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LOS TROPIEZOS DEL FISCAL RACIEL LOPEZ

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La hoy Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, antes Procuraduría General de Justicia (PGJ), ha estado en entredicho desde los tiempos de Francisco Alor Quesada (+) en el 2011, respecto a sus funciones imparciales, transparentes y de impartición de justicia pronta y expedita, sin que a la Legislatura y gobernante en turno le importe mucho.
Antes de diciembre de 2018 todos los procuradores y fiscales eran políticos y abogados quintanarroenses; pero precisamente para nombrar a su cuate, Carlos Joaquín González, entonces gobernador de Quintana Roo, envió a la XV Legislatura una propuesta de reforma a la Constitución del Estado, para eliminar el requisito que exigía a los fiscales haber nacido en Quintana Roo para poder ser elegibles al cargo, es así como llega Oscar Montes de Oca Rosales.
No puedo omitir los escándalos de cada Procurador y a partir del 2016 de cada Fiscal. Por ejemplo, en el 2011 Alor Quesada no pudo con los casos como el del cantante “Kalimba”, la grupera Ana Bárbara, el productor estadunidense Bruce Beresford-Redman, la explosión del hotel Grand Princess Riviera Maya, casos que quedaron impunes y que constituyeron un escándalo internacional.
Otro de los que dejó la entonces Procuraduría General del Estado sumida en la incertidumbre, corrupción e impunidad fue Gaspar Armando García Torres, quien llegó el 14 de abril de 2011, nueve días después del inicio del gobierno de Roberto Borge Angulo (2011-2016). Uno de los casos sonados en el 2013 fue el homicidio de Héctor Cacique Fernández, quien fue víctima de tortura por parte de la entonces Procuraduría; sin omitir que en el 2017 fue relacionado con el crimen organizado después de la detención de sus colaboradores Ángel Fernando T.C. y Guillermo A.V., con una prominente integrante de un grupo criminal en Cancún.
Después de Gaspar Armando, de septiembre de 2015 a diciembre de 2016, fungió como Procurador uno de los personajes más oscuros de la política quintanarroense, Carlos Arturo Álvarez Escalera (hoy en un cargo de medio pelo en el DIF Estatal), quien fue nombrado dentro del llamado “paquete de impunidad”, aprobado por la Legislatura para supuestamente proteger al exgobernador Roberto Borge Angulo ante eventuales investigaciones de malos manejos y desvíos de recursos.
Fue en el 2016 donde inicia el “parteaguas” de la Fiscalía del Estado, con la llegada del maestro Miguel Ángel Pech Cen, a quien el recién llegado gobernador Carlos Manuel Joaquín González, nombró como Fiscal, dado que deseaba hacer una diferencia de los gobiernos anteriores; pero no se cumplió, pues fue el propio Miguel Ángel Pech quien renunció por considerar que era imposible corregir una torcida y corrupta impartición de justicia en Quintana Roo. Atentó contra la libertad de expresión en el 2017, cuando ministeriales acorralaron a un ejecutivo de un diario, amenazándole e intimidándole, al investigar en Plataforma México, el vehículo en el que viajaban dichos tipos con placas UTP-982-B, Chevrolet Sonic, color blanco, modelo 2014, era una unidad a cargo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, bajo el mando del Fiscal Miguel Ángel Pech Cen.
A Miguel Ángel Pech Cen lo sustituye Gustavo Salas Salgado a partir de 1 de octubre de 2018 y estuvo en el cargo hasta diciembre de ese mismo año cuando el Congreso nombró a Óscar Montes de Oca Rosales.
Un año después, Óscar Montes de Oca Rosales y sudirector de Administración y Planeación, César Octavio Ayerdi Hernández, fueron responsables de discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, ejercicio abusivo de funciones. Para febrero de 2020, Óscar Montes de Oca Rosales ya había incorporado a la dependencia a más de 200 empleados nuevos, la mayoría de ellos provenientes de la Ciudad de México, a los que de manera local les apodaron “Los Chilangos”.
Es aquí donde empieza la historia de la procuración de justicia de Quintana Roo en mano de los “fuereños”, de quienes no tienen ningún arraigo genético, empresarial o de negocios en el Estado y quizá por ello, no les interesa hacerle daño a la imagen de la Entidad ente el mundo.
Pero quien supera y ha tenido tropiezos en su vida como político y servidor público, es el sustituto de Óscar Montes de Oca, Raciel López Salazar, quien, a un año y días de estar de manera oficial como Fiscal General del Estado (tres meses fue interino), tomó protesta el 19 de septiembre de 2024, ya tiene el control de la Seguridad Ciudadana en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen y Tulum, por medio de sus recomendados, los bautizados en Puebla como “Los Chiapanecos”.
Su mandato, que se extenderá hasta el 2036 de acuerdo con las reformas hechas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, quizá por ello, este grupo de “Los Chiapanecos” incrustados en la FGE, controlan el corredor turístico conocido como Cancún-Tulum, por medio de las secretarias de Seguridad Ciudadana.
Los Chiapanecos mandan desde Cancún a Tulum; en Benito Juárez (Cancún), Jaime Padilla Barrientos despacha como Secretario de Seguridad Ciudadana desde julio pasado; antes fue director de la Policía de Investigaciones; previamente fue director de Grupos Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y, antes de eso, jefe de grupo de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; la constante es que en todos estos cargos ha estado subordinado al Fiscal Raciel López Salazar.
En Tulum, el también miembro del grupo de Raciel López, Édgar Aguilar Rico, originario de Chiapas, asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; quien, de la mano de su mentor, inició su carrera en 2011 como jefe de la Unidad de Investigación Criminal en el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad estatal. Más tarde fue Inspector General y titular de la Unidad de Análisis Táctico de la Policía Estatal Fuerza Ciudadana, donde diseñó e implementó operativos de prevención, proximidad y control del delito. En 2016 asumió la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Tuxtla Gutiérrez, y luego la Dirección de Tránsito Municipal, también en la capital chiapaneca.
Pero el protegido mayor, es el actual Secretario de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, Carlos Alberto Montesinos García, quien hoy está en el “ojo del huracán” por su presunta responsabilidad en la muerte de la muerte del pescador Pablo Esteban de la Cruz Buenfil (+), en su primera versión, López Salazar dijo a través de su dependencia que el fallecimiento se debió a “traumatismo craneoencefálico” provocado por un golpe; horas después, con el propósito de proteger a su paisano e integrante de “Los Chiapanecos”, cambió la versión a que se debió a “asfixia por broncoaspiración”, omitiendo el traumatismo como una de las causas del deceso que arrojó el acta de la necropsia de ley.
Quiero anotar, que este grave tropiezo se da en menos de 24 horas, no por presiones de ningún tipo ni de ninguna autoridad, sino por la iniciativa de la FGE para tender un manto de impunidad y evadir responsabilidades del quien, a todas luces, cuenta con la protección de Raciel López Salazar. Ahí se las dejo…
SASCAB
Para los voceros(as) de los diferentes gobierno y órganos autónomos; sus cargos son temporales, pero la amistad y compañerismo es permanente. La manera en la que se conduzcan como funcionarios(as) públicos, es directamente proporcional a la amistad y el compañerismo que disfrutarán mañana. Recuerden que el salario que devengan es pagado con nuestros impuestos; el que nosotros devengamos, viene del esfuerzo realizado durante muchos años de trabajo y constancia. Al tiempo…

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Egolatría y Madres Buscadoras en Quintana Roo

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La mayoría de los programas gubernamentales tienen una narrativa que manifiesta las buenas intenciones de los gobiernos, las dependencias, instituciones u organismos descentralizados, para beneficio de la comunidad a la que sirven, sin embargo y a pesar de la asignación de los recursos públicos, no logran sus objetivos; razones, hay muchas.
Un ejemplo palpable es el que viven las “madres buscadoras” con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, que, mientras la promoción de imagen y obras gubernamentales recibe un presupuesto anual de 169 millones 894 mil 239.00 pesos, a la Comisión solo se le asignó un presupuesto 22 millones 128 mil 082.42 pesos, es decir, solo un 13.024% a una dependencia que trabaja con la sensibilidad social.
Ese presupuesto anual para la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, es destinado para el desarrollo de programas de acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas, el cual se desarrolló con dos indicadores estratégicos y uno de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 18 millones 150 mil 208.42 pesos. El otro programa presupuestario fue gestión y apoyo Institucional Transversal, el cual se desarrollado en dos indicadores estratégicos y dos de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 3 millones 977 mil 874.00 pesos.
Aunque el presupuesto es público, las Madres Buscadoras y otras organizaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas, no recibieron ni una botella de agua para caminar kilómetros y kilómetros, para tratar de dar con su familiar desaparecido o algún indicio que despeje toda duda sobre la situación de su consanguíneo.
En variadas ocasiones, las Madres buscadoras de Quintana Roo se han quejado de que, ante las solicitudes de ir a un lugar a buscar indicios de desaparecidos, las Fiscalías y las Comisiones de Búsqueda actúan con lentitud, negligencia y, en ocasiones, muestran empatía nula o criminalizan a las víctimas. Les dan puras largas, ellas tienen que pagar su gasolina, sus alimentos, no solo para sus compañeras, sino también en ocasiones para los policías que las acompañan.
Denuncian que los apoyos económicos otorgados por el gobierno son mínimos, lo que las obliga a realizar rifas o pedir dinero en las calles para financiar sus traslados y herramientas de búsqueda; es más, el fin de semana las del colectivo de Benito Juárez (Cancún), pusieron un puesto de ventas de antojitos para poder recabar fondos para sus actividades.
A diferencia de los medios de comunicación “consentidos(as)” por los gobiernos en turno, el dolor de las Madres buscadoras es permanente, desde el momento en el que su familiar desaparece, la burocracia de las dependencias en sus primeros contactos con las autoridades. Inevitablemente, sufren revictimización, discriminación, criminalización y un sinfín de violencias por parte de las instituciones estatales.
Aunque el dolor provocado por estas violencias es invisible ante los ojos que no atraviesan el mismo camino, lo que estorba es la falta de voluntad para resolver los casos; aplicarse a la búsqueda de las personas desaparecidas, sumado al silencio cómplice de muchas autoridades que sí saben en dónde acabó la persona.
Las mujeres enfocadas en la búsqueda, enfrentan violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de su ser querido desaparecido. Las afectaciones se dan en cuatro categorías: seguridad, que tiene que ver con ataques, amenazas, secuestro y extorsión; salud, como insomnio, depresión, adicciones o deterioro general; económicas, como pérdida de trabajo o pérdida de recursos por dedicarse “en cuerpo y alma” a la labor de búsqueda y; sociales, como deterioro de relaciones familiares o revictimización; pero lo que más daña es la indiferencia.
Ayer me dijo una de las madres buscadoras: lo único que le deseo a las autoridades, es que nunca estén en nuestro lugar, porque sólo así va a entender la magnitud de nuestro problema. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, un “Día Naranja” más. Actualmente este movimiento es para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes.
Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja Únete, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Pero en Quintana Roo, la violencia contra las mujeres va en aumento. Al tiempo…

