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FGR va contra 3 universidades por Estafa Maestra; exrector de Morelos sigue prófugo, 4 años después

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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal en contra de tres universidades públicas del Estado de México, Sinaloa y Tabasco por su presunta participación en una operación para desviar más de 300 millones de pesos del erario bajo el esquema fraudulento conocido como “La Estafa Maestra”. Todo ello en los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las carpetas de investigación se iniciaron a partir de 10 denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó directamente en contra de dichos planteles el pasado 23 de julio. Los recursos desviados fueron asignados con convenios, sin licitaciones, por varias dependencias federales entre ellas Petróleos Mexicanos. 

Los planteles denunciados penalmente son la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM); la Universidad Politécnica de Sinaloa; y la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) en Tabasco.

Tras recibir el dinero y sin cumplir con ninguno de los servicios pactados estas universidades –con la presunta complicidad de sus rectores y funcionarios– enviaron premeditadamente los recursos a otras empresas “subcontratadas” para que lo llevaran a cabo. Pero muchas de esas compañías resultaron ser empresas irregulares o hasta fantasma.

De prosperar estos casos podrían materializarse en las primeras acusaciones por delitos de corrupción en contra de autoridades universitarias por el mecanismo fraudulento de La Estafa Maestra. Con anterioridad la FGR ya procedió en contra del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos –quien sigue prófugo– pero por el delito de lavado de dinero.

Autoridades de la FGR indicaron a Animal Político que las denuncias presentadas por los auditores incluyen dictámenes técnicos en donde claramente se identifica a funcionarios de dichas universidades que habrían incurrido en los malos manejos de los recursos. Se presume que se trató de un esquema pactado y no de hechos aislados.

Los desvíos denunciados en universidades

Entre los centros educativos que se encuentran bajo investigación de la FGR el que acumula la mayor cantidad de irregularidades es la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), plantel que funciona como un organismo público descentralizado del gobierno mexiquense. En los años en que ocurrieron los hechos irregulares dicho gobierno era encabezado por Eruviel Ávila.

La FGR tiene ocho denuncias presentadas por los auditores en contra de la UIEM por un presunto fraude al erario que asciende a los 229 millones de pesos. Esto como resultado de los malos manejos registrados en los años 2014 a 2016.

Como es el común denominador en este mecanismo de fraude, la universidad señalada recibió los recursos a través de la firma de convenios directos y sin licitación con varias dependencias federales, entre ellas el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el DIF y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

A cambio de ello, el plantel se comprometía a realizar los servicios bajo el argumento de que contaba con los recursos humanos y materiales para ello. Lo que los auditores encontraron es que esto no ocurrió así pues, de manera absolutamente ilegal, la UIEM subcontrató para realizar la mayoría del trabajo a 23 empresas, otra universidad y 68 personas físicas.

Lo peor es que, en muchos casos, no hay pruebas que documenten que los servicios irregularmente subcontratados se llevaron a cabo. Aunque hay supuestos “entregables”, se presume que estos fueron fabricados.

“En la revisión de la documentación derivada de las contrataciones y subcontrataciones se observó que presentan irregularidades como cuadernillos duplicados o localizados en internet, bases de datos incompletas, entre otras, mencionadas en el informe, por lo que ni la UIEM, ni los subcontratistas acreditaron la prestación de los servicios contratados por 229 millones de pesos”, indica el dictamen que dio pie a la denuncia.

Como parte de la investigación los auditores buscaron a 11 de las empresas subcontratadas y notaron que los domicilios eran inexistentes o correspondían a casas particulares. Es decir, se trata de compañías presumiblemente fantasma.

Por otra parte, la ASF también presentó una denuncia en contra de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) localizada en Tabasco, por presuntos hechos de corrupción que dieron paso a un quebrante cercano a los 54 millones de pesos 

Los malos manejos reportados en este plantel estatal son resultado de los convenios específicos que firmó en 2018 con Petróleos Mexicanos (Pemex) y, en específico, con su filial de Exploración y Producción. Esto durante la época en que el gobierno de Tabasco –quien controla la universidad– estaba a cargo de Arturo Núñez.

Al igual que en el caso de la UIEM, la UTU no contaba con la capacidad técnica y humana para cumplir con los servicios que contrató con Pemex, de ahí que tuviera que recurrir a terceros (empresas y personas físicas) para cumplir con los convenios que se le entregaron sin ningún tipo de licitación.

Hubo un caso específico donde dicha universidad subcontrató a tres empresas que no realizaron trabajo alguno como se pudo verificar al visitar a las. Los documentos para justificar dicho servicio fueron en realidad realizados por otros asesores.

En cuanto a la Universidad Politécnica de Sinaloa, la ASF la denunció por presuntas acciones de corrupción que derivaron en un fraude al erario cercano a los 36 millones de pesos. Al igual que en los otros casos se trata de un plantel público a cargo del gobierno del estado.

Las anomalías detectadas por los auditores se identificaron en los convenios que dicho plantel realizó con diversas dependencias de las que recibió recursos sin licitar, y entre las que se encuentran al SEO, Conapesca, Conacyt, Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor (este último implicado también en posibles desvíos con recursos del Fondo Nacional del Emprendedor).

El hecho más grave en cuanto a recursos implicados fue resultado del convenio firmado con Conapesca por 31 millones de pesos, y donde la Universidad no realizó ningún trabajo pues carecía del personal y equipos para ello. ¿Qué pasó con el dinero? Una parte, 21 millones, lo mandó a siete compañías que tampoco comprobaron que se realizaron los trabajos.

Otra fracción de los recursos (poco más de cuatro millones) los usó la universidad para pagar parte de su nómina, situación que evidentemente no estaba permitida. Y el resto del dinero, poco más de seis millones, ni siquiera se supo en que se ejercieron pues el plantel no lo comprobó, pero tampoco los regresó.

En todos los casos anteriores las denuncias identifican responsabilidades tanto de las áreas jurídicas y administrativas de los planteles implicados, así como de las personas que ocupaban la rectoría.

El rector prófugo

En noviembre del año pasado la FGR obtuvo 11 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios federales, un exrector y supuestos accionistas de una empresa fantasma, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, todos ellos relacionados con el esquema de “La Estafa Maestra”.

El exrector implicado es Jesús Alejando Vera Jiménez, quien estaba al frente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) cuando participó en los presuntos desvíos de recursos federales. También se ordenó la captura de dos exfuncionarios más del mismo plantel. Todos ellos siguen prófugos.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM CDMX/0001220/2019, la complicidad entre la UAEMOR y la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) permitió el desvío de más de 77 millones de pesos a través del mismo sistema: la firma de convenios sin licitaciones por servicios que no se llevan a cabo.

En este caso la administración que encabezaba Vera Jiménez incluso se prestó para simular una licitación pública en la que participaron dos empresas fantasma, las cuales compartían incluso el mismo domicilio fiscal. Una de esas compañías transfirió el dinero a otro grupo de empresas con la finalidad de irlo lavando y perder el rastro.

En 2017, Animal Político y Mexicanos Contra al Corrupción y la Impunidad publicaron el reportaje denominado La Estafa Maestra que documentó, por primera vez, que una decena de dependencias federales habían desviado recursos a través de convenios con universidades.

Auditorías y denuncias posteriores ante la FGR confirmaron los hechos y se probó incluso el involucramiento de más intermediarios públicos y no solo universidades. Además, se detectó el involucramiento de un mayor número de dependencias. “No se trata de casos aislados sino de una auténtica delincuencia organizada”, dijo en 2019 el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Sin embargo, hasta ahora la única exsecretaria de Estado procesada y encarcelada por este caso es Rosario Robles, quien ayer cumplió dos años en prisión preventiva. En una carta publicada en redes sociales la extitular de Sedesol y Sedatu insistió en su inocencia y cuestionó que solo se haya procedido en su contra.

Otros exfuncionarios que al igual que Robles encabezaron dependencias desde las cuales se firmaron convenios con el mismo esquema fraudulento son Emilio Lozoya en Pemex; Alfredo del Mazo en Banobras; Emilio Chuayfett en la SEP; Enrique Martinez y Martínez en SAGARPA; y José Reyes Baeza en FOVISSSTE

Fuente MSN Noticias

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Millonaria demanda debe enfrentar Mexicana de Aviación

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Agencias.-Según SAT Aero Holdings, Mexicana de Aviación incumplió sus obligaciones casi desde el principio al no pagar 5.5 millones de dólares de depósito por el arrendamiento de aeronaves, al negarse a firmar documentos, al contratar a sus pilotos y tripulaciones fuera del proceso acordado y al no obtener las licencias necesarias para importar y operar los aviones.

