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Rinde informe Norma Lucía Piña,presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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CDMX.- La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente es un requisito
indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado
construir, destacó la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al rendir su informe anual de
labores 2024 como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el
Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La ministra presidenta resaltó que este informe anual, es un ejercicio de rendición de cuentas que muestra el trabajo diario que se ha realizado desde la judicatura federal en favor de la impartición de justicia centrada en las personas, “a través de este ejercicio de transparencia, se da cuenta a la sociedad mexicana que el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias y resoluciones que, reconocidamente, tanto a nivel nacional como internacional, han protegido los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.

Destacó la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación derivada de la
presentación de la Cuenta Pública 2023, en la cual esta autoridad no determinó alguna
observación o recomendación para este alto tribunal.

Sobre el trabajo jurisdiccional en este 2024, el Pleno del CJF discutió y decidió sobre los
asuntos de su competencia y atribuciones en 61 sesiones ordinarias, presenciales,
celebradas semanalmente, en las que se determinaron y resolvieron 3,087 asuntos en
materia de administración, adscripciones, carrera judicial, conflictos laborales, contraloría,
creación de nuevos órganos, disciplina, vigilancia, entre otras.

La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández señaló que entre el 16 de noviembre de
2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin
precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso
internacional, de las implicaciones de la reforma judicial.

Confió que la finalidad de la reforma, por el bien de México, no consista en destruir sino en
construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos “la reforma judicial no es
una historia de vencedores o vencidos; todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor
público, desea lo mejor para su país”

Realizó un recuento de las sentencias de La Corte que provocaron una campaña de
deslegitimación de personas juzgadoras federales, tales como el caso relativo a la Guardia
Nacional, en abril de 2023; decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios; al denominado “Plan B” el 22 de junio de 2023, entre otros.
“He reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en
la salida fácil; el contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho
menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la
eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que,
según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la
politiza”.

Por último, la ministra Piña Hernández realizó un reconocimiento a sus colegas, a todo el
personal jurisdiccional y el personal administrativo y operativo. “A todos los que somos
trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial Federal; en particular a los estudiantes, que se
han manifestado, que han marchado, que se han involucrado alzando su voz en un tema
crucial para la preservación del Estado de derecho”

“El trabajo de cada uno es la mejor voz; y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la
justicia, es su legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la
dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”

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SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS

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A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:

  1. SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
  2. EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
  3. EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
  4. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
    El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
    ¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
    Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
    UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.

Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.

Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.

Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.

Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.

Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.

Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.

Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.

Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.

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IMPULSAN REGULACIÓN DIGITAL PARA TRANSFORMAR EL TURISMO EN MÉXICO

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Ciudad de México.— En un contexto de acelerada transformación tecnológica, el senador por Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Turismo que propone la regulación de plataformas digitales de servicios turísticos, con el objetivo de integrarlas de manera equilibrada al sistema nacional. La propuesta busca fortalecer la innovación sin descuidar la certeza jurídica, la protección de los turistas y el orden en el sector.

El planteamiento legislativo, construido a partir del diálogo con representantes del sector turístico, pretende establecer un punto medio entre la permisividad absoluta y las restricciones excesivas, atendiendo una realidad donde las plataformas digitales han modificado profundamente la dinámica del hospedaje y otros servicios relacionados.

“Esta reforma no busca prohibir plataformas digitales; busca integrarlas, ordenarlas y generar reglas claras para todas y todos”, afirmó el senador, al destacar la necesidad de contar con un marco legal actualizado acorde a la era digital. Subrayó que la legislación vigente fue diseñada antes de la expansión de estas tecnologías, lo que ha generado vacíos legales que hoy requieren atención urgente.

Entre los elementos clave de la iniciativa se encuentra el reconocimiento formal de estas plataformas como intermediarios tecnológicos, así como la obligación de registro para anfitriones, intermediarios y empresas en el Registro Nacional de Turismo. Además, contempla mecanismos de transparencia, estándares de calidad, protección de datos personales y cumplimiento de obligaciones fiscales.

Asimismo, se propone otorgar mayores facultades a estados y municipios para regular aspectos como permisos, uso de suelo y operación territorial, considerando que estas autoridades enfrentan directamente los impactos sociales, urbanos y económicos del hospedaje digital.

La reforma plantea también fomentar una competencia equitativa entre establecimientos tradicionales y plataformas digitales, al tiempo que busca reducir los riesgos asociados a la informalidad y proteger a las comunidades locales. Con ello, se pretende posicionar a México como referente regional en regulación del turismo digital, promoviendo un crecimiento ordenado, sostenible y con beneficios compartidos.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias: Comunicado

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