Nacional
Generalizada, la compra de voto en este proceso electoral: Comité Conciudadano
CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE MAYO.- El Comité Conciudadano, agrupación de la sociedad civil que hizo importantes aportaciones en elecciones pasadas, percibe un ambiente generalizado de compra y coacción del voto y reprocha que no haya “una actuación contundente para frenarlas por parte de las autoridades electorales”.
La agrupación emitió un comunicado en el que también señala que el proceso electoral en desarrollo se realiza en medio de un “debilitamiento generalizado” de las instituciones que son claves para el combate a la corrupción, para la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales y para generar condiciones de certeza en la contienda.
El comunicado sostiene que estamos ante “una reedición de lo ocurrido anteriormente en particular durante las elecciones de los estados de México y Coahuila en 2017, cuando se vulneró la voluntad popular y se vivió un infierno electoral marcado por la despilfarradora compra de votos.
El Comité Conciudadano cuestiona también la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la Presidencia de la República, por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A continuación, el comunicado íntegro, que suscriben Clara Jusidman, Miguel Concha,Alberto Aziz, Alberto Barranco, Carlos Pérez, Miguel Eraña, Sergio Ramírez, Ana Saiz, Alberto Serdán, entre otros juristas, académicos y activistas:
Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
17 de mayo de 2018
•Las campañas en 2018 enfrentan un debilitamiento generalizado de las instituciones clave para el combate a la corrupción, para la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales y para generar condiciones de certeza en la contienda.
• Hay una ausencia de designaciones en varias instituciones fundamentales para garantizar el combate a la corrupción
• Se registra una vulneración de las instituciones electorales al remover a titulares incómodos o bien al ser capturadas mediante la designación de titulares, consejeros y magistrados al servicio de agendas partidistas y de poderes de hecho
• La observación ciudadana de las elecciones tanto nacional como internacional tendrá su nivel más bajo desde que fue instituida por ley.
• Los avances en la protección del uso electoral de programas sociales han sido revocados por el TEPJF y se han designado operadores políticos en áreas clave del desarrollo social.
• Se percibe un ambiente generalizado de compra y coacción del voto por todos los partidos y coaliciones, sin una actuación contundente para frenarla por parte de las autoridades electorales.
El Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018, integrado por un colectivo de personas y organizaciones que hemos observado cuatro procesos electorales federales desde hace más de diez años y elaborado propuestas de modificación al sistema electoral, hemos decidido reunirnos de nuevo porque vemos con suma preocupación las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo el proceso electoral en curso.
Se trata de una reedición de lo ocurrido anteriormente en particular durante las elecciones de los estados de México y Coahuila en 2017 cuando se vulneró la voluntad popular y se vivió un infierno electoral marcado por la despilfarradora compra de votos.
En materia de designaciones, a la fecha:
o No se cuenta con un Fiscal General de la República, por el contrario, se tiene a un encargado de despacho más preocupado por esconder procesos judiciales ligados al financiamiento ilícito de campañas como el de Odebrecht o por rescatar a Alejandro
Gutiérrez, presunto responsable de desviación de recursos del presupuesto del Estado de Chihuahua, que en procurar justicia en el ámbito federal.
o Tampoco se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción y, por tanto, no se han habilitado las atribuciones y facultades que establece la ley en la materia.
o No han sido designados los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, se ha limitado el alcance de las reformas promovidas para imponer sanciones derivadas de faltas graves (corrupción) cometidas por servidores
públicos o particulares, así como para resarcir el daño o perjuicio que sufra el erario.
o Además, la Auditoría Superior de la Federación se quedó tres meses sin titular justo al inicio de las precampañas durante el primer trimestre de 2018. Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) fue vulnerada al remover a Santiago Nieto Castillo como su titular en vísperas del arranque del proceso electoral. No escapa a la vista que ahora la persona designada como director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE haya sido anteriormente Fiscal Central Jurídico del Estado de México en el contexto de las elecciones a gobernador de esa entidad federativa y que ante el cúmulo de irregularidades, éstas simplemente no se atendieron.
Los Órganos Internos de Control han sido capturados.
El caso más escandaloso es el de SEDESOL cuya inoperancia ha sido puesta en evidencia por investigaciones periodísticas como la Estafa Maestra que dan cuenta del desvío millonario de recursos por parte de la dependencia hacia universidades públicas para evitar la obligación de licitar contratos y dichas universidades entregaron recursos a empresas fantasma sin que se activaran los
mecanismos internos del control del gasto. Existe la sospecha sobre el uso de estos recursos para pagar operadores políticos en elecciones locales a favor del partido gobernante.
A ello se agrega que la anterior presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahora es candidata a diputada plurinominal por el PRI poniendo en entredicho su presunta imparcialidad al tratar los asuntos de su dependencia. En esa lógica la opacidad del caso Odebrecht fue decretada por el INAI en tiempos de Ximena Puente, quien ahora es premiada con una candidatura.
A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido capturado por los partidos políticos teniendo como consecuencia la emisión de sentencias y criterios que no tutelan la democracia y, por el contrario, la menoscaban.
Un episodio, no menor, fue el rechazo por parte del Tribunal hacia los criterios del Consejo General del INE del 5 de septiembre de 2017 (INE/CG398/2017) para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda, normando el principio de imparcialidad, el uso de la propaganda gubernamental y la operación de los programas sociales. Sobre este último punto, el TEPJF revocó medidas que impidieran la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que impliquen el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral.