Mexicana de Aviación fue demandada el miércoles por al menos 841 millones de dólares por una empresa de Texas que acusó a la nueva aerolínea estatal mexicana de varios incumplimientos de contrato.

Según la demanda presentada ante un tribunal federal de Manhattan, el gobierno mexicano contrató el año pasado a la empresa SAT Aero Holdings para que prestara una serie de servicios a Mexicana, entre ellos la obtención de aeronaves y los seguros correspondientes, y la contratación y formación de pilotos y tripulantes.

Según SAT Aero Holdings, Mexicana de Aviación incumplió sus obligaciones casi desde el principio al no pagar 5.5 millones de dólares de depósito por el arrendamiento de aeronaves, al negarse a firmar documentos, al contratar a sus pilotos y tripulaciones fuera del proceso acordado y al no obtener las licencias necesarias para importar y operar los aviones.

Los “incumplimientos materiales de Mexicana y su falta de voluntad para trabajar con el SAT en la solución de los problemas causados” no dejaron a SAT Aero Holdings “otra opción” que demandar, dice la demanda.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que opera Mexicana, dijo que no tenía ninguna información sobre el caso.

SAT Aero Holdings, empresa radicada en San Antonio, reclama 838.5 millones de dólares que representan el “total completo” del contrato, más los gastos “de bolsillo”, que hasta ahora superan 2.4 millones de dólares.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el año pasado la aerolínea Mexicana de Aviación resucitando la marca de una aerolínea en quiebra.

El gobierno ha presentado a Mexicana de Aviación como una alternativa menos cara para los viajeros que las aerolíneas más grandes del país como Aeroméxico, con la que López Obrador se ha enfrentado a menudo.

Sin embargo, al principio Mexicana de Aviación tuvo dificultades para adquirir aeronaves y comenzó a operar con tres aviones Boeing procedentes del Ejército y dos Embraer arrendados.

López Obrador dijo en marzo que Mexicana compraría 20 aviones antes de octubre.

SAT Aero Holdings dijo que estaba de acuerdo con Mexicana de Aviación en que las disputas contractuales podrían abordarse en los tribunales de Nueva York en virtud de la legislación de ese estado.

Fuente: El Economista

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Semana Santa ¿Y los bancos? Infórmate y toma precauciones

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CDMX — Los mexicanos se preparan para disfrutar del primer periodo vacacional del 2024 con motivo de la Semana Santa.

Las vacaciones en las escuelas de educación básica inician el lunes 25 de marzo y terminarán el viernes 5 de abril, por lo que el regreso a las aulas será el lunes 8 de abril, de acuerdo con el Calendario Escolar 2023-2024 de la SEP.

Serán dos semanas de vacaciones para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, y justo en la primera semana es cuando ocurre la Semana Santa, que es una festividad para los cristianos y en la que se recuerdan los últimos días de Jesucristo en la Tierra.

La Semana Santa inicia el Domingo de Ramos que es el domingo 24 de marzo y termina el Domingo de Pascua que es el domingo 31 de marzo.

Aunque esos días habrá vacaciones para muchos estudiantes, no necesariamente habrá vacaciones para todas las personas.

¿Los bancos trabajan el Jueves Santo 28 y Viernes Santo 29 de marzo 2024?
Los días jueves 28 y viernes 29 de marzo de la Semana Santa 2024 no son días de descanso obligatorio, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, algunas empresas, organizaciones y centros de trabajo deciden suspender labores

¿Qué pasa en el caso de los bancos? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación que tanto jueves 28 de marzo y viernes 29 de marzo las sucursales de los bancos estarán cerrados y suspenderán sus operaciones.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publica cada año en el Diario Oficial de la Federación los días en que los bancos deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

Calendario de días feriados en los bancos en 2024:
El 1 de enero
El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero
El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo
El 28 y 29 de marzo (Semana Santa)
El 1 de mayo
El 16 de septiembre
El 1 de octubre
El 2 de noviembre y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre
El 12 y 25 de diciembre
Los sábados y domingos
Los bancos señalan que sus servicios de banca digital y cajeros automáticos estarán disponibles para los usuarios.

La ABM recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 62 mil 500 cajeros automáticos y 52 mil corresponsales bancarios; así como la banca digital, electrónica y telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.

Fuente: Bloomberg

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