Nacional
MAFIA RUMANA EN LA RIVIERA MAYA SENTENCIADA EN BUCAREST
CDMX.- Un tribunal de Bucarest condenó el viernes a seis miembros de la llamada Mafia Rumana en la Riviera Maya a penas de prisión de entre tres y diez años.
Liderada por Florian Tudor, también conocido como The Shark o Tiburón, quien permanece prófugo en México, la banda comprometió hasta 100 cajeros automáticos a lo largo de la Riviera Maya de México, en Cancún, Sayulita, Puerto Vallarta y Tijuana para robar detalles de tarjetas de crédito de turistas y retirar dinero de sus cuentas.
Los seis fueron declarados culpables de intento de asesinato, extorsión, creación de un grupo delictivo organizado, posesión ilegal de un arma y conducir sin licencia.
Tudor también fue acusado, pero permanece en México y los fiscales deben presentar una orden judicial en ausencia, informaron medios locales.
La banda fue juzgada en enero del año pasado y los fiscales afirmaron que el grupo delictivo de Tudor puede tener casi 1000 hombres.
El año pasado, la OCCRP, Elemento Lab, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Rise Project publicaron una investigación que reveló detalles de las acusaciones de la fiscalía contra Tudor y su grupo. Mientras tanto, los investigadores de las fuerzas del orden llegaron a la conclusión de que la pandilla era responsable del 12% de un mercado de desnatado ilegal por un valor estimado de dos mil millones de dólares. Gran parte del dinero robado que los miembros supuestamente canalizaron a bienes raíces en México y Rumania a través de compañías que controlaban.
Tres de los asociados de Tudor fueron declarados culpables el viernes de intentar matar a Sorinel Marcu, quien alguna vez fue la mano derecha de Tudor. El ‘Tiburón’ y su músculo tuvieron una pelea por el dinero y los celos. El 2 de abril de 2018, Marcu estaba afuera de una oficina de DHL en Cancún cuando los tres convictos lo apuñalaron varias veces. Posteriormente, a Marcu le extirparon el bazo en un hospital de Cancún como resultado de sus heridas.
Tudor fue acusado de intento de asesinato junto con los tres convictos. Cuando fue contactado por OCCRP en 2020, negó cualquiera de las acusaciones y afirmó que era un hombre de negocios legítimo.
“No soy un criminal y nunca lo seré”, dijo Tudor en un intercambio de correo electrónico con la OCCRP. “Nunca he matado a nadie y nunca he ordenado que maten a nadie”. En febrero de 2020, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos pidió a las autoridades mexicanas que investigaran la red del crimen organizado de Tudor.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México inició una investigación financiera, rastreando las propiedades y transacciones de la pandilla. La UIF, en colaboración con la Fiscalía General de México, descubrió transacciones entre al menos ocho empresas con sede en México y una en Rumania.
A principios de febrero de este año la UIF congeló las cuentas de 79 personas y empresas que se cree están vinculadas al grupo. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que presentara un informe completo sobre The Riviera Maya Gang, luego de que se congelaran las cuentas.
CUENTAS CONGELADAS
El pasado 18 de marzo se informó que Florian Tudor, no asistió a la comparecencia que tenía programada en la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que perdió su derecho de audiencia y sus cuentas bancarias se mantendrán congeladas. MILENIO confirmó que Florian Tudor tenía una cita el 12 de marzo en la Unidad de Inteligencia Financiera, pero decidió dejar plantados a las abogadas del área de Procesos Legales que lo recibirían tal como él mismo lo solicitó.
Ésta fue la fecha que le confirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en la reunión del 3 de marzo, para que presentara las pruebas que asegura tener para demostrar que los movimientos de sus cuentas bancarias no están relacionados con los delitos de clonación de tarjetas bancarias, hackeo de cajeros automáticos, tráfico de personas y extorsión a comerciantes.
A diferencia de las reuniones que ha sostenido con la titular de la fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, y con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a quienes grabó durante sus reuniones con un celular oculto, en la UIF no habría podido repetir la misma estrategia. Por protocolo, y al considerarse de un área de inteligencia y seguridad nacional, Tudor habría tenido que ingresar sin ninguna compañía y sin teléfonos celulares, equipos de comunicación o tecnología.
“Mando dinero para hacerle la vida un infierno”, así amenazó Tudor a supuesto socio Funcionarios de la UIF confirmaron a MILENIO que tras este incumplimiento, Tudor pierde automáticamente su derecho de audiencia, por lo que sus cuentas bancarias se quedarán congeladas a menos que un juez determine lo contrario. La UIF respalda el bloqueo de cuentas bancarias de 79 personas físicas y morales relacionadas con la mafia rumana, que incluyen las de Florian Tudor conocido como El Tiburón y de sus abogados, con las investigaciones en su contra en Estados Unidos y Rumania donde se le identifica como el líder de esta banda que clona tarjetas bancarias, hackea cajeros, extorsiona a empresarios de Quintana Roo y trafica sexualmente con personas.
Tudor MILENIO publicó que la Dirección General de Procedimientos Internacionales del Ministerio Público de la República de Rumania, solicitó asistencia jurídica a la Fiscalía General de la República, a nombre de la Fiscalía de la Alta Corte de Casación y Justicia, Dirección de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo de aquel país para intercambiar información relacionada con esta mafia rumana que opera desde Cancún.
En su país además, Tudor es investigado desde 2012 por constituir un grupo delictivo organizado, homicidio, tráfico de migrantes, chantaje y lavado de dinero. Mientras en sus redes sociales, Tudor insiste en que es inocente de todo lo que se le acusa.
Fuente Occrp.org / Milenio
Nacional
TREN MAYA RECIBE AUTORIZACIÓN FEDERAL PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLES DURANTE 15 AÑOS
El Gobierno de México otorgó a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. permisos federales para operar, durante los próximos 15 años, el transporte de combustibles a través de la red ferroviaria del sureste, consolidando así una nueva etapa en la estrategia logística y de seguridad energética nacional. La autorización permitirá el traslado de diésel, gasolinas y otros productos derivados del petróleo, bajo estrictos lineamientos de seguridad, supervisión ambiental y control operativo.
De acuerdo con la resolución emitida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el permiso faculta al Tren Maya a ampliar su esquema de servicios más allá del transporte de pasajeros y carga general, integrando ahora el movimiento de energéticos en rutas estratégicas que conectan puertos, terminales y centros de distribución. Esta medida busca fortalecer la infraestructura logística del país, reducir costos de traslado y mejorar la eficiencia en el abastecimiento regional.
El proyecto contempla el uso de trenes especializados, equipados con sistemas de contención y monitoreo permanente, así como protocolos de emergencia coordinados con autoridades federales y estatales. La operación deberá cumplir con normas estrictas en materia de protección civil, impacto ambiental y manejo de sustancias peligrosas, lo que incluye auditorías periódicas y reportes obligatorios.
Con esta autorización, el Tren Maya se posiciona como un actor clave en el sistema ferroviario nacional, ampliando su capacidad para atender sectores estratégicos como el energético, industrial y portuario. La medida también refuerza la visión gubernamental de aprovechar la infraestructura ferroviaria para impulsar el desarrollo económico del sureste, mejorar la competitividad y garantizar un suministro más seguro y eficiente.
La autorización entra en vigor de manera inmediata y tendrá vigencia hasta 2041, con posibilidad de renovación conforme al desempeño y cumplimiento regulatorio.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
Nacional
SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:
- SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
- EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
- EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
- GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.
Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo
Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.
Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.
Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.
Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.
Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.
Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.
Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.
Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.
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