EN LA OPINIÓN DE:
EL JUEZ LEGISLADOR
“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto
Durante las últimas cuatro semanas al menos, hemos tenido la oportunidad de escuchar debates y diálogos principalmente ausentes de elocuencia en los que algunos legisladores federales y hasta locales, han hecho eco de su escaso conocimiento del derecho, del proceso constitucional y por supuesto, del contenido de la Ley de Amparo que ha quedado disminuido prácticamente a un juicio sin pan ni sal, razón fundamental por la que, en lo personal, yo no opino de física cuántica.
Pero si nos vamos a los orígenes, es importante establecer en primera instancia, que el juicio de amparo nació en el S. XIX con el yucateco Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, y adicionado por intervención del tapatío Mariano Otero, para crear un juicio especial de protección en su momento de las garantías individuales que recogía la Carta Magna, al que no podemos considerar en absoluto medio de defensa, pero que en estricto sentido servía para que los ciudadanos pudiésemos defendernos de los abusos del poder.
Y así venía funcionando con una etapa procesal en la que el Juez de Distrito, en caso del amparo indirecto o biinstancial, o el Tribunal Colegiado de Circuito en tratándose de amparo directo o uniinstancial, tomaba la determinación de conceder la suspensión del acto reclamado, esto es, de determinar si aquello que se reclamaba por la persona que pudiera ser desde una clausura, una resolución administrativa o la aplicación de una ley específica que le ocasiona una violación a sus derechos, quedaba en suspenso hasta que se resolviera el fondo del asunto para evitar que el daño ocasionado por ese acto de autoridad fuera de imposible reparación para el ciudadano.
Con ello, se evitaba que el ciudadano o su negocio quebraran, o que despidiera trabajadores o dejase pagar la renta de su local, en caso de que el acto de molestia fuera el de clausura con fines de extorsión por parte de autoridades como fiscalización o protección civil, por poner un ejemplo. O bien, que el desarrollador no perdiera su crédito no se metiera en problemas con el IMSS y sus empleados en caso de un acto de clausura por parte de la secretaría de obras públicas producto de un acto indebido para obtener un provecho totalmente ilegal, como ha ocurrido en múltiples ocasiones. Podríamos redactar miles de páginas de ejemplos en los que la corrupción ha sido el detonador de las suspensiones emitidas por los jueces y magistrados en favor de los ciudadanos.
Otra figura que se obtuvo con los años, fue la de los efectos “erga omnes” en las sentencias de amparo y que, servían para que aquellas sentencias que invalidasen leyes declaradas inconstitucionales, por ejemplo, causaran esos efectos para toda la población sin necesidad de que todos y cada uno de los ciudadanos afectados por esa ley específica tuvieran que buscar un abogado y promover un juicio de amparo personal. Pues bien, ese beneficio que permitía el acceso a todas y todos a la justicia de la unión, hoy nuevamente desaparece de la Ley, y se va a obligar a que los ciudadanos tengan que acudir a amparo pagando lo que les cueste para poder tener una sentencia particular, lo que afecta principalmente a los que menos posibilidades tienen, lo que es incongruente con el utilitarismo filosófico del bienestar.
Más adelante, se logró crear la figura del amparo adhesivo y del amparo colectivo, con las que diversos grupos sin tantas posibilidades de acceso a la justicia, lograron grandes cambios, como lo sucedido con el rescate del agua de los Yaquis, o los amparos obtenidos por los niños de Cancún que reclamaron su derecho a un medio ambiente sano y recuperaron para todas y todos nosotros el espacio de Tajamar. Pues bien, en la reforma actual desaparece esta posibilidad y al igual que con el efecto “egra omnes” se obliga a todos en lo particular, acudir a juicio, nuevamente afectando a los más necesitados.
Sin duda, lo más catastrófico se da con la redacción del transitorio de la retroactividad que nos actualiza un diálogo de filosofía del derecho entre Hart y Dworkin que exponen supuestos de la figura del Juez Hécules y el Juez Herbert, que más o menos se plasma se la siguiente forma: el modelo del juez Herbert, asume la intermediación como una forma de discreción fuerte o inventiva, la cual implica que los jueces en algunos casos acaban o tiene que acabar por inventar el derecho, ya sea al crear o legislar un nuevo derecho. Con lo cual el juzgador invade la competencia del legislador y usurpa una función que no le corresponde. En cambio, el modelo del Juez Hércules, al asumir la tesis de la determinación moderada y la tesis de la única respuesta correcta, presupone que los jueces siempre acaban o tienen que acabar por interpretar el derecho preexistente y no inventar el derecho nuevo. Con lo cual el juzgador no invade la competencia del legislador ni usurpa una función que no le corresponde.
Con la redacción del transitorio, el legislador federal abre la puerta para que el juzgador federal asuma papel del legislador en su propio detrimento y minimizando su propia función. Es decir, el legislador crea un legislador más fuerte desde el poder judicial. Por eso, volviendo al primer párrafo de este artículo, cuando se habla de física cuántica, yo no opino ni legislo, escucho.
HAN
EN LA OPINIÓN DE:
El periodista no debe ser complaciente con el poder
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
Tengo la fortuna de conocer casi todos los procesos del periodismo impreso, desde la recolección de la nota en la calle o la fuente, hasta esperar semana para entregar un reportaje para medio impreso; así como conocer los pasos de la producción, la distribución, la comercialización y hasta el control de los recursos humanos; en 28 años de ejercicio periodístico, he visto y vivido casi todo.
He sido soldado raso de la redacción, cabo de la edición y general de la información; trabajé bajo órdenes hasta mayo del 2017 y aprendí (buenas y malas cosas), con jefes(as) que me aportaron y otros con los que tenía que luchar todos los días debido a su ignorancia. Hasta ahora tengo tres modestas novelas y voy por “Sentimientos de Papel”.
