EN LA OPINIÓN DE:
REFORMAN LEY ORGÁNICA JUDICIAL EN 4 HORAS: OBSERVATORIO LEGISLATIVO
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
• Una iniciativa que contiene 219 páginas con 12 títulos y 261 artículos, observa el organismo ciudadano en su boletín 277.
En su boletín 277 que circula a partir de este 19 de agosto, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo destaca la rapidez con la que la 18ª Legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de la Universidad del Poder Judicial, misma que ingresó a través de la Comisión Permanente, fue turnada a Comisiones al día siguiente, mismo día en que se analizó y fue aprobada en el pleno en un lapso de escasas cuatro horas.
Fue una práctica legislativa fast track, similar a la reforma constitucional en la materia. El documento señala que en la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria revisaron el proyecto de decreto de la ley orgánica del poder judicial; en la agenda se observa que tuvieron cuando mucho cuatro horas para hacerlo.
Una iniciativa que contiene 219 páginas con 12 títulos y 261 artículos y una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Judicial del Poder Judicial y 27 artículos transitorios, contrasta el análisis. Esta reforma fue aprobada por la fuerza hegemónica de la 18ª Legislatura, con la oposición del PAN y MC.
El objetivo de esta iniciativa, continúa, es la actualización normativa secundaria de los cambios a la Constitución federal y su propósito es el fortalecimiento de su función jurisdiccional y actualización del marco normativo acorde a los cambios constitucionales estatales, se contextualiza.
El documento establece que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial y en los juzgados y tribunales.
Son auxiliares de la impartición de justicia el Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público, los notarios públicos y los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Se ratifica que las sesiones del TSJ deberán ser públicas. La persona titular de la Presidencia del TSJ será electa por mayoría de votos en la primera sesión del pleno que se celebra en el mes de agosto del año correspondiente e iniciará funciones el 1° de septiembre.
Por otro lado, se observa que el Tribunal de Disciplina Judicial será competente para la investigación y resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas, así como la evaluación del desempeño no sólo de las personas magistradas y juzgadoras, sino también de los servidores del Poder Judicial, lo cual fue criticado en tribuna por el diputado José Luis Pech de Movimiento Ciudadano.
Un tema relevante, destaca el documento, es el Órgano de Administración Judicial que contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la administración y capacitación del Poder Judicial, el cual se integrará por un representante designado por la persona titular del Poder Ejecutivo, otro por la Legislatura estatal y uno más por el pleno del TSJ.
“Esta norma refleja el abandono constitucional de la separación e independencia de poderes del Estado. Este mismo concepto está en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” aclara el documento.
PÁGINA INTERNET Y BOLETIN JUDICIAL
En materia de transparencia, el artículo 249 establece crear el Boletín Judicial que ese será el medio oficial de publicación para dar publicidad a los actos jurisdiccionales y administrativos. En este boletín deberá publicarse la lista de acuerdos, resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales; disposiciones de carácter general: circulares de acuerdos edictos y demás formas de comunicación procesal, estará a cargo de un órgano que designe el órgano judicial quien será responsable de su publicación en días hábiles, conforme a lineamientos que se establezcan.
También se señala en el artículo 251 que contará con una página de Internet como medio oficial de comunicación pública que permita garantizar el acceso digital de los servicios jurisdiccionales administrativos.
Un título que deberá ser importante darle seguimiento, explica, es el que incorpora la Justicia Digital, como el conjunto de disposiciones normativas procedimientos tecnologías e instrumentos digitales que garanticen el acceso efectivo, transparente y seguro a la función jurisdiccional, que comprende el uso de medios electrónicos para la ejecución de actuaciones judiciales y administrativas tales como expedientes, tramitación de asuntos, celebración de audiencias, emisión de resoluciones; la interoperabilidad entre instituciones el Poder Judicial podrá implementar progresivamente estos mecanismos de justicia digital. No establece periodos para su ejecución.
El documento concluye diciendo que para la implementación de estas reformas no se tiene una afectación presupuestal, lo que se puede entender, se ajustarán al presupuesto actual y que las mejoras se propondrán en el presupuesto para el año 2026. Usted tiene la última palabra.
ooOoo

EN LA OPINIÓN DE:
Egolatría y Madres Buscadoras en Quintana Roo
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
La mayoría de los programas gubernamentales tienen una narrativa que manifiesta las buenas intenciones de los gobiernos, las dependencias, instituciones u organismos descentralizados, para beneficio de la comunidad a la que sirven, sin embargo y a pesar de la asignación de los recursos públicos, no logran sus objetivos; razones, hay muchas.
Un ejemplo palpable es el que viven las “madres buscadoras” con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, que, mientras la promoción de imagen y obras gubernamentales recibe un presupuesto anual de 169 millones 894 mil 239.00 pesos, a la Comisión solo se le asignó un presupuesto 22 millones 128 mil 082.42 pesos, es decir, solo un 13.024% a una dependencia que trabaja con la sensibilidad social.
Ese presupuesto anual para la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, es destinado para el desarrollo de programas de acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas, el cual se desarrolló con dos indicadores estratégicos y uno de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 18 millones 150 mil 208.42 pesos. El otro programa presupuestario fue gestión y apoyo Institucional Transversal, el cual se desarrollado en dos indicadores estratégicos y dos de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 3 millones 977 mil 874.00 pesos.
Aunque el presupuesto es público, las Madres Buscadoras y otras organizaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas, no recibieron ni una botella de agua para caminar kilómetros y kilómetros, para tratar de dar con su familiar desaparecido o algún indicio que despeje toda duda sobre la situación de su consanguíneo.
En variadas ocasiones, las Madres buscadoras de Quintana Roo se han quejado de que, ante las solicitudes de ir a un lugar a buscar indicios de desaparecidos, las Fiscalías y las Comisiones de Búsqueda actúan con lentitud, negligencia y, en ocasiones, muestran empatía nula o criminalizan a las víctimas. Les dan puras largas, ellas tienen que pagar su gasolina, sus alimentos, no solo para sus compañeras, sino también en ocasiones para los policías que las acompañan.
Denuncian que los apoyos económicos otorgados por el gobierno son mínimos, lo que las obliga a realizar rifas o pedir dinero en las calles para financiar sus traslados y herramientas de búsqueda; es más, el fin de semana las del colectivo de Benito Juárez (Cancún), pusieron un puesto de ventas de antojitos para poder recabar fondos para sus actividades.
A diferencia de los medios de comunicación “consentidos(as)” por los gobiernos en turno, el dolor de las Madres buscadoras es permanente, desde el momento en el que su familiar desaparece, la burocracia de las dependencias en sus primeros contