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EL CRECIMIENTO DEL DESPOJO EN QUINTANA ROO.

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“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

De acuerdo con datos oficiales, entre 1993 y 2018 se parcelaron más de 208,000 hectáreas de tierras de uso común para su posible privatización, con un repunte significativo en los últimos 10 años (Por Esto, La mafia agraria alcanza Quintana Roo, 12 de febrero 2021), situación que incrementó los litigios en materia agraria, especialmente en zonas costeras como Tulum, Isla Mujeres y Bacalar (Novedades Quintana Roo, Crecen litigios por tierras ejidales en Quintana Roo, 11 de octubre de 2024), y ello se debe principalmente a la expansión turística como motor que impulsa la especulación inmobiliaria, generando presiones sobre ejidos cercanos a la costa, a lo que hoy se conoce también como gentrificación en algunos grupos políticos y sociales.
Algunos de los casos más emblemáticos de despojo que se han dado son los siguientes:

  • Supermanzana 247 (2018): En Cancún, la devastación de una amplísima zona de 50 hectáreas propiedad de un Banco, realizado con fines políticos que fue posteriormente tomado por el crimen organizado, generó protestas y litigios, destacando la reciente detención de algunos promotores en el año 2025 pero dejando un daño ecológico y un conflicto de desarrollo urbano sin precedentes.
  • Ejido Jacinto Pat (2018): En Playa del Carmen, se denunciaron ventas fraudulentas de tierras ejidales, involucrando a notarios y empresarios, de manera semejante a la realizada con la desastrosa corrupción que se gestó con la colonia Colosio en la que el gobierno de Quintana Roo fue parte.
  • Caso Bacalar (2020): En este municipio, se reportaron despojos mediante documentos falsificados, afectando a comunidades indígenas, aunado a la deforestación de grupos de menonitas que han afectado el desarrollo ecológico con daños a los acuíferos, a la laguna, a la vida de las abejas, etcétera.
  • Proyecto Tulum (2022): La expansión turística en Tulum ha llevado a múltiples denuncias de despojo, con casos emblemáticos como el desalojo de familias ejidales para proyectos hoteleros, y con un alto porcentaje de personas que viven sin certeza jurídica y sin drenajes en ese y otros municipios.
  • Las Palmas: En el municipio de Othón P. Blanco donde un grupo de personas solicitaron el reconocimiento de posesión y posterior enajenación de terrenos nacionales a la SEDATU, por tratarse de tierra federal, y en la que de pronto apareció un líder religioso con documentos municipales, es decir, de una autoridad sin facultades por el origen de la tierra, a despojar a los promotores primarios.

Este aumento de delitos contra el desarrollo urbano sin consecuencias contundentes, no solamente es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que acumula carpetas sin solución, en muchos casos debido a la protección de personajes políticos que desde los tiempos de Roberto Borge y hasta hoy en día, han fomentado invasiones y despojos con fines electorales siendo premiados por sus respectivos partidos políticos con cargos locales y federales, sino que también producto de reformas al código penal sin consecuencias claras o carentes de penas, como las que fueron recientemente adicionadas por quien suscribe y que están en proceso de análisis en las comisiones de turno, y a las que adicionaremos más fracciones elevando penas en algunos casos siguiendo el ejemplo de la Ciudad de México y otras legislaturas más adelantadas.
Todo ello, ha permitido que el crecimiento desmedido de invasiones y de despojos haya ido en aumento en los últimos años tal como se observa en la siguiente tabla de 2020 elaborada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por ello es importante que, desde el Congreso del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos impulsemos de forma conjunta con la sociedad civil y la Fiscalía General de Justicia del Estado, para cerrar el cerco a estos delitos que ponen el riesgo a miles de personas, generan problemas graves de movilidad, afectan proyección urbana, y desincentivan la inversión.
De no ser así, las invasiones políticas y despojos de las mafias seguirán, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido en Macondo.

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Egolatría y Madres Buscadoras en Quintana Roo

