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Homicidios la deuda del gobierno mexicano

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Agencia.-La impunidad es uno de los mayores lastres que carga México. Un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch alerta de que nueve de cada 10 homicidios en México no son castigados, una cifra que demuestra la ineficiencia del sistema de justicia y el calvario que viven millones de familiares de las víctimas de la violencia que carcome al país norteamericano. El organismo revela, sin embargo, que la violencia está focalizada, ya que en 2023 la mitad de los homicidios ocurrieron en solo 2% de los municipios. El informe muestra que cuatro ciudades mexicanas están entre las 20 con mayores tasas de homicidios del mundo: Ciudad Obregón, Tijuana, Celaya y Ciudad Juárez. “Los esfuerzos de las dos últimas décadas para intentar reducir la violencia se han centrado en militarizar la seguridad pública, socavar las garantías del debido proceso y politizar la selección de los jueces. Estas estrategias han dado lugar a graves violaciones de derechos humanos y no han sido eficaces. No han abordado un problema central: la ineficacia del sistema de justicia penal”, critica el organismo.

HRW recuerda que la presidenta Claudia Sheinbaum heredó un país asolado por casi dos décadas de violencia, con una tasa oficial de homicidios de las más altas del mundo: Desde 2007, más de 94.000 personas han sido reportadas como desaparecidas “y no han sido encontradas, ni vivas ni muertas”, según el informe. El organismo alerta de que “tres cuartas partes de los mexicanos que viven en zonas urbanas sostienen que la delincuencia y la inseguridad son su principal preocupación”. Con todo, la respuesta de la militarización de la seguridad, según HRW, no ha logrado hacer frente al principal problema: la ineficiencia del sistema. El organismo entrevistó durante dos años a cerca de 150 policías de investigación, fiscales, abogados defensores, asesores jurídicos de víctimas, representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, académicos y otros expertos en 11 Estados del país, además de asistir a audiencias judiciales, revisar carpetas de investigación y presentar cientos de solicitudes de acceso a información pública.

El resultado de ese trabajo es una radiografía del sistema de justicia de México, excesivamente burocrático e ineficaz. Entre los principales problemas encontrados por la organización están la falta de investigadores, fiscales y peritos calificados, la escasez de materiales y recursos básicos necesarios para investigar eficazmente los crímenes y realizar estudios forenses; sistemas excesivamente formales y burocráticos para coordinar las investigaciones; la ausencia de protección adecuada para testigos y familiares de las víctimas; “incentivos perversos” y prácticas de investigación anticuadas que fomentan la construcción de casos sobre pruebas y testimonios débiles; mecanismos de supervisión débiles que no investigan eficazmente las denuncias de corrupción y abusos.

Eso se traduce en un verdadero calvario para las víctimas y sus familiares. “Buscar justicia y rendición de cuentas a través del sistema de justicia puede ser costoso, lento, peligroso e ineficaz. Muchas de estas personas se topan con la estigmatización y el abandono por parte de las autoridades. Quienes son acusados de delitos suelen sufrir abusos, corrupción y falta de garantías procesales. No es sorprendente que casi la mitad de los mexicanos afirmen tener poca o muy poca confianza en las autoridades judiciales del país”, alerta el informe.

El nivel de ineficiencia es alarmante. El informe advierte de que entre 2010 y 2022, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300 mil investigaciones por homicidio doloso y solo en 51 mil casos pudieron identificar formalmente un sospechoso, lo que equivale a una tasa de esclarecimiento del 17 %. “También resulta problemático el hecho de que, si bien la mayoría de los casos penales por homicidio que llegan ante un juez terminan en una sentencia, muchos se basan en pruebas alteradas, fabricadas u obtenidas mediante amenazas o tortura. La ineficacia en las investigaciones criminales es uno de los principales factores de este problema. Las fiscalías estatales son responsables tanto de investigar como de procesar la mayoría de los homicidios en México. Sus resultados han sido extremadamente pobres”, destaca el organismo.

HRW exige en su investigación que el Gobierno mexicano debe adoptar medidas para proteger el derecho a la vida, a través investigaciones de homicidios “que sean exhaustivas, imparciales y respetuosas de los derechos humanos”. Estas investigaciones, agrega, “deberían estar enfocadas en identificar la verdad sobre lo ocurrido y garantizar que las víctimas y sus familias puedan acceder a una reparación a través del sistema de justicia”. Critica también que “las políticas de seguridad pública abusivas, como la militarización y las detenciones y condenas arbitrarias, han demostrado ser ineficaces para cumplir con estas obligaciones”. La organización recomienda la conformación “urgente” de instituciones de justicia profesionales y efectivas, “capaces de investigar y enjuiciar eficazmente los homicidios”. Para HRW, “el gobierno de Sheinbaum debería enfocarse en garantizar que los operadores de justicia penal cuenten con las herramientas necesarias para procurar justicia para las víctimas”.

Fuente:El País

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TREN MAYA RECIBE AUTORIZACIÓN FEDERAL PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLES DURANTE 15 AÑOS

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El Gobierno de México otorgó a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. permisos federales para operar, durante los próximos 15 años, el transporte de combustibles a través de la red ferroviaria del sureste, consolidando así una nueva etapa en la estrategia logística y de seguridad energética nacional. La autorización permitirá el traslado de diésel, gasolinas y otros productos derivados del petróleo, bajo estrictos lineamientos de seguridad, supervisión ambiental y control operativo.

De acuerdo con la resolución emitida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el permiso faculta al Tren Maya a ampliar su esquema de servicios más allá del transporte de pasajeros y carga general, integrando ahora el movimiento de energéticos en rutas estratégicas que conectan puertos, terminales y centros de distribución. Esta medida busca fortalecer la infraestructura logística del país, reducir costos de traslado y mejorar la eficiencia en el abastecimiento regional.

El proyecto contempla el uso de trenes especializados, equipados con sistemas de contención y monitoreo permanente, así como protocolos de emergencia coordinados con autoridades federales y estatales. La operación deberá cumplir con normas estrictas en materia de protección civil, impacto ambiental y manejo de sustancias peligrosas, lo que incluye auditorías periódicas y reportes obligatorios.

Con esta autorización, el Tren Maya se posiciona como un actor clave en el sistema ferroviario nacional, ampliando su capacidad para atender sectores estratégicos como el energético, industrial y portuario. La medida también refuerza la visión gubernamental de aprovechar la infraestructura ferroviaria para impulsar el desarrollo económico del sureste, mejorar la competitividad y garantizar un suministro más seguro y eficiente.

La autorización entra en vigor de manera inmediata y tendrá vigencia hasta 2041, con posibilidad de renovación conforme al desempeño y cumplimiento regulatorio.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS

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A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:

  1. SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
  2. EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
  3. EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
  4. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
    El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
    ¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
    Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
    UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.

Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.

Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.

Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.

Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.

Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.

Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.

Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.

Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.

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