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A seis meses del 19-S, no despega la reconstrucción

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CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE MARZO.- Los estragos del sismo del 19 de septiembre siguen a la vista: edificios en demolición, campamentos de damnificados en las calles y seis mil 800 millones de pesos en espera de ser etiquetados para la reconstrucción en la Ciudad de México.

En entrevista con Publimetro, el comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí, admite que a medio año de la emergencia hay tres pendientes que se deben resolver en esta segunda etapa de la Comisión, tras la salida de Ricardo Becerra, que dejó a este órgano en un impasse.

Uno es terminar de integrar la Plataforma CDMX, donde tienen que quedar plasmadas todas las afectaciones y los grupos de personas a atender.

La Plataforma tiene que ser nuestra base de todo, porque no solamente tiene que concentrar cuál es el universo de afectados, sino también cuáles son los apoyos con los que cuenta el Gobierno”, apuntó.

El segundo es concluir con los seis censos que exige el artículo 67 de la Ley de Reconstrucción, pues a la fecha sólo se ha concluido uno y no está publicado en la Plataforma, como lo mandata la legislación.

El tercer pendiente, relató Tungüí, es bajar los seis mil 800 millones de pesos etiquetados a la Comisión para la reconstrucción de la CDMX a las dependencias, por lo que éstas deben presentar sus proyectos.

Por eso es importante conocer las acciones que quiere emprender cada dependencia y ver que el recurso alcance para la mayor cantidad de cosas posibles”, dijo.

Al ser cuestionado sobre el avance de la reconstrucción a paso lento, el comisionado admite: “es un proceso complejo, vamos avanzando, pero lo importante es hacerlo a paso firme”.

No por hacerlo rápido engrosemos los censos, que nos pase lo que ocurre en cualquier programa social que se nos pueda meter gente que realmente no necesita la ayuda”, subraya.

El bache de la Comisión

La Comisión para la Reconstrucción se instaló el 26 de octubre y su primer titular fue Ricardo Becerra, quien hasta ese entonces fungía como subsecretario de Desarrollo Económico.

No obstante que el 12 de enero, casi cuatro meses después de la tragedia, se presentó el Programa de Reconstrucción, la Comisión encargada de coordinador los esfuerzos entró en una crisis.

El motivo: que los diputados Leonel Luna y Mauricio Toledo, del PRD, y Jorge Romero, del PAN, se adjudicaron el poder de “proponer, supervisar y vigilar” el uso de una bolsa inicial de ocho mil 772 millones de pesos asignados al Fondo para la Reconstrucción.

Esto derivó en la renuncia de Becerra, y los subcomisionados Mauricio Merino, Katia D’Artigues y Fernando Tudela, quienes acusaron falta de transparencia en la administración de los recursos.

Con la Comisión sumida en un impasse, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, envió el 18 de febrero a la Asamblea Legislativa una reforma para quitar a los tres diputados la potestad sobre los recursos para la reconstrucción.

Y fue hasta casi un mes después de la salida de Becerra, que la Comisión retomó sus trabajos con el nombramiento de Édgar Tungüí, hasta ese entonces secretario de Obras y Servicios.

Tarda luz verde para reconstruir

De acuerdo con el secretario de Desarrollo urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, se estima que aún están pendientes de revisión de daños unos cinco mil inmuebles.

Además, a la fecha se han entregado sólo seis certificados de derechos para reconstruir, de los 38 inmuebles que colapsaron, los 25 que ya fueron demolidos y los 18 que están en proceso de demolición.

Asimismo fue el 30 de enero pasado -cuatro meses después del sismo- cuando se publicaron en la Gaceta Oficial los trámites para obtener dicho beneficio.

El primer certificado para reconstruir fue entregado a los propietarios de los departamentos que se ubicaban en Coquimbo 911, en la colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero.

Posteriormente se hizo lo propio en Nicolás San Juan 304 y Concepción Béistegui 1503, en la Narvarte Poniente; Escocia 10, en la Del Valle; Balsas 18, en Miravalle, todos en la delegación Benito Juárez y Prosperidad 4, colonia Escandón II, en la delegación Miguel Hidalgo.

Fuente Publimetro

 

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García Luna, insinúa que reforma al Poder Judicial es parte del pacto de AMLO con el crimen organizado

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Agencia.- Desde la cárcel en Estados Unidos, Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón asegura que existen audios, videos y registros de comunicación que ligan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores, con narcotraficantes. No especifica si una dependencia o agencia del gobierno de los Estados Unidos los tiene en su poder, y tampoco los muestra.

“Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EU, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias; en el particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputan al Presidente López Obrador, y sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico”, dice en la carta de cuatro páginas, escrita a mano, que le envió al periodista Keegan Hamilton, a través de su abogado.

Aseguró que la Fiscalía de Nueva York le ofreció un trato para inculparse por delitos de narcotráfico a cambio de estar detenido 6 meses, con esto recibiría beneficios económicos, y se convertiría en testigo protegido.

Según su versión, la acusación contra López Obrador es corroborada en la reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la carta que envió en la que señala vinculos con el actual gobierno y el “desmantelamiento del Poder Judicial de México (jueces, magistrados, ministros, Corte) cuyos principales beneficiarios son los criminales”, escribió.

Afirmó además, al tiempo de defender su inocencia, que ha sido enviado a celdas de castigo casi un año, y que internos, compañeros suyos, lo han grabado por dos mil horas “tratando de involucrarme con el narcotráfico”.