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La mayoría de los programas gubernamentales tienen una narrativa que manifiesta las buenas intenciones de los gobiernos, las dependencias, instituciones u organismos descentralizados, para beneficio de la comunidad a la que sirven, sin embargo y a pesar de la asignación de los recursos públicos, no logran sus objetivos; razones, hay muchas.
Un ejemplo palpable es el que viven las “madres buscadoras” con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, que, mientras la promoción de imagen y obras gubernamentales recibe un presupuesto anual de 169 millones 894 mil 239.00 pesos, a la Comisión solo se le asignó un presupuesto 22 millones 128 mil 082.42 pesos, es decir, solo un 13.024% a una dependencia que trabaja con la sensibilidad social.
Ese presupuesto anual para la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, es destinado para el desarrollo de programas de acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas, el cual se desarrolló con dos indicadores estratégicos y uno de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 18 millones 150 mil 208.42 pesos. El otro programa presupuestario fue gestión y apoyo Institucional Transversal, el cual se desarrollado en dos indicadores estratégicos y dos de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 3 millones 977 mil 874.00 pesos.
Aunque el presupuesto es público, las Madres Buscadoras y otras organizaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas, no recibieron ni una botella de agua para caminar kilómetros y kilómetros, para tratar de dar con su familiar desaparecido o algún indicio que despeje toda duda sobre la situación de su consanguíneo.
En variadas ocasiones, las Madres buscadoras de Quintana Roo se han quejado de que, ante las solicitudes de ir a un lugar a buscar indicios de desaparecidos, las Fiscalías y las Comisiones de Búsqueda actúan con lentitud, negligencia y, en ocasiones, muestran empatía nula o criminalizan a las víctimas. Les dan puras largas, ellas tienen que pagar su gasolina, sus alimentos, no solo para sus compañeras, sino también en ocasiones para los policías que las acompañan.
Denuncian que los apoyos económicos otorgados por el gobierno son mínimos, lo que las obliga a realizar rifas o pedir dinero en las calles para financiar sus traslados y herramientas de búsqueda; es más, el fin de semana las del colectivo de Benito Juárez (Cancún), pusieron un puesto de ventas de antojitos para poder recabar fondos para sus actividades.
A diferencia de los medios de comunicación “consentidos(as)” por los gobiernos en turno, el dolor de las Madres buscadoras es permanente, desde el momento en el que su familiar desaparece, la burocracia de las dependencias en sus primeros contactos con las autoridades. Inevitablemente, sufren revictimización, discriminación, criminalización y un sinfín de violencias por parte de las instituciones estatales.
Aunque el dolor provocado por estas violencias es invisible ante los ojos que no atraviesan el mismo camino, lo que estorba es la falta de voluntad para resolver los casos; aplicarse a la búsqueda de las personas desaparecidas, sumado al silencio cómplice de muchas autoridades que sí saben en dónde acabó la persona.
Las mujeres enfocadas en la búsqueda, enfrentan violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de su ser querido desaparecido. Las afectaciones se dan en cuatro categorías: seguridad, que tiene que ver con ataques, amenazas, secuestro y extorsión; salud, como insomnio, depresión, adicciones o deterioro general; económicas, como pérdida de trabajo o pérdida de recursos por dedicarse “en cuerpo y alma” a la labor de búsqueda y; sociales, como deterioro de relaciones familiares o revictimización; pero lo que más daña es la indiferencia.
Ayer me dijo una de las madres buscadoras: lo único que le deseo a las autoridades, es que nunca estén en nuestro lugar, porque sólo así va a entender la magnitud de nuestro problema. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, un “Día Naranja” más. Actualmente este movimiento es para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes.
Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja Únete, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Pero en Quintana Roo, la violencia contra las mujeres va en aumento. Al tiempo…

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Aún funcionan “los prestanombres”

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

El próximo domingo 31 de mayo, vence el plazo para que todos los funcionarios públicos de confianza, presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses; donde los sujetos obligados deben tener a la mano su CURP, RFC, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículo vitae, recibo de nómina o declaración fiscal, escrituras públicas, facturas de vehículos, contratos y estado de cuentas, comprobante de otros ingresos, actas constitutivas de asociaciones y/o cualquier otro documento para comprobar su declaración.
Hay que hacer mención que existen tres tipos de declaraciones: declaración inicial, debiendo presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez o del reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; declaración de modificación patrimonial, la cual debe presentarse durante el mes de mayo de cada año y; declaración de conclusión del encargo, misma que debe presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
Pero más allá de cumplir con la ley, hay funcionarios públicos que evaden la ley, no solo por mentir en sus declaraciones patrimoniales, sino porque para hacerse de propiedades y cuentas bancarias, utilizan a los llamados “prestanombres”, que hace algunas administraciones eran amigos y familias íntimas, pero dadas las condiciones de que en varios casos se quedaban con las propiedades, “la nueva generación de políticos” opta por familiares cercanos.
No es extraño para los quintanarroenses, ver cómo presidentes(as) municipales, diputados(as), secretarios(as) de Estado y hasta directores del Municipio, ya cambiaron su estilo de vida, de cuando andaban en campaña que no tenían ni para la gasolina; hoy, después de unos meses y años de estar en el cargo, ahora tienen vehículos de último modelo, viajan por el mundo, utilizan relojes con precios superiores a los 100 mil pesos; presumen en redes sociales sus bienes muebles e inmuebles, sin dejar pasar las megafiestas que realizan por motivos de cumpleaños. Como dice el populacho, “hay dos cosas que no se pueden ocultar, el dinero y el embarazo”.
Hay secreto a voces en los municipios; “los nuevos ricos”, funcionarios que de la noche a la mañana levantan mausoleos que a un empleado de salario mínimo le costaría años tener al menos “una casita.
Espero que la Controlaría del Estado (Secretaría de Buen Gobierno) aplique la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece en su artículo 33 que si no se presenta la declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades (inicio/modificación/conclusión), en los plazos correspondientes sin causa justificada, inicie inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de la Falta administrativa prevista en el artículo 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se requiera por escrito al servidor público el cumplimiento de dicha obligación.
Pero más allá del cumplimiento, sería muy bueno que se investigara a toda la parentela sobre el enriquecimiento de los últimos años, curiosamente cuando su familiar asumió el cargo de presidente(a) municipal, diputado(a) o secretario de estado. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, Quintana Roo enfrenta uno de los grandes problemas medioambientales con la arribazón de más de 40 mil toneladas de sargazo que arriban a sus costas; donde el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno parece que no surten efectos.
Desde Puerto Morelos hasta la Riviera Maya, la Secretaría de Marina (Semar) realiza actividades de limpieza del alga en las playas, así como la recolección en el mar, dado que el recale de la macroalga se ha intensificado notablemente en las últimas semanas. Según las cifras actualizadas de la Semar, se recolectaron 11 mil toneladas más en apenas 15 días. Eso ha obligado a redoblar los esfuerzos de limpieza en las costas del Caribe mexicano.
Viene el Verano, la temporada alta para Quintana Roo, por ello tanto los gobiernos como la Iniciativa Privada deben de priorizar la limpieza, como en Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la comunidad de Mahahual, en Othón P. Blanco. Al tiempo…

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