Quizá, ese bagaje me da cierta autoridad para escribir hoy esta opinión sobre la situación que vive en periodismo en Quintana Roo, donde los políticos y empresarios juegan a ser periodistas y, los periodistas juegan a ser políticos y empresarios. Pido disculpas anticipadas por si mi redacción ofende a algunos, no es mi interés, es solo dar mi punto de vista sobre el ejercicio que hoy nos quieren hacer creer que está muy devaluado por la sociedad.
El periodismo quintanarroense debe dejar de ser un “artículo” de complacencia para los poderosos y ponerse del lado de la sociedad, de las causas justas, darle la voz a quienes por naturaleza no pueden tener acceso a un medio de comunicación, principalmente cuando este se cotiza en niveles publicitarios altos; ¿cuál es la consecuencia?, quizá quedarse sin recursos económicos por publicidad gubernamental, porque si algo no soporta el cliente institucional es que evidencies las fallas que tiene en la administración de los dineros del pueblo, o sea “no pago para que me pegues”.
Veo con preocupación el sesgo de quien recolecta la información (reportero-corresponsal), cuando ve afectados sus intereses económicos; el silencio cómplice, cuando el gobierno en turno le cumple con su “apoyo” por no darle voz a los quejosos. Me alarma, que podamos publicar información no verificada, emitamos comentarios personales a lo que estrictamente debe ser una nota informativa, violando con alevosía y ventaja los géneros periodísticos. Resulta difícil transitar en una fauna plagada por feroces perros que defienden “la chuleta”, aunque sus amos sean unos corruptos, insensibles, ignorantes y sin calidad moral para dirigir un ayuntamiento, un Congreso, un Estado, un país y hasta una institución pública.
Lamento que la mayoría de los medios de comunicación de esta época, no generen “opinión pública”, sino solo “opinión gubernamental”, porque sugestionado por “el castigo” económico de quien ostenta el poder, no se atreven a evidenciar lo que muchas veces es del dominio público, prefieren voltear a ver hacia otro lado y, sin que nadie se los pida, lanzarse contra los opositores.
El periodista no puede tomar partido a favor de los poderosos, pueden destacar sus obras, pero no hacer mancuerna para cuidar los intereses de un gobierno retorcido en todos los sentidos; la idea infundada por los últimos gobernantes sobre conservadores y liberales, de derecha o de izquierda, a favor o en contra, entre otros muchos adjetivos calificativos imputados al periodista y a los medios de comunicación, no tiene que ser considerado en serio por los que nos dedicamos a esta profesión periodística; nosotros solo contamos historias, exponemos hechos consumados, principalmente aquellos que nos quieren ocultar.
Es más, ya ni la burla perdonan, salen todos “uniformados”, con la misma redacción y hasta con las faltas de ortografía y errores de sintaxis que trae el boletín. La forma es fondo y el fondo es forma.
Concluyo al decir que con la consabida responsabilidad contestaré cualquier comentario que el lector o los actores del periodismo y de la política tengan referente a esta opinión. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, con 19 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y de la Ciudad de México; el “Plan B” ya es constitucional.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformados los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y adicionado el artículo 134 con un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Constitución Política. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Kenia López Rabadán.
En los transitorios, indica que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al citado decreto.
Las legislaturas de las entidades federativas preverán los ajustes necesarios a sus presupuestos con el objeto de que las reducciones que en su caso se realicen en cumplimiento a lo previsto en al artículo 116 constitucional, surtan efectos a partir del inicio de la legislatura subsecuente en la entidad federativa que corresponda. Al tiempo…
EN LA OPINIÓN DE:
Choque de trenes o por el estilo
“El Minotauro”
Por Nicolás Durán de la Sierra
En el oficio periodístico el lograr un buen encabezado es meritorio. Llamar la atención sobre un tema sin dejarlo desnudo por completo, es un arte. El lector, el escucha, en su caso, debe ser atraído por el enunciado, pero no informado por completo. La teoría de Hmiguway dicen los gringos; oficio decimos nosotros, pero es lo mesmo, dicen en el rancho.
Todo esto viene a cuenta por el encabezado hace unos en los que se cuenta el disque enfrentamiento entre el senador Gino Segura y Rafaelm Marín, el candidato del Palacio Nacional por el gobierno de Quintana Roo por venir. “Choque de trenes” decía la cabeza. El problema es que es un choque imposible, pues sólo hay un tren, pies el proyecto verde no llega ni a armón de segunda.
Viene a mi memoria una tonadilla de finales de 1940, rescatada por Oscar Chaves, que cuenta un accidente entre un tren que iba pita, pita y caminando y un avión que andaba en el llano volando sin descansar. Huelga decir el resultado. El aeroplano es el Partido Verde con todo y su niño. Una cosa es el poder central y otra muy distinta el de una panda mafiosa avecindada en Tulum.
Esa mínima diferencia definirá el mapa político que nos gobernará dentro de poco, una puja que le abre la puerta a la diputada Marybel Villegas y saca del tablero a Jorge Sanen, alarde del analfabetismo funcional, y a otras tantas propuestas del gobierno en turno. No es que se busque para Cancún una lumbrera académica, ñero sí alguien con la instrucción básica terminada.
Desde luego la ruta aún es larga -y la maquina seguía pita y pita y caminando- y pueden ocurrir muchas cosas, pero es difícil que cambie el “no” a los verdes. Ya hicieron fortuna, ya que se vayan. Olvidan o quieren olvidar un principio político que dice que “el matancero de hoy, será la res de mañana” y que sus tropelías les regresaran. ¿Palabra de Dios? No, de Maquiavelo…



















