Lo anterior fue resuelto por el Tercer Tribunal de Circuito en Quintana Roo, dentro del proceso que enfrenta el ex mandatario por un presunto desfalco de tres mil millones 104 mil 823, 279 pesos.Los delitos que le imputa la FGE a Borge son aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

El fallo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, ocurrió el 22 de marzo pasado en sesión pública ordinaria, y señala que la garantía que la Fiscalía exigía en primera instancia “es apegada a derecho”.

Los magistrados Juan Ramón Rodríguez Minaya, Selina Haidé Avante Juárez, Jorge Marcos Mejía y Graciela Bonilla González, concluyeron que “debe confirmarse el monto determinado por el Juzgado Quinto de Distrito, esto es, 85 millones de pesos”, como garantía para hacer efectiva la suspensión solicitada por la defensa de Borge, como parte de la demanda de amparo 1096/ 2017 que promovió en julio de 2017.

El monto de la garantía -se lee en el incidente penal de revisión 607/ 2017, consultado por Luces del Siglo– “se estima adecuada, atentos los parámetros indicados y en consideración de que es un monto mínimo en relación con la cantidad a que asciende el daño patrimonial posiblemente sufrido por el sujeto pasivo”.

El daño patrimonial que se imputa a Borge Angulo, asciende a tres mil millones 104 mil 823, 279 pesos, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General el 2 de enero pasado.

Las y los magistrados también tomaron en consideración que, de resultar condenado por la probable comisión de los tres delitos, el ex mandatario habrá de necesitar mayores recursos económicos para cubrir la reparación del daño causado.

En julio de 2017, la defensa de Roberto Borge, detenido en Panamá el 4 de junio de ese año, promovió un amparo solicitando la suspensión provisional para evitar la ejecución de las órdenes de aprehensión, detención, presentación y comparecencia que se hayan emitido en su contra.

Las órdenes de aprehensión giradas por un juez de Control de Distrito Judicial de Chetumal, fueron tres, derivadas de las carpetas administrativas del 28 y 29 de junio y de 3 de julio.En audiencia incidental, el 25 de agosto, el Juez de Distrito dictó la resolución en que se concedió a Borge la suspensión definitiva de los actos reclamados, fijando una garantía de 85 millones de pesos.

En respuesta, la defensa del ex priista promovió un recurso de revisión para inconformarse en contra del monto de la garantía, que calificó “excesiva” y que dejaba en “estado de indefensión” al imputado, ya que al no poder cubrirla, convertía a la suspensión definitiva en una suspensión “ilusoria”.

La Fiscalía también interpuso un recurso de revisión, argumentando lo contrario, es decir, que la suma no resultaba suficiente para garantizar que Borge no se sustrajera de la acción de la justicia, ya que el monto por el cual se libraron las órdenes de aprehensión fue por tres mil 104 millones 823 mil 279 pesos.

La cantidad apenas equivalía al 2.7 por ciento del quebranto provocado al gobierno de Quintana Roo, señaló entonces la Fiscalía.

En respuesta, el Tribunal Colegiado resolvió que la garantía impuesta por el monto de 85 millones de pesos “es apegada a derecho”, y declaró “infundados” los conceptos de agravio tanto de la defensa del ex gobernador, como de la Fiscalía.

Fuente Luces del siglo