Asimismo, en la misiva escrita a mano, García Luna afirmó que en febrero del 2023 fue a juicio, pero la parte acusadora no presentó “una sola prueba o existencia que acreditará los delitos que señalaron. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación- telefónico, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias, ó resgistro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia”.

Genaro García Luna fue detenido en diciembre del 2019 por el personal de la DEA mientras estaba afuera de un departamento que rentaba en Irving, Texas en Estados Unidos.

El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública está acusado de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, junto a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, ellos tienen cargos por conspiración para el tráfico de cocaína.

De acuerdo a la DEA, García Luna no sólo recibía dinero, él proporcionaba información confidencial al crimen organizado para sus fines.

Ante, estas acusaciones, el extitular de la Policía Federal, sostuvo en su carta que él “ha combatido el crimen en sus escalas más altas toda mi carrera profesional; la perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país”, dijo.

Mientras que, sobre los sobornos expresó que se le realizó una “rigurosa auditoria fiscal y financiera” a la que un juez en la Corte de Brooklyn resolvió que “ningún dolár está vinculado al narcotráfico”.

¿Qué condena enfrenta Genaro García Luna?
Genaro García Luna se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nuevo York, la misma a la que fue trasladado, hace apenas unos días, el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Actualmente, el exfuncionario mexicano espera que le sea dictada su sentencia el próximo 9 de octubre del 2024.

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“Hacen el ridículo” Responde AMLO a Zedillo, Sheinbaum respalda al presidente “cada quien su autoridad moral”

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CDMX.-El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este martes al discurso del ex mandatario Ernesto Zedillo el pasado domingo, en el cuál, criticó al oficialismo como “antipatrias” que quiere “transformar nuestra democracia en tiranía”.

En el marco de las celebraciones por la Independencia de México y la aprobación de la Reforma Judicial, quien fue presidente de 1994 al 2000, dio inicio con un discurso a la reunión de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, en inglés) que se llevará a cabo del 15 al 20 de septiembre en la Ciudad de México.

Así, AMLO, agradeciendo a sus opositores y adversarios políticos, atendió las palabras de Zedillo, tachando sus acciones como algo “de risa”:

Ahí vienen, traen a este a Zedillo, para decir que ya es una dictadura México y es de risa sí es de risa, hacen el ridículo.

Posteriormente, criticó al ex mandatario por acciones ocurridas en su gobierno, afirmando López Obrador que fue Zedillo quien “eliminó las pensiones, reprimió, expulsó ministros, privatizó los trenes de pasajeros, se quedó con los trenes de México, etc”.

Sin embargo, y pese a las críticas, aprovechó para reiterar que tienen derecho a manifestarse y es algo que él apoya, ya que en México hay una “auténtica democracia, no es una dictadura, una dicta blanda y tampoco es oligarquía como era antes”.

Con esto también decidió agradecer a sus opositores, ya que durante el sexenio no han pasado de “la calumnia” y han sido “responsables” portándose “muy bien”, nunca convocando a acciones para perjudicar l a vida pública, por ejemplo a “una huelga de pago de impuestos” algo que de hacerse podría haber causado “algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría, pero no, actúa (la oposición) en ese sentido de manera responsable”.

Claudia Sheinbaum, le recuerda el Fobaproa

En tanto sobre el mismo tema y en conferencia de prensa, la presidenta electa Claudia Sheinbaum respondió a los dichos del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, asegurando que él es un “representante del viejo régimen, ya que representa del régimen de corrupción y privilegios y como tal opina, y qué bueno que opina somos un país democrático”, dijo.

“Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la República, y se van a elegir los jueces por voto popular, o sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el poder judicial, representa autoritarismo, ¿no les parece una contradicción? Es una contradicción, lo que planteamos es que el poder judicial hoy tiene mucha corrupción, nepotismo y no representa los intereses de las y los mexicanos, más que de un sector en algunos casos”, expresó.

Claudia Sheinbaum agregó: “pues cada quien con su autoridad moral, porque a ver, Fobaproa, pues es el mejor ejemplo del vínculo entre el poder económico y el poder político, porque no solamente fue un rescate bancario, estuvo lleno de corrupción, una deuda que todavía seguimos pagando”.

La presidenta electa de México anunció este martes que la renovación del Poder Judicial comenzará en octubre, una vez que ella asuma su cargo.

“En octubre ya inicia el proceso de renovación del Poder Judicial porque así dice la reforma constitucional, entonces va a venir el proceso y lo que le toque al Ejecutivo hay que acompañarlo porque van a venir convocatorias, el Senado tiene que emitir su primera convocatoria en octubre”, declaró en una conferencia de prensa.

La próxima mandataria negó las versiones que circulan entre columnistas de la prensa nacional y la oposición, que señalan que Sheinbaum en privado no está de acuerdo con la iniciativa que promulgó el domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, por la incertidumbre jurídica y económica que conlleva.

“Hay esta idea que él no me permite ser, actuar distinto en la reforma del Poder Judicial, por ejemplo. Porque hay un deseo en nuestros adversarios que haya un rompimiento. Pero no puede haber un rompimiento si venimos construyendo juntos con muchos otros mexicanos y mexicanas este proyecto”, sostuvo.

Edición 5toPoder con información de El Universal y EFE

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