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EX AGENTE DE LA DEA LAMENTÓ QUE AMLO JUSTIFIQUE LIBERTAD DE CARO QUINTERO

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Ciudad de México.- Junto con su secretaria de Gobernación que fue ministra de la Corte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, justificó que el capo Rafael Caro Quintero fuera liberado porque no había sido condenado y estaba en prisión preventiva oficiosa por 27 años, una afirmación errónea.

Mike Vigil, ex agente de operaciones internacionales de la Administración del Control de Drogas (DEA), lamentó las imprecisiones del mandatario por dos razones. En primera, por defender de forma equivocada que Caro Quintero fuese liberado justamente y, en segunda, por el mensaje que enviaba a favor de narcotraficantes violentos.

De acuerdo con una consulta del portal Vice News, el ex funcionario de la DEA calificó como insultos los comentarios de AMLO y cuestionó que el tabasqueño omitiera que autoridades judiciales de México rectificaron la sentencia de 40 años que estaba cumpliendo el llamado Narco de Narcos.

Pues en el caso del capo no se alegaba su culpabilidad, sino qué tribunal debía juzgarlo, si uno del fuero federal o uno local; en su amparo fue favorecido porque debió ser procesado a nivel estatal. Razón por la cual un Tribunal Colegiado de Guadalajara justificó dejarlo fuera de la cárcel en agosto de 2013, cuando apenas cumplía 28 años del tiempo que le fue dictado, luego de ser detenido en 1985. Pero el veredicto sí existió.

Vigil fue amigo de Kiki Camarena y trabajó con él en México

Imagínense el caso del señor Caro Quintero, 27 años sin sentencia ¿Qué hacía el Poder Judicial? ¿Cómo va a estar una persona detenida sin una sentencia? ¿Qué pasaba? ¿Era sentencia preventiva?”, argumentaba el presidente al tiempo que la exministra Olga Sánchez Cordero completara con la frase “prisión preventiva”.

El Narco de Narcos, cabecilla del Cártel de Guadalajara, fue detenido en Costa Rica en abril de 1985, acusado del asesinato del ex agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y el del piloto mexicano Alfredo Zavala. Tras ser extraditado a México, fue juzgado y condenado.

Vigil, quien trabajó con Kiki Camarena y era su amigo personal, dijo que interrogó a Juan Ramón Matta Ballesteros, ex colaborador del Cártel de Guadalajara, y el delincuente confesó que Caro Quintero mató al funcionario de la DEA.

“Prisión preventiva ¿No había elementos?, ¿por qué no se resolvía? Por eso el amparo y la libertad. Y una vez que sale, a buscarlo de nuevo porque viene la exigencia de Estados Unidos de que no se debió liberar, pero legalmente procedió el amparo”, reiteró AMLO.

Para el 16 de enero de 2015, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, Jalisco, ordenó la inmediata reaprehensión de Caro Quintero para cumplir las ejecutorias de los amparos 180/2011 y 101/2013, en los que se consideró penalmente responsable al capo por secuestrar y asesinar a Kiki Camarena.

El agente estadounidense que cambió los planes de Caro Quintero fue secuestrado, torturado y asesinado.

Las autoridades judiciales dictaminaron que el ex agente de la DEA era un funcionario del gobierno de EEUU y su asesinato era un delito del fuero federal, por lo que había sido procesado en el tribunal correcto. Pero ya desde entonces el Narco de Narcos se mantenía oculto en los dominios del Cártel de Sinaloa.

“Él todavía no se da cuenta de que no se puede hablar en nombre de narcotraficantes muy violentos y esperar que digan: ‘Está bien, bueno, ya sabes, está hablando muy bien de eso, así que vamos a detenernos con el narcotráfico, vamos a acabar con la violencia por completo’; es todo lo contrario”, aseveró Mike Vigil para el reporte de Nathaniel Janowitz.

