Opinión
Control constitucional o control machete…
Por: Hugo Alday Nieto
En las semanas que nos anteceden hemos sido testigos de la proliferación de expertos en materia de derecho procesal constitucional que como en la película de los “Gremlins” filmada en 1984, surgen desde las redes sociales para de manera descontrolada sin el conocimiento adecuado hacer disertaciones e interpretaciones respecto del concepto de control constitucional, sin haber podido darle una hojeada a los casos Radilla Pacheco vs. México o Campo Algodonero vs. México, para poder adentrarse en parte del origen de los diversos aspectos de este importante mecanismo como lo son el control concentrado, el difuso y la figura de la convencionalidad.
De acuerdo con la doctora en Derecho por la Universidad de Madrid, Carla Huerta Ochoa en su obra denominada “El control de la constitucionalidad”publicada en la revista jurídica Cuestiones Constitucionales de la UNAM número 47, noviembre-diciembre de 2022, nos dice que, en un sistema ordenado jerárquicamente como lo es el nuestro (perteneciente a sistema neorromanista de derecho), todo acto de creación, excepto el del Constituyente originario, es decir, el constituyente de 1917 (no existe otro), es un acto de aplicación de esa Constitución que nos rige, máxime si la familia del sistema neorromanista como se expresa el doctor en Derecho por la UNAM Eric Tardif en su obra “Sistemas Jurídicos Contemporáneos” editada por Tirant lo blanch tiene como carácterística la existencia de tribunales constitucionales que, dentro de sus facultades se encuentra el control constitucional como medida de freno y contrapeso en defensa de la Constitución.
En este sentido, vale la pena explorar la obra denominada “Panorama de la Historia Universal del Derecho” editada por Porrúa, en la que su autor, el doctor en Derecho Guillermo Floris Margadant, hace una amplia exposición sobre la familia Neorromanista y el papel del legislador obligado a tener un mayor conocimiento del derecho anglosajón por sus mutuas filtraciones derivadas de tratados internacionales, por lo que el legislador no puede encasillarse un derecho meramente local cuando se encuentra inmerso en un sistema jurídico compartido.
En este sentido el papel preponderante lo tiene el legislador ordinario, los diputados federales y locales, así como senadores en funciones, que somos el primer intérprete de la Constitución, pues la elaboración de las reformas debe conformarse a ella, ya que éstas solamente pueden ser consideradas norma jurídica, ser obligatorias y servir de fundamento a otras normas, si han sido adoptadas conforme a la Constitución vigente.
De modo y siguiendo a la doctora Huerta, “el Poder Legislativo debe realizar una tarea doble: precisar y desarrollar de manera conforme los contenidos de la Constitución, y realizar un trabajo de interpretación consistente para evitar su impugnación en la mayor medida posible”.
El doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, considerado como uno de los principales ideólogos en el origen de la 4taTransformación, en la obra “Argumentación Jurídica y sus criterios de evaluación. Nuevas propuestas” editado por la UNAM, nos dice que: “En la argumentación legislativa el razonamiento es más adecuado, ya que se pone en relación los medios con los fines que pretende la ley, aunque también es fundamental el empleo de la ponderación para justificar porque determinados principios tendrán un papel más destacado que otros en la ley. A este respecto, conviene advertir que el papel de los órganos de control de constitucionalidad, cuando revisan la constitucionalidad y convencionalidad de una ley, es determinar si el poder legislativo transgredió los límites de una ponderación adecuada, si salvaguardó debidamente los derechos o principios en pugna”.
Por su parte en el año 2022 en la tribuna del Senado de la República, el entonces senador Ricardo Monreal Ávila, fue muy claro al definir el control constitucional de la siguiente manera: “Los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados pueden ser demostrables, pueden o no ser demostrables, pero nosotros no somos una instancia, ni revisora ni censora de los actos de la colegisladora. Sólo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos como un control constitucional”.
Desde luego no podemos dejar pasar una máxima de Norberto Bobbio en su magna obra “El futuro de la democracia” en donde nos regala el siguiente texto: “Recuérdese a los tres grandes filósofos, Hobbes, Rousseau y Hegel, cuyas teorías acompañan la formación del estado moderno (…) pero, ciertamente los tres son favorables al primado de la Ley como fuente del derecho, como principal instrumento de dominio, y con cuanto tal, como máxima prerrogativa del poder soberano.”
