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SAT contrata a firma señalada por lavado

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Ciudad de México. – En medio de la crisis sanitaria que paralizó al país, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adjudicó un contrato de manera directa a una de las 33 empresas ligadas a la presunta red internacional de lavado de activos del gobernador de Tamaulipas, Francisco N.

El SAT compró material de limpieza para sus unidades administrativas por cerca de 15 millones de pesos, con IVA incluido, a la empresa Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur SA de CV, enlistada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de la red de lavado del mandatario tamaulipeco.

Hacienda e INE combatirán uso de recursos públicos y delitos fiscales
El contrato fue para la adquisición de material de limpieza para las unidades administrativas del SAT y tuvo vigencia de abril a octubre del año pasado.

De acuerdo con documentos de la plataforma de compras públicas Compranet, el organismo que encabeza Raquel Buenrostro Sánchez compró a la compañía 383 mil 461 litros de hipoclorito de sodio al seis por ciento, 261 mil paños de microfibra de poliéster y nailon y 52 mil 200 botellas rociadoras con atomizador de 500 mililitros.

En una justificación para efectuar una excepción a la licitación pública, la autoridad fiscal refirió que tuvo que adjudicar el contrato de forma directa ante la emergencia sanitaria.

Indicó que al ser un organismo fundamental para la economía nacional, debía continuar en funcionamiento.

“Es preocupación del SAT, en apoyo a las medidas establecidas por el gobierno federal, mantener instalaciones desinfectadas”, refirió el organismo de la SHCP en su justificación.

Luego de una búsqueda entre su lista de proveedores, el organismo encontró 16 empresas que podrían surtirle el servicio, de las cuales sólo cuatro enviaron una cotización solicitada y de éstas, dijo, la propuesta más baja fue la de Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur.

La empresa está enlistada entre 33 compañías y personas físicas investigadas en Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado que involucra al gobernador de Tamaulipas, su madre, su esposa, su suegro, un primo y sus dos hermanos, siendo uno de ellos Ismael García Cabeza de Vaca, senador de la República.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público el listado el pasado jueves 20 de mayo al exhibir una carta que el Departamento de Justicia dirigió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en la que le informa que investiga al gobernador panista por su presunta participación en una red de lavado de dinero.

“Por medio del presente, me es grato saludarle e informarle que la oficina del agregado jurídico, FBI, está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a los individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos, se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”, indica la misiva firmada por el agregado jurídico Joseph González

Esta información llevó a Santiago Nieto a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congelar las cuentas bancarias del mandatario estatal y de las personas vinculadas.

“He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco N por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”, dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.

Al gobernador de Tamaulipas se le acusa de delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, a través de empresas y prestanombres, entre ellos Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur, empresa beneficiada por el SAT.

Además de su familia, en la red delictiva también aparece el empresario Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias El Trillo o La Trilladora, con tres de sus nombres falsos: Juan Helú García, Ladislao Vázquez López o Manuel Garza Espinosa. Se trata de un operador del Cártel de Sinaloa y señalado de ser quien financió la construcción del túnel por donde se fugó Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano la noche del sábado 11 de julio de 2015, como dio a conocer El Sol de México.

También aparecen los hermanos Alfonso, Bernardo y Gerardo Pasquel Méndez, vinculados al Partido Verde Ecologista de México y señalados por el Gobierno de la Cuatroté de ser los responsables de filtrar los videos donde aparece el hermano del Presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero para presuntamente financiar campañas políticas.

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TREN MAYA RECIBE AUTORIZACIÓN FEDERAL PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLES DURANTE 15 AÑOS

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El Gobierno de México otorgó a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. permisos federales para operar, durante los próximos 15 años, el transporte de combustibles a través de la red ferroviaria del sureste, consolidando así una nueva etapa en la estrategia logística y de seguridad energética nacional. La autorización permitirá el traslado de diésel, gasolinas y otros productos derivados del petróleo, bajo estrictos lineamientos de seguridad, supervisión ambiental y control operativo.

De acuerdo con la resolución emitida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el permiso faculta al Tren Maya a ampliar su esquema de servicios más allá del transporte de pasajeros y carga general, integrando ahora el movimiento de energéticos en rutas estratégicas que conectan puertos, terminales y centros de distribución. Esta medida busca fortalecer la infraestructura logística del país, reducir costos de traslado y mejorar la eficiencia en el abastecimiento regional.

El proyecto contempla el uso de trenes especializados, equipados con sistemas de contención y monitoreo permanente, así como protocolos de emergencia coordinados con autoridades federales y estatales. La operación deberá cumplir con normas estrictas en materia de protección civil, impacto ambiental y manejo de sustancias peligrosas, lo que incluye auditorías periódicas y reportes obligatorios.

Con esta autorización, el Tren Maya se posiciona como un actor clave en el sistema ferroviario nacional, ampliando su capacidad para atender sectores estratégicos como el energético, industrial y portuario. La medida también refuerza la visión gubernamental de aprovechar la infraestructura ferroviaria para impulsar el desarrollo económico del sureste, mejorar la competitividad y garantizar un suministro más seguro y eficiente.

La autorización entra en vigor de manera inmediata y tendrá vigencia hasta 2041, con posibilidad de renovación conforme al desempeño y cumplimiento regulatorio.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS

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A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:

  1. SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
  2. EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
  3. EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
  4. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
    El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
    ¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
    Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
    UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.

Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.

Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.

Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.

Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.

Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.

Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.

Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.

Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.

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