CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE SEPTIEMBRE.- La austeridad, una de las apuestas de estrategia económica del gobierno, no llega a los congresos locales. Incluso, en las Legislaturas con mayoría de Morena, es donde más se gasta y no están exentos del uso discrecional e ilegal de recursos para ayudas sociales.

Sólo considerando el presupuesto que se le asigna a los Poderes Legislativos locales y el número de legisladores que financian, en promedio, los Congresos donde Morena es mayoría son 27% más caros que en las entidades donde no lo es.

Así lo indican los resultados del estudio Buen Gobierno y Finanzas Públicas; Informe Legislativo 2019, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Actualmente Morena tiene el mayor número de legisladores en 20 de los 32 congresos locales. En promedio, los congresos donde Morena tiene mayoría, cada diputado local le costó al erario público 13.1 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2018. En contraparte, donde no es mayoría, el costo por diputado fue de 10.2 millones.

Ciudad de México, Michoacán, Baja California, Morelos y Sonora son los congresos más caros del país. Todos ellos tienen mayoría morenista. Por ejemplo, un congresista de la Ciudad de México le cuesta al erario público 26.8 millones de pesos. En cambio, un diputado poblano cuesta al erario 3.7 millones.

En su análisis, el IMCO destacó esta inconsistencia, pues todos los congresos locales realizan las mismas tareas y guardan el mismo rango de responsabilidad.

De acuerdo con el IMCO, el trabajo legislativo local en México es particularmente caro. Para el ejercicio 2019 se le presupuestaron 14 mil 57 millones de pesos. Esta cantidad es superior a lo destinado a derechos humanos, transparencia, justicia administrativa y justicia electoral juntos.

Sólo del 2012 al 2019 el dinero presupuesto para las tareas legislativas en los estados ha crecido 36%; sin embargo, el costo de cada legislador local en México supera incluso a lo observado en democracias como la española.

“Gastamos mucho más que en España, (…) casi tres veces más en nuestros diputados locales”, refiere el estudio.

A esto se suma la poca disciplina del gasto. Sólo en 2018, 23 congresos locales gastaron mil 233 millones de pesos adicionales a lo presupuestado, que en promedio es 15% a lo asignado originalmente, lo que indica “ineficiencias en la función legislativa y mala planeación del gasto”.

José Fernández Santillán, académico del Tecnológico de Monterrey, refirió que los congresos locales son verdaderas instituciones transparentes y de contrapeso cuando son plurales, cosa contraria cuando son dominados por un solo partido.

“El problema es que en los últimos años sí ha habido congresos donde hay partidos hegemónicos y cuando es así, es mucho más fácil el gasto discrecional, la falta de rendición de cuentas y el despilfarro”.

“Sedesoles locales”

Las funciones primarias de los congresos locales son las de presentar y aprobar leyes, vigilar a otros poderes, ratificar nombramientos e iniciar juicios políticos.

Sin embargo, los congresos locales también han asumido un papel de “Sedesoles Legislativas”, como las nombra el IMCO. Esto, mediante la asignación de dinero del presupuesto legislativo para “ayudas sociales”.

Sin ningún esquema claro de transparencia o asignación de este dinero, las ayudas sociales es dinero destinado a apoyos a la población, como pueden ser campañas para la dotación de útiles escolares, jornadas de salud, juguetes y un gran etcétera.

Sólo en 2018, 25 congresos locales gastaron discrecionalmente y sin reglas de operación mil 852 millones de pesos bajo el concepto de “ayudas sociales”. Esta cantidad representó el 12% de gasto de los congresos locales.

De nuevo en esta área el partido en el poder, Morena, no cumplió con su credo de austeridad. En promedio, los congresos con mayoría morenista destinaron en 2018 el 13.5% de sus presupuestos en ayudas sociales. En los congresos donde no son mayoría esta proporción es de 10.8 por ciento.

“Los diputados no tienen la función legal de dar ayudas sociales. No deben dar despensas, ni ofrecer fiestas, o ayudas económicas y tampoco construir obras. Es una invasión de funciones al Ejecutivo y uso indebido de recursos públicos”, remarcó el IMCO.

Para Khemvirg Puente, especialista en temas legislativos de la UNAM, uno de los problemas de los Congresos locales es su falta de independencia respecto a los gobernadores, quienes utilizan el presupuesto como medio de control ante un Poder que debería ser contrapeso.

“Un mecanismo de control es a través del presupuesto, que son formas en las que los gobernadores ejercen su poder para que los legisladores obtengan ciertos beneficios económicos para hacer política y movilizarse, que lo único que hace es fomentar el clientelismo y debilitar a la democracia a nivel local”, añadió.

Ese control presupuestario se combina con la poca transparencia que hay en buena parte de los Congresos locales, los cuales a su vez toman funciones que deberían ser de otros poderes o instituciones, tales como la entrega de apoyos sociales.

Ante este panorama, el IMCO propuso eliminar estas ayudas, hacer una mejor planeación del presupuesto y no gastar más de lo planeado.

“Realmente en lo que se han convertido los congresos es en gestores de las demandas locales, por lo que se les da una bolsa especial para ayudas sociales, lo que simplemente es un método de control de cooptación territorial. Se trata en realidad de métodos de clientelismo del electorado”, finalizó Fernández Santillán.