Ciudad de México.- Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) documentó que la conductora de televisión Inés Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones de pesos de dos empresas que estarían implicadas en una presunta red de compañías fantasma, a través de las cuales se desviaron más de 2 mil 500 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio pasado.

Sin embargo, la FGR falló en acreditar que ella y su esposo fueron los supuestos líderes del entramado delictivo mediante el cual se realizaron dichos desvíos, así como los principales beneficiados. Aunque un juez federal aceptó girar una orden de aprehensión en su contra, este concluyó que no se podría probar que la pareja organizó dicho fraude, pues, según el propio expediente, lo que recibió equivale a menos del 1% del dinero desviado.

Animal Político tuvo acceso a los documentos ministeriales y judiciales del caso en contra de Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, asentados en la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/0001339/2019, abierta a partir de una denuncia anónima recibida en 2019, y luego complementada con otra denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda (SHCP). 

No es líder delictiva: juez
En la acusación que la fiscalía envió al juez, se presentan cargos en contra de 12 personas físicas —entre particulares y exservidores públicos federales— y en contra de siete personas morales (empresas). A todos los señala de formar parte de una organización criminal que habría operado entre 2016 y 2019 para lavar dinero; pero, de acuerdo con la carpeta de investigación, no todos tenían la misma jerarquía.

Según la FGR, en este supuesto grupo delictivo los líderes eran justamente Gómez Mont y Álvarez Puga y, por tanto, resultarían los principales beneficiados de los miles de millones de pesos desviados del erario.

“El primer grupo de la organización innominada, se encuentra integrado por quien encabeza la organización, con función de Dirección y siendo además beneficiarios reales finales de los recursos operados a través del sistema financiero, siendo estos: Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont Arena quienes además pretendieron justificar la recepción de los recursos con una relación laboral con las empresas utilizadas, a través de la recepción de CFDI por supuestos ingresos asimilados al salario”, indica el pliego de acusaciones de la fiscalía.

Sin embargo, en su resolución, el juez Zeferín Hernández desestimó este señalamiento tras concluir que la fiscalía no acreditó con pruebas —al menos iniciales— que la presentadora de televisión organizó el presunto fraude, y menos que fuera la principal beneficiaria del mismo.

“Aunque la fiscalía apunta que Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga tendrían el carácter de directores, administradores o supervisores de la organización, este aspecto hasta el momento no está acreditado, pues lo único probablemente corroborado es que fueron beneficiarios, junto con las demás personas, aparentemente en un mismo rango jerárquico; por ello no se les puede dar esta calidad (de directores o líderes)”, advierte el juez en su resolución.

No se trata de un asunto menor, ya que, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, los líderes de una organización del crimen organizado pueden alcanzar hasta 40 años de prisión, pero si no lo son, la eventual pena se reduce a la mitad.

En la misma resolución, el juez señaló que Gómez Mont se habría beneficiado con un monto de hasta 178 millones de pesos; sin embargo, hizo ese cálculo al multiplicar por 12 y 15 los depósitos que refirió. Esto, contrario a lo que dice el propio escrito de la fiscalía, donde, si bien se señala que hubo múltiples operaciones, estas fueron por un total de 14 millones de pesos. La defensa de la conductora promovió una demanda de amparo en contra de esta anomalía.

En la determinación judicial, el juez Zeferín Hernández también aprovecha para denunciar que los datos de la indagatoria se filtraron indebidamente y pide a la FEMDO indagar el caso. Los detalles de este hecho ya habían sido adelantados por Animal Político en esta nota.

El acuerdo rechazado
En 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en contra de la presentadora de televisión por posibles delitos fiscales y lavado de dinero. Esto, tras detectar que en 2016 reportó pagos por 39 millones 518 mil pesos por supuestos honorarios de empresas que presuntamente simulaban operaciones y de una persona física. Entre esos pagos figuran los mismos que la FGR retomó en la nueva acusación contra Gómez Mont por delincuencia organizada.

En aquella primera indagatoria, abierta con el número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017, la PGR advertía que la conductora no había cubierto los impuestos necesarios por un monto de 13 millones 572 mil pesos y que, además, el dinero provenía de empresas posiblemente fachada.

El 30 de noviembre de ese año, Gómez Mont acordó con el SAT firmar un acuerdo reparatorio por casi 11 millones de pesos, a los que se le sumó un pago más por 2 millones 604 mil pesos en junio de 2019. Sin embargo, la FGR se ha negado a aceptar como válida esta solución alterna al proceso.

El 30 de septiembre de 2021, y como resultado de un amparo que la conductora ganó para que la fiscalía argumentara su rechazo al acuerdo, la institución que lidera el fiscal Alejandro Gertz Manero concluyó que esta vía no era procedente debido a que, entre otras cosas, no se había realizado ante la Procuraduría Fiscal de Hacienda sino ante el SAT, que no estaba facultado legalmente para ello.

La FGR advirtió además que, aun cuando la conductora realizó pagos por casi 14 millones de pesos, eso en todo caso acota el procedimiento fiscal iniciado en su contra, pero no significa que la investigación que lleva el Ministerio Público deba cerrarse, pues se trata de procedimientos distintos.

Ante esa resolución, la defensa de Gómez Mont ha promovido una nueva demanda de amparo bajo la hipótesis de que la fiscalía ha insistido en rechazar un acuerdo reparatorio por pagos que ya se realizaron, y que no solo serviría para dejar sin efecto la indagatoria de 2017 sino también la nueva iniciada en 2019, y que dio paso a la orden de aprehensión en su contra.

Fuente Animal Politico