Por Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 27 DE FEBRERO.- En un “cuento de nunca acabar” y lucha entre empresarios y ambientalistas se ha convertido Malecón Tajamar, y hoy a casi dos décadas después y millones de dólares que parecen tirados a la basura, el sitio sigue en litigio, mientras que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha señalado lo inviable de una construcción.

Antecedente

El problema reventó la madrugada del 16 de enero de 2016, cuando un grupo de maquinaria devastó 59 hectáreas del lugar, pero fue en el sexenio del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa –y todo el del gobernador Félix Arturo González Canto y los dos primeros años de Roberto Borge Angulo–, por medio del Fonatur, cuando se urbanizó.

Entonces, se construyeron vialidades, guarniciones, banquetas, se introdujo drenaje sanitario y pluvial, electrificación y alumbrado público, que actualmente están en pésimas condiciones por la falta de mantenimiento, debido a dos razones: la intransigencia de un grupúsculo que dice ser ambientalista,  y a que ninguno de los tres niveles de gobierno se ha querido meter.

Los trabajos en Tajamar iniciaron en 2006 y se invirtieron más de 578 millones de pesos en infraestructura, cuando se proyectaba que las 74.24 hectáreas del polígono se destinaran para uso habitacional y comercial, “y entonces no se dijo nada”, ha dicho el empresario Miguel Ángel Lemus Mateos, vocero de la mayoría de los propietarios de predios en Tajamar.

La venta de los 41 lotes del sitio inició en 2007, y el periodo en el que más se adquirieron fue en 2009, cuando compraron 13 inversionistas y se obtuvieron dos mil 40 millones de pesos. Entre 2007 y 2012 se vendieron 83.7 por ciento de los terrenos del proyecto condenado por grupos ambientalistas.

En 2003, durante la administración de John McCarthy (2000-2006) al frente del Fonatur, se obtuvo el registro del “Programa de obras del Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún”, en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que se establece la urbanización del predio.

El objetivo era “generar las condiciones óptimas para conectar ordenadamente el desarrollo de la zona urbana con la región hotelera de Cancún”.

Adición

En julio de 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo titular era José Luis Luege Tamargo (2005-2006), otorgó la autorización en materia de impacto ambiental para la urbanización, y el 11 de febrero de 2009 se gestionó la ampliación del permiso, cuando fungía como del Fonatur, Miguel Gómez Mont (2006-2010).

El cambio de uso de suelo de terrenos forestales lo avaló la Semarnat en febrero de 2006, y amplió la vigencia el 23 de marzo de 2011, en favor del Fonatur. Los datos indican que las ampliaciones de las autorizaciones de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo se otorgaron durante la administración de Calderón Hinojosa.

Es decir, de manera posterior a la adición del artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), en su fracción ter, por el que quedaba prohibida la remoción de relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afectara la integralidad del flujo hidrológico del manglar.

En su momento, el gobierno federal aseguró si no se hubiera permitido el chapeo y desmonte en Malecón Tajamar, las demandas de los privados, quienes adquirieron los lotes conforme a las autorizaciones expedidas por el Fonatur y la Semarnat, habría alcanzado más de tres mil millones de pesos, monto similar que alcanzaría una indemnización.

A finales de enero de 2016, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, aseguró que “Tajamar no es ecocidio ni devastación ambiental” al presentar los resultados preliminares de los trabajos de gabinete y campo, en la ciudad de Cancún.

Informó que no había daños al manglar, por lo que no se fincaron responsabilidades al Fonatur, y entonces sostuvo que las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo eran válidas y vigentes, y que Tajamar no era Sitio Ramsar porque no había presencia de humedales ni estaba dentro del área protegida Sistema Lagunar Nichupté.

Desde entonces, Malecón Tajamar se mantiene secuestrado por un grupo cada vez menor de ambientalistas, pese a que hay una sentencia de la Corte que prohíbe cualquier construcción y que ordenó la restauración de la zona afectada

El 2 de febrero de 2016, el Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, concedió una suspensión definitiva en el caso de Malecón Tajamar para impedir la continuidad de obras en el polígono, ante el amparo que interpusieron ciudadanos que se oponen; la medida cautelar detuvo cualquier actividad hasta que haya una sentencia definitiva.

Esperanzas

A mediados de noviembre pasado, Manuel Mercado Béjar, aún director de Desarrollo del Fonatur, aseguró que el caso de Malecón Tajamar no estaba judicialmente perdido para quienes adquirieron terrenos, pues aún hay mecanismos legales que se están explorando para garantizar la certidumbre de los inversionistas.

“Aunque ya hay un amparo definitivo en tribunales que cancela los permisos de autorización de impacto ambiental del proyecto, aún se deberá dirimir el alcance futuro, pues los permisos cancelados avalaban únicamente las etapas ya consumadas de urbanización y lotificación de Tajamar, pero no la etapa posterior de edificación”, señaló el funcionario en ese entonces.Son 14 los grupos ambientalistas y organizaciones sociales representadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre otros Grupo Ecologista del Mayab, Centro para la Diversidad Biológica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace México y Salvemos Tajamar.

No obstante, Miguel Ángel Lemus Mateos, también vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, mantiene la postura de que “aún esperamos la resolución de la Corte porque la mayoría de inversionistas no han sido llamados a juicio y se tendrá que hacer en algún momento”.

Además, dio a conocer que platicó con la ecologista y titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien asegura le dijo que el caso “aún está en revisión”, lo que, sostiene, abre la posibilidad de una revisión a la ley porque se trata de un desarrollo urbano”.

El titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, por su parte, va de un extremo a otro: antes de ser funcionario consideró que había opción para llegar a un arreglo vía el diálogo.

“Hay que ver cómo está todo, creo todavía hay una opción para buscar una rendija de diálogo. Denme chance a sentarme y juntar a los jurídicos, porque es un asunto jurídico, ver a todos los involucrados y ver qué ha pasado y qué va a pasar y qué vamos a hacer.”

Y el pasado lunes 25 de febrero, primero dijo que era muy difícil que el proyecto se fraccionara como estaba originalmente planeado y que se indemnizaría a los propietarios, y horas más tarde, tras hacer un recorrido por el lugar, que “esto no puede seguirse deteriorando; urge darle mantenimiento”.

En resumen: aún está lejos algo definitivo en el caso de proyecto de Malecón Tajamar, pese a lo que parece una enfermiza oposición de solo un grupo de ambientalistas, y a una suspensión definitiva y el ordenamiento a la Semarnat de reponer el aspecto ambiental del lugar, y la posición de la gran mayoría de inversionistas, que aún esperan poder fraccionar.