CANCÚN, 15 DE MAYO.- Empresario podría pagar más de cuatro millones de pesos por carecer de la autorización en materia de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), según se dio a conocer este martes cuando la Profepa informó sobre la clausura del proyecto inmobiliario.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un proyecto inmobiliario superior a los mil 100 metros cuadrados, por desmonte y uso de fuego para la  remoción de mangle, palma chit, uva de mar y chaca en la isla de Holbox, dentro del área de protección de flora y fauna de Yum Balam, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

El propietario, no presentó la documentación requerida,por lo cual podría ser objeto de una multa, esto tras denuncia anónima y previa inspección de la dependencia  que realizó una visita de inspección al predio donde se construye el proyecto denominado “Departamentos Grip Holbox”.

Durante la inspección se detectó una superficie de mil 128 metros cuadrados desmontada, lo que implicó la remoción de vegetación de humedal costero con presencia de manglar y de selva: mangle botoncillo (Conocarpus erectus) y blanco (Laguncularia racemosa), palma chit (Thrinax radiata), uva de mar (Coccoloba uvifera) y chaca (Bursera simaruba).

También se observó que para rellenar una fracción del predio se depositó sascab (material usado para preparar mezclas para la construcción); además, se encontró evidencia de la remoción de vegetación y la eliminación de residuos mediante uso del fuego.

Al momento de la visita no se acreditó contar con la autorización en materia de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que para evitar más daño grave a los recursos naturales en el sitio, se determinó imponer la clausura parcial temporal de las obras y actividades.

El artículo 28, fracción IX de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece que los desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros, requieren previamente la autorización que emite la Semarnat.

El responsable podría hacerse acreedor a una multa que va de 30 a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente (80.60 pesos); es decir, tendría que pagar entre dos mil 418 y cuatro millones 033 mil pesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 171, fracción I de la LGEEPA.

La Profepa reiteró su compromiso de garantizar la conservación, protección y cuidado del medio ambiente mediante las actividades de inspección y vigilancia, para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental federal.

Por Carlos Águila Arreola

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