Aunque es un delito del que mucho se habla, pocos toman en cuenta la factura a la salud mental que significa no resolverlo.

Conciencia Saludablemente

Por: Psicol. Alex Barrera

La reciente aprobación en el Congreso de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión marca un antes y un después jurídico en México: la reforma aspira a homogeneizar criterios, perseguir el delito de oficio y endurecer sanciones frente a una práctica que se ha disparado en los últimos años. La votación responde a una urgencia tangible: la extorsión ya no es un daño sólo económico, es una máquina de erosionar vidas. 

Los números lo confirman y, a la vez, ocultan realidades. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, en 2023 se cometieron 747 mil delitos de extorsión contra unidades económicas, cifra que ilustra la magnitud del fenómeno entre negocios formales.  Cabe señalar que las estadísticas oficiales de carpetas de investigación son mucho menores por no decir engañosas, precisamente es por la altísima “cifra negra” (cantidad de delitos que no se registran en las estadísticas oficiales) que la mayoría de las víctimas no denuncia, es decir las víctimas tienen miedo o desconfianza institucional.  

El impacto económico también aparece con cifras contundentes. Coparmex y diversas estimaciones señalan pérdidas multimillonarias: sólo en 2025, hasta septiembre, las extorsiones han significado una erogación que supera los 21 mil millones de pesos para empresarios, además de multiplicar costos en seguridad privada y obstaculizar la inversión. 

El daño no se limita a lo material. La extorsión induce estrés crónico, ansiedad, insomnio y sensación de indefensión tanto en propietarios como en trabajadores. Pequeños comerciantes describen la extorsión como un “perdón a cambio de sobrevivir”: pagar para continuar operando. Esa lógica genera culpabilidad, vergüenza y un desgaste emocional que se transmite al núcleo familiar y comunitario. Estudios sobre victimización muestran que la repetición del ataque y la impunidad fomentan trastornos de estrés postraumático, depresión y paranoia colectiva, los cuales han sido publicados por ENVE/INEGI y reportes de victimización.  

Las consecuencias secundarias son palpables: zonas enteras ven cerrar negocios ante la imposibilidad de sostener pagos extorsivos o por la pérdida de clientes ante la percepción de riesgo. En Sinaloa, por ejemplo, Coparmex reportó el cierre de alrededor de 2 mil empresas en el primer semestre de 2025 atribuible al clima de inseguridad local; sin embargo, no existe aún una cifra nacional homologada sobre cierres empresariales exclusivamente por extorsión.  

Ese silencio la llamada la cifra negra agrava el golpe psicológico. No denunciar porque temes represalias o porque “las autoridades no harán suficiente” es una doble privación: económica y emocional. La persona queda aislada, sin redes de apoyo formales, normalizando el temor y enquistando el daño. A nivel comunitario, esa normalización mina la confianza social y la capacidad de resiliencia colectiva, además activa un mecanismo de defensa en el cerebro sobre todo porque como miembro de una comunidad el miedo se agrava pues ya no tienes libertad de acudir a lugares recreativos, esto se convierte en una viciosa cadena, que impacta también la economía, pues la extorción desmotiva la inversión, reduce fuentes de ingreso y atemoriza a la comunidad, es decir que el daño es sistémico. 

Frente a este panorama, la ley y las acciones policiales son necesarias pero insuficientes por sí solas. Es imprescindible integrar respuestas que atiendan la salud mental de las víctimas: protocolos de contención, orientación jurídica y fundamentalmente atención psicológica especializada.  

La terapia ayuda a procesar el trauma, recuperar la calma y volver a sentir que se tiene control sobre la propia vida. También permite desarrollar estrategias para manejar el miedo y evitar que este se vuelva permanente. Intervenciones breves, apoyo psicoeducativo y programas comunitarios de resiliencia pueden reducir la ansiedad, mejorar el sueño y favorecer decisiones más seguras, ya sea sobre denunciar o reestructurar la actividad económica. 

La extorsión ataca hogares y tejido económico, pero también hiere la confianza que sostiene la vida cotidiana. Por eso la política pública debe ir más allá de la cárcel para extorsionadores: debe contemplar la reparación integral del individuo y la comunidad, incluida la salud mental para que las personas y comunidades recuperen no sólo su patrimonio, sino su confianza. Si la ley ayer fortaleció la respuesta penal, hoy la prioridad es que la respuesta humana, psicológica y social. llegue al mismo ritmo. Buscar ayuda profesional no es solamente una medida individual: es un acto de reconstrucción colectiva. 

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**Además de 10 años de experiencia como comunicólogo, ejerciendo el periodismo. Alex Barrera es también psicólogo por la UNAM con profundización en desarrollo humano.
Actualmente brinda terapia clínica con enfoque Biopsicosocial.

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