También se revocaron medidas para exigir transparencia en el uso de programas sociales con la publicación en tiempo real de padrones de beneficiarios, calendarios de pago y gasto ejercido, así como sus reglas de operación y el impedimento de crear nuevos programas en época electoral.
Son muy cuestionables los fundamentos usados en la decisión del TEPJF para aceptar la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia de la República y para haber aumentado hasta en diez veces el límite de financiamiento privado para los candidatos independientes, previamente definido por el Instituto Nacional Electoral.Finalmente, no parece haber observación internacional de todas las etapas de Proceso
Electoral sino sólo del día de la jornada. Además, el fondo para la observación electoral nacional, disminuyó en 81 por ciento en términos reales entre 2012 y 2018 para quedar en sólo 19 millones. y permitirá financiar solamente a 29 proyectos de organizaciones de la sociedad civil, lejos de las 190 financiadas en las elecciones presidenciales pasadas En esta ocasión y por primera vez, el fondo fue constituido sin la participación de la Secretaría de Gobernación.
En este marco, el debilitamiento institucional se profundiza cuando ante las evidencias de compra y coacción del voto a través del uso electoral de programas sociales, lejos de establecer mecanismos para impedirlo, se nombran a operadores políticos para facilitarlo.
Es el caso de SEDESOL donde su nuevo titular, Eviel Pérez Magaña, no cuenta con experiencia en política social sino en operación política. No es gratuito que entre sus primeras acciones estuvieran el nombrar a operadores políticos al frente de la subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, de la Coordinación de Delegaciones de la dependencia, al Abogado General, y al Oficial Mayor quien, antes de ocupar este puesto, laboró en la Secretaría de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Esto aunado al hecho que se incrementaron considerablemente los fondos para programas sociales en las 9 entidades que tienen elección de Gobernador y que el gobierno federal gestionó préstamos por 300 millones de dólares del Banco Mundial para ampliar el programa Prospera en 2018.
Los ciudadanos nos oponemos a la actuación de autoridades y partidos en el margen de la ley con la intención de influir en las preferencias electorales de la población en situaciónvulnerable. Urgimos a autoridades y partidos a respetar la libertad del voto y a evitarcualquier tipo de violencia o coacción hacia los electores.
En suma, el proceso electoral de 2018 se encuentra vulnerado por acciones u omisiones tendientes a debilitar a las instituciones encargadas del combate a la corrupción, de la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales, de su sanción y disuasión.
Desde la perspectiva del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018 la certeza e imparcialidad en la contienda está en entredicho y ello es preocupante.
Firman:
Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Alberto Aziz, Alberto Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Angélica Carrasquedo, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Miguel Eraña, Aidé García, Vanessa González, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Santiago Nieto, Joaquín Osorio, Ivet Pérez, Carlos Pérez, Sergio Ramírez, Ana Saiz, Alberto Serdán, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Marcela Velázquez.
FUENTE ARISTEGUI NOTICIAS
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Nacional
SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:
- SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
- EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
- EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
- GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.
Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo
Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.
Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.
Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.
Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.
Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.
Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.
Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.
Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.
Nacional
IMPULSAN REGULACIÓN DIGITAL PARA TRANSFORMAR EL TURISMO EN MÉXICO
Ciudad de México.— En un contexto de acelerada transformación tecnológica, el senador por Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Turismo que propone la regulación de plataformas digitales de servicios turísticos, con el objetivo de integrarlas de manera equilibrada al sistema nacional. La propuesta busca fortalecer la innovación sin descuidar la certeza jurídica, la protección de los turistas y el orden en el sector.
El planteamiento legislativo, construido a partir del diálogo con representantes del sector turístico, pretende establecer un punto medio entre la permisividad absoluta y las restricciones excesivas, atendiendo una realidad donde las plataformas digitales han modificado profundamente la dinámica del hospedaje y otros servicios relacionados.

“Esta reforma no busca prohibir plataformas digitales; busca integrarlas, ordenarlas y generar reglas claras para todas y todos”, afirmó el senador, al destacar la necesidad de contar con un marco legal actualizado acorde a la era digital. Subrayó que la legislación vigente fue diseñada antes de la expansión de estas tecnologías, lo que ha generado vacíos legales que hoy requieren atención urgente.
Entre los elementos clave de la iniciativa se encuentra el reconocimiento formal de estas plataformas como intermediarios tecnológicos, así como la obligación de registro para anfitriones, intermediarios y empresas en el Registro Nacional de Turismo. Además, contempla mecanismos de transparencia, estándares de calidad, protección de datos personales y cumplimiento de obligaciones fiscales.
Asimismo, se propone otorgar mayores facultades a estados y municipios para regular aspectos como permisos, uso de suelo y operación territorial, considerando que estas autoridades enfrentan directamente los impactos sociales, urbanos y económicos del hospedaje digital.
La reforma plantea también fomentar una competencia equitativa entre establecimientos tradicionales y plataformas digitales, al tiempo que busca reducir los riesgos asociados a la informalidad y proteger a las comunidades locales. Con ello, se pretende posicionar a México como referente regional en regulación del turismo digital, promoviendo un crecimiento ordenado, sostenible y con beneficios compartidos.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias: Comunicado

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