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Aún funcionan “los prestanombres”

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

El próximo domingo 31 de mayo, vence el plazo para que todos los funcionarios públicos de confianza, presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses; donde los sujetos obligados deben tener a la mano su CURP, RFC, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículo vitae, recibo de nómina o declaración fiscal, escrituras públicas, facturas de vehículos, contratos y estado de cuentas, comprobante de otros ingresos, actas constitutivas de asociaciones y/o cualquier otro documento para comprobar su declaración.
Hay que hacer mención que existen tres tipos de declaraciones: declaración inicial, debiendo presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez o del reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; declaración de modificación patrimonial, la cual debe presentarse durante el mes de mayo de cada año y; declaración de conclusión del encargo, misma que debe presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
Pero más allá de cumplir con la ley, hay funcionarios públicos que evaden la ley, no solo por mentir en sus declaraciones patrimoniales, sino porque para hacerse de propiedades y cuentas bancarias, utilizan a los llamados “prestanombres”, que hace algunas administraciones eran amigos y familias íntimas, pero dadas las condiciones de que en varios casos se quedaban con las propiedades, “la nueva generación de políticos” opta por familiares cercanos.
No es extraño para los quintanarroenses, ver cómo presidentes(as) municipales, diputados(as), secretarios(as) de Estado y hasta directores del Municipio, ya cambiaron su estilo de vida, de cuando andaban en campaña que no tenían ni para la gasolina; hoy, después de unos meses y años de estar en el cargo, ahora tienen vehículos de último modelo, viajan por el mundo, utilizan relojes con precios superiores a los 100 mil pesos; presumen en redes sociales sus bienes muebles e inmuebles, sin dejar pasar las megafiestas que realizan por motivos de cumpleaños. Como dice el populacho, “hay dos cosas que no se pueden ocultar, el dinero y el embarazo”.
Hay secreto a voces en los municipios; “los nuevos ricos”, funcionarios que de la noche a la mañana levantan mausoleos que a un empleado de salario mínimo le costaría años tener al menos “una casita.
Espero que la Controlaría del Estado (Secretaría de Buen Gobierno) aplique la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece en su artículo 33 que si no se presenta la declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades (inicio/modificación/conclusión), en los plazos correspondientes sin causa justificada, inicie inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de la Falta administrativa prevista en el artículo 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se requiera por escrito al servidor público el cumplimiento de dicha obligación.
Pero más allá del cumplimiento, sería muy bueno que se investigara a toda la parentela sobre el enriquecimiento de los últimos años, curiosamente cuando su familiar asumió el cargo de presidente(a) municipal, diputado(a) o secretario de estado. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, Quintana Roo enfrenta uno de los grandes problemas medioambientales con la arribazón de más de 40 mil toneladas de sargazo que arriban a sus costas; donde el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno parece que no surten efectos.
Desde Puerto Morelos hasta la Riviera Maya, la Secretaría de Marina (Semar) realiza actividades de limpieza del alga en las playas, así como la recolección en el mar, dado que el recale de la macroalga se ha intensificado notablemente en las últimas semanas. Según las cifras actualizadas de la Semar, se recolectaron 11 mil toneladas más en apenas 15 días. Eso ha obligado a redoblar los esfuerzos de limpieza en las costas del Caribe mexicano.
Viene el Verano, la temporada alta para Quintana Roo, por ello tanto los gobiernos como la Iniciativa Privada deben de priorizar la limpieza, como en Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la comunidad de Mahahual, en Othón P. Blanco. Al tiempo…

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