Ciudad de México.) El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, recuperó 10 propiedades que le habían sido aseguradas como parte de un juicio de extinción de dominio que la Fiscalía estatal (FGE).

Sin embargo, el expriista que se encuentra actualmente preso en Miami, Florida, en espera de su extradición, obtuvo un acuerdo judicial.

El acuerdo se concretó el 3 de septiembre a solicitud de director de Extinción de Dominio, de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía, hecha al juez Octavo de Distrito del Estado.

Entre las propiedades que fueron recuperadas por Duarte se encuentra el rancho El Saucito, el cual tiene una extensión de 4 mil 300 hectáreas.

En este lugar que se encuentra en el municipio de Balleza son criadas más de mil cabezas de ganado. Además, el rancho El Aranjuez, que se encuentra en Parral y tiene una extensión de 35 hectáreas.

Asimismo, el predio La Mesa de 511 hectáreas; Mesa de las Ajuntas con una superficie de 95 hectáreas; y el Rancho de En medio de 551 hectáreas.

De acuerdo con el abogado de Duarte, el exgobernador hizo la petición de forma escrita el pasado 2 de septiembre, donde solicitó levantar las medidas cautelares.

Además, señaló que el Estado intentó ilegalmente despojar a César Duarte de sus bienes, los cuales, aseguró fueron adquiridos como el fruto de su trabajo antes de ser gobernador.

El acuerdo también libera de esta medida cautelar a otros exfuncionarios y a la esposa de César Duarte, Bertha Olga Gomez Fong.

“Es una medida prudente en medio de un juicio que había violado todo tipo de garantías a los involucrados”, señaló el abogado.

De acuerdo al portal Entrelíneas, la administración estatal recién concluida de Javier Corral, se desistió del procedimiento de extinción de dominio sobre bienes asegurados a exfuncionarios, a quienes se siguió causa penal por diversos delitos en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”.

La Fiscalía General del Estado, con fecha de 3 de septiembre, fue declinada la competencia en favor de la Federación, bajo el argumento de la relación con los que se investigan en una carpeta federal, esto en relación al delito de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, a la fecha no existe acuerdo por parte de la Fiscalía General de la República aceptando la competencia sobre el caso.

Lo anterior, quedó revelado luego de una revisión de documentación que se hizo durante el procedimiento de entrega-recepción.

El pasado 10 de septiembre, la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado, recibió un oficio de solicitud para levantar el aseguramiento de diversos bienes que fueron señalados a diversos exfuncionarios de la administración 2010-2016.

Dicho desistimiento se realizó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la acción de inconstitucionalidad 100/2019, decretó la invalidez de varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, entre ellos la fracción IV del artículo 7, en la que se sustentaría la acción de extinción de dominio de los presentes casos, la cual establece que procederá cuando existan bienes de origen licito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes derivados de la comisión del delito.

Además, el máximo tribunal en el país, durante el desarrollo del juicio civil, estableció que los bienes asegurados fueron adquiridos por sus propietarios previo al desempeño del cargo del cual presuntamente hicieron uso para cometer el delito. En consecuencia, no se podría tomar en cuenta el delito de peculado, previsto en dichos expedientes.

La Fiscalía aclara que, al desistirse del aseguramiento, quedan a salvo los derechos, para actuar contra los bienes de los exfuncionarios, asimismo, es importante mencionar que, respecto a las carpetas de investigación en la vía penal, seguirá trabajando para que se cumpla con el debido proceso.

Fuente Vanguardia