Ahora bien, en las aguas que cruzamos hoy en día es importante retomar parte de la reforma constitucional de 2011 que hizo posible el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad al que se conoce ahora como “control de la convencionalidad”, mismo que se encuentra previsto en el artículo 133 y tiene una relación directa con los artículos 1, 103, 105 y 107 constitucionales que facultan a todos los jueces el control difuso de constitucionalidad, pero el control concentrado, se establece como mera competencia federal exclusiva.
Entender el alcance del control difuso es muy importante porque trasciende a otras autoridades de acuerdo con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1o. constitucional, que establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
La trascendencia que tiene la correcta aplicación del control constitucional y de la convencionalidad comenzará a ser parte del quehacer político en el México con mayor importancia a partir del 12 de noviembre, ya que, de generarse posibles violaciones a la división de poderes o la independencia de alguno de ellos, puede convertirse en un problema para la firma de tratados internacionales al trastocarse principios del derecho internacional como el de reciprocidad o trato nacional de los ciudadanos de los países firmantes, además de atentar contra principios como el progresividad, entre otros, y allí, abriríamos la puerta de la Justicia Internacional, totalmente innecesaria para el arranque de un sexenio. Sin embargo, la última palabra la tiene usted.
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Opinión
Cárteles inmobiliarios; corrupción multicolor
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo
- • Félix, Borge y Joaquín se acabaron las 39,600 hectáreas de Fidecaribe.
El despojo inmobiliario es el modelo de negocio en auge de políticos de todos los colores. Cuando escuchamos la palabra, la referencia inmediata es el “cártel inmobiliario” del PAN en la Ciudad de México.
Pero no solo es uno, ese de la Cdmx, son varios cárteles inmobiliarios panistas en diferentes estados de la república donde han gobernado o gobierna la corrupción azul.
Tampoco es corrupción exclusiva del PAN. Es transversal a todos los colores.
SE ACABARON LAS 39 MIL HAS. DE FIDECARIBE
Por ejemplo, en Quintana Roo el modelo de negocio comenzó con Joaquín Hendricks Díaz, quien recibió del gobierno de Mario Villanueva Madrid 39 mil 600 hectáreas, que éste a su vez recibió de la federación con el Fideicomiso Caleta Xel Há y del Caribe (Fidecaribe).
Hendricks dio los primeros pasos del despojo de terrenos públicos de alta plusvalía, pero quienes se refocilaron bonito en este esquema de saqueo patrimonial fueron Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, que llevaron a niveles de delirio la posesión masiva de terrenos, tanto, que ahora tienen empresas inmobiliarias.
Carlos Joaquín González Canto no cantó mal las rancheras y salió “más cabrón que bonito” al grado que él fue quien acabó con lo que quedaba de las 39 mil 600 hectáreas de Fidecaribe. Hoy, Agepro, no cuenta ni con medio metro de playa patrimonial. Entre Félix, Borge y Joaquín, se las acabaron. Bastaría con hacer una ligera investigación para conocer la ruta de los terrenos del Fidecaribe.
EL DESPOJO A PARTICULARES VULNERABLES
Pero como la corrupción es una adicción de los grupos en el poder, llegaron los niños verdes y se sublimaron en el despojo. Como ya se habían acabado los terrenos patrimoniales, comenzaron a despojar a propietarios y propietarias de terrenos, casas y departamentos.
En esta transición “histórica”, el niño verde fue cómplice con Carlos Joaquín, quien también despojó a ejidatarios, mujeres y personas-familias vulnerables jurídicamente, con la participación de la familia Joaquín-Rejón, que se fueron locos de contento con su cargamento a Canadá y Yucatán a disfrutar el botín.
NUEVA GENERACIÓN DE DESPOJO
Entonces, los cárteles inmobiliarios por lo que son conocidos los panistas, encabezados por Jorge Romero Herrera y Marko Cortés Mendoza, diseñaron una nueva ingeniería de despojo, que sólo se puede hacer en los estados donde gobiernan. Las mafias desde el poder operan con un sistema que requiere la complicidad de diversas áreas de gobierno: Registro Público de la Propiedad, notarios/as, Fiscalía General del Estado, jueces y magistrados/as, comisiones claves de los congresos como Hacienda y Justicia principalmente y de las mismas Jugocopos.
COMPLICIDAD MATA MILITANCIA
Hay casos en donde el factor de sucesión en un estado, se da más por la complicidad inmobiliaria y demás corrupción entre políticos, que traicionan a los candidatos/as de su propio partido, para favorecer al de oposición, porque les garantiza impunidad, no así el candidato/ta de su propio partido, con quien muchas veces están enfrentados.
Tal es el caso de Yucatán, donde Rolando Zapata Bello (PRI) prefirió apoyar a Mauricio Vila Dosal (PAN) y, luego éste mismo, prefirió apoyar a Joaquín “Huacho” Díaz Mena (Morena), que a su correligionario Renán Barrera Concha (PAN), porque predominó en ambos casos los intereses de corrupción inmobiliaria.
Tanto Rolando Zapata como Mauricio Vila, están denunciados penalmente por encabezar sus respectivos cárteles inmobiliarios. Pero la 4T no alcanza a hacer justicia, porque tampoco mal cantan las rancheras.
En esta nueva generación de enriquecimiento centenario ilícito a través de la política, los priistas fueron los maestros, pero los alumnos azules, verdes, amarillos y hasta guindas (veremos), superan a sus maestros. Usted tiene la última palabra.
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Opinión
La trilogía morenista para 2027
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
Conforme avanzan los meses, los pronósticos y el futuro de las y los políticos quintanarroenses se va aclarando; algunos ya buscan al menos, estar en las encuestas que lanzará el partido de moda, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para elegir a quienes serán sus abanderados para el Gobierno del Estado, las presidencias municipales, las diputaciones federales y las locales.
Les platicaré sobre las aspiraciones a la gubernatura, de al menos tres morenistas, que por la posición que tienen en el cargo que ostentan, se les abre la oportunidad de ser considerados en las encuestas que hará la dirigencia Nacional del partido guinda.
Por ejemplo, quienes suenan como candidateables son el senador Eugenio Segura Vázquez, quien ya ha abierto diferentes casas de gestión en los cuatro distritos federales electorales con los que cuenta Quintana Roo; además de colgarse de los programas federales como el “sembrando vida” y el de protección a los animalitos; quiere aparecer en las encuestas de su partido; solo falta que sus operadores puedan realizar su trabajo a nivel de cancha, o como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: más territorio, menos escritorio.
No va solo, pues salen poco a poco los perfiles de quienes no solamente tienen el capital económico, sino el capital político, como el caso de la actual alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, quien “pian pianito” avanza en la preferencia de las y los benitojuarenses, quienes representan la mitad de la elección para Gobernador.
Quien se suma a esta selecta lista, es la actual presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado Asencio, quien está respaldada por los sectores empresariales y de la sociedad civil, que ven en ella el potencial de gobernar Quintana Roo a partir del 2027, porque no solo es la sociedad solidarense la que ya empezó a mirarla como una candidata fuerte para las próximas elecciones, sino que también en todo Quintana Roo tiene una estructura informal que recuerda su trabajo como diputada en la XVII Legislatura. Ahí se las dejo…
SASCAB
Hoy los mexicanos celebramos el ciento catorce Aniversario del inicio de la Revolución, que dio origen a una nueva era que está apunto de concluir, pues los que supuestamente representaban los ideales de aquella justa, ahora están en la lona.
Hoy, ante una revolución de las conciencias iniciada en 2018 desde el gobierno federal encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, entramos en la era del Humanismo Mexicano, que ha traído el fortalecimiento de las instituciones del Estado, pero una lucha soterrada con el crimen organizado que aún no se detiene.
Hay mucho que hacer en ese tema de la seguridad, porque a ellos no les ha llegado el mensaje de la Cuarta Transformación y menos la revolución de las conciencias. Al tiempo…
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