“EN LA OPINION DE”
Dr. Hugo Alday Nieto

Durante los últimos años, el congreso del Estado de Quintana Roo ha sido el escenario de una gran cantidad de acciones de inconstitucionalidad promovidas en su mayoría por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resultando en la invalidez de distintas normas y artículos emanados del poder legislativo local.
De acuerdo con la teoría del Estado, así como con la jerarquía jurídica de las normas establecida en el sistema neorrománico por Hans Kelsen, las normas inferiores, como son las normas emanadas de los poderes legislativos estatales no pueden contravenir o incluso ir más allá de lo que disponen las normas federales, en particular, la Constitución General de la República.
En este sentido, y partiendo de qué los legisladores llegan a sus cargos a través de la decisión popular no tienen la obligación de ser peritos en derecho, dado que uno de los principios democráticos es que cualquier persona puede llegar a hacer un representante popular. Por ello, es que existen áreas como los institutos de investigación parlamentaria y las direcciones tecnico jurídicas de los congresos que sirven para dar forma a las acciones legislativas impulsadas por los diputados, a efecto de que cumplan con la legalidad y consecuentemente, con la constitucionalidad de todas y cada una de las propuestas para no contravenir a lo dispuesto por la Constitución General de la República.
Adicionalmente, para Ferrajoli el principio de legalidad es aquel en el que las personas que tienen bajo su encargo una función pública con atribuciones establecidas en la ley, tienen la obligación de acatarlas, ya que de no hacerlo contravienen con sus obligaciones y rompen con la estructura y funcionamiento del ente público, en este caso, de los procesos legislativos y por ende, de los congresos afectando a la generalidad.
En Quintana Roo de acuerdo a la Ley Orgánica de ese Poder, existe la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo y el Instituto de Investigaciones, que son oficinas encargadas de evitar que se den acciones de inconstitucionalidad que puedan poner en riesgo futuro al marco jurídico local, emitiendo para tal efecto los dictámenes de todas y cada una de las propuestas que se estudian en el congreso.
Distintos autores como Luigi Ferrajoli, Juan Antonio Garcia Amado, Manuel Atienza, Helen Xantaqui, entre muchos otros, han insistido en la importancia de la existencia de oficinas, como las que existen, ya en la Ley Orgánica del Poder Legislativo en Quintana Roo, a efecto de darle contenido Juridico a las acciones legislativas, evitando las antinomias y lagunas, que sirven de base para la inconstitucionalidad de leyes en el estado de Quintana Roo.
Algunos de los autores antes mencionados han señalado la importancia de involucrar no solamente a los órganos jurídicos y técnicos creados para tal efecto en los parlamentos, sino de involucrar especialistas en las materias para evitar este tipo de leyes que generan antinomias una y otra vez por sustentarse más en temas políticos que jurídicos. “Los autores que han investigado acerca de este vacío teórico, han identificado entre los principales causas, una barrera entre lo jurídico y legislativo, que obstruye el análisis y reflexión sobre la creación del derecho positivo en sede parlamentaria, desde la doctrina jurídica. Esta falta de involucramiento teórico de lo jurídico en el ámbito parlamentario, revierte un descuido desde los estudios jurídicos de la investigación y la enseñanza sobre práctica de la legislación, y a su vez profundiza más la laguna en los marcos teóricos encargados de sostener el progreso de la cultura Jurídica parlamentaria así, el resultado es la falta de preparación teórica, práctica que debe ser impartida por las universidades en las carreras afines al derecho” (Helen Xantaqui, La legislación, en serio. Daniel, Oliver-la lana, Tiránt lo Blanch , 2019)
Sin embargo, pareciera que estos organismos tecnico jurídicos o de investigación especializados en evitar que se vulnere el marco jurídico, o bien, que se rompa el estado de derecho, no están funcionando para lo que fueron creados. Hace unos días y escuchando una entrevista del doctor Santiago Nieto Castillo, manifestaba que la única forma en la que se puede lograr efectividad de los entes públicos, es que sean utilizados para lo que fueron creados y se conformen de las personas más capaces para ello, cosa que dada la cantidad de acciones de inconstitucionalidad recibidas parece no ajustarse al caso concreto.
Hoy en día, tenemos en puerta ya la Acción de Inconstitucionalidad 72/2026, presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 25 de junio de 2026 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma electoral del Estado de Quintana Roo.
Así como la Acción de Inconstitucionalidad 78/2026 promovida posteriormente por el partido Movimiento Ciudadano (MC), quienes también buscan frenar el bloqueo de los candidatos a presidentes municipales en los cabildos. Ambos partidos argumentan que estas reglas limitan la representación democrática y el pluralismo político en el estado, argumento que fue expuesto por el Partido del Trabajo en comisiones mediante voto particular en su momento.
En conclusión, pareciera que, a la luz pública, las personas legisladoras son directamente responsables de los efectos de las acciones de inconstitucionalidad que se han llevado a cabo desde hace casi una década en el estado de Quintana Roo. Sin embargo, en la arquitectura estructural para la toma de decisiones del congreso estatal, se requiere forzosamente la intervención de órganos técnicos que deben intervenir a darle forma y sustento Juridico – de acuerdo con el principio de legalidad de Ferrajoli- a todas las propuestas que emanan de los diputados que, repito, no tienen la obligación de ser peritos en derecho, a diferencia de aquellos órganos que han sido constitucionalmente creados para tal efecto.
Parafraseando al maestro Joaquín Sabina, de seguir así, las leyes seguirán siendo inconstitucionales, como las cosas que no tienen mucho sentido.