El Narco de Narcosencabeza la lista de los fugitivos más buscados de la DEA, también está entre los primeros 10 objetivos de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y tiene una ficha roja en la Policía Internacional (Interpol). Es el único personaje que figura en los tres portales. La recompensa por datos que lleven a su captura ronda los 20 millones de dólares.

“Caro Quintero es miembro del Cartel de Sinaloa y se sabe que frecuenta la zona de Badiraguato en Sinaloa, México”, dice la ficha del FBI.

Está acusado de cuatro cargos relacionados con el crimen organizado, conspiración para cometer delitos violentos, secuestro de un agente federal, así como el crimen de asesinato por este caso. Es requerido por la jurisdicción central de California, de acuerdo con la DEA que lo fija como objetivo prioritario.

También tiene una acusación formal ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, la cual fue presentada en 2017 ante un gran jurado.

Mike Vigil dijo que el presidente insultó a la DEA y las fuerzas del orden de EEUU que han colaborado con México para procesar a capos de relevancia. Y en ese esfuerzo han muerto varios agentes norteamericanos. Las declaraciones de López Obrador, apuntó, no ayudan a las relaciones de trabajo entre autoridades, al contrario.

A Caro Quintero le faltarían por pagar 11 años y 7 meses de prisión en México. El mismo Alfonso Durazo, cuando era secretario de Seguridad con AMLO, reconoció que el capo volvió a operar desde Sonora, donde resurgió el Cártel Caborca.

López Obrador ha señalado públicamente que el gobierno mexicano ya no está interesado en detener a los capos del narcotráfico. No está claro si el presidente está bien informado de las indagatorias ni de las disputas actuales del Narco de Narcos, sin embargo, muestra con qué facilidad y poca importancia puede difundir imprecisiones sobre uno de los casos más emblemáticos en la historia de los cárteles de la droga.

Fuente: Infobae

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TREN MAYA RECIBE AUTORIZACIÓN FEDERAL PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLES DURANTE 15 AÑOS

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El Gobierno de México otorgó a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. permisos federales para operar, durante los próximos 15 años, el transporte de combustibles a través de la red ferroviaria del sureste, consolidando así una nueva etapa en la estrategia logística y de seguridad energética nacional. La autorización permitirá el traslado de diésel, gasolinas y otros productos derivados del petróleo, bajo estrictos lineamientos de seguridad, supervisión ambiental y control operativo.

De acuerdo con la resolución emitida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el permiso faculta al Tren Maya a ampliar su esquema de servicios más allá del transporte de pasajeros y carga general, integrando ahora el movimiento de energéticos en rutas estratégicas que conectan puertos, terminales y centros de distribución. Esta medida busca fortalecer la infraestructura logística del país, reducir costos de traslado y mejorar la eficiencia en el abastecimiento regional.

El proyecto contempla el uso de trenes especializados, equipados con sistemas de contención y monitoreo permanente, así como protocolos de emergencia coordinados con autoridades federales y estatales. La operación deberá cumplir con normas estrictas en materia de protección civil, impacto ambiental y manejo de sustancias peligrosas, lo que incluye auditorías periódicas y reportes obligatorios.

Con esta autorización, el Tren Maya se posiciona como un actor clave en el sistema ferroviario nacional, ampliando su capacidad para atender sectores estratégicos como el energético, industrial y portuario. La medida también refuerza la visión gubernamental de aprovechar la infraestructura ferroviaria para impulsar el desarrollo económico del sureste, mejorar la competitividad y garantizar un suministro más seguro y eficiente.

La autorización entra en vigor de manera inmediata y tendrá vigencia hasta 2041, con posibilidad de renovación conforme al desempeño y cumplimiento regulatorio.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS

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A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:

  1. SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
  2. EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
  3. EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
  4. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
    El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
    ¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
    Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
    UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.

Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.

Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.

Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.

Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.

Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.

Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.

Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.

Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.

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