CIUDAD DE MÉXICO, 12 DE MAYO.- Académicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) participarán en el proyecto interinstitucional Evaluación de impacto antropológico y socioeconómico esperado del tren maya y propuesta de política de desarrollo territorial, aseguró Rafael Pérez-Taylor y Aldrete en el tercer informe de actividades de su gestión al frente de la entidad universitaria.

El objetivo, dijo, es la construcción de una base de datos científicos desde el nivel arqueológico, antropológico, etnológico, lingüístico, patrimonial, cultural y socioeconómico para contribuir en la toma de decisiones de las políticas públicas.

El proyecto se efectuará en el orden federal con los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con una duración de dos años a partir de la reciente firma del convenio entre la UNAM y el Fonatur, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas.

En el Auditorio Jaime Litvak King de la entidad, al que concurrieron autoridades y directivos de diversos institutos, programas y facultades, así como de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pérez-Taylor definió el papel de la antropología en la coyuntura actual: “No es una técnica de investigación al servicio del sentido común que sólo beneficia a una minoría; muy por el contrario, es la ciencia de lo humano o la más humana de las ciencias”.

Los estudios sobre el presente, continuó, “deben contextualizarse atendiendo a las diferentes culturas, etnicidad, relaciones de parentesco, políticas de Estado y contexto internacional, de tal manera que la toma de decisiones en el ámbito público sustente ese principio de certidumbre”.

Cabe recordar que en el mes de septiembre la UNAM y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), anunciaron que realizarán actividades académicas, de capacitación, investigación, científicas, socioeconómicas y culturales, relacionadas con el proyecto “Tren Maya”.

Así se estableció en el convenio de colaboración suscrito por el rector Enrique Graue Wiechers, y el director general del organismo,  Rogelio Jiménez Pons, donde se incluyen estudios de factibilidad, de transporte, movilidad, geotécnicos; manejo de agua, de residuos y de arquitectura bioclimática; evaluación de impacto y acciones sobre el uso de energías renovables para las comunidades.