ha provocado la reacción inmediata de autoridades nacionales e internacionales.
El tramo más peligroso identificado se encuentra entre Cadereyta y Los Ramones, donde se han concentrado los casos. Entre los desaparecidos hay tres mujeres que regresaban de una visita familiar, así como un enfermero que se dirigía a su trabajo en Reynosa. Cuatro de las víctimas fueron localizadas con vida, pero no han brindado declaraciones públicas; las otras dos personas siguen sin ser localizadas.

Las autoridades estatales han desplegado operativos en caminos rurales cercanos, donde fueron hallados vehículos abandonados. Se teme la posible operación de una red criminal que aprovecha la falta de vigilancia en ciertas zonas de la carretera.
Este tramo es una ruta estratégica para el comercio y la movilidad entre el norte de México y la frontera con Estados Unidos. La situación no solo pone en riesgo a la población local, sino también a trabajadores del transporte, turistas y familias enteras que transitan por esta vía.

Se recomienda no viajar de noche, evitar paradas innecesarias y mantener informados a familiares sobre el itinerario de viaje. La situación también ha sido señalada por observadores internacionales como un reflejo de los retos de seguridad que enfrenta el país en regiones clave.
La incertidumbre y el miedo siguen creciendo entre los habitantes de los municipios cercanos, mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda y vigilancia reforzada.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
FGR INVESTIGA A ALCALDES Y DIPUTADOS DE GUANAJUATO POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL NARCO

La Fiscalía General de la República inició una investigación contra varios alcaldes y diputados en funciones en Guanajuato por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. Las indagatorias son conducidas por autoridades federales con acompañamiento institucional del gobierno estatal.
Aunque no se han revelado nombres ni afiliaciones políticas, se estima que al menos ocho funcionarios electos podrían estar relacionados con organizaciones delictivas. Esta situación ya había sido advertida públicamente en 2024, cuando surgieron señalamientos sobre posibles candidatos con nexos criminales, cuyas denuncias fueron remitidas a la fiscalía correspondiente.
Actualmente, ninguna de las carpetas ha sido judicializada. Desde el gobierno estatal se pidió responsabilidad y prudencia para no entorpecer el debido proceso. Las autoridades insisten en que no se busca generar escándalos, sino actuar conforme a derecho cuando existan elementos suficientes.
La ciudadanía sigue con atención el desarrollo del caso, que podría derivar en consecuencias políticas y legales importantes. La situación también pone sobre la mesa la urgencia de reforzar los controles durante los procesos electorales y la vigilancia sobre quienes aspiran a cargos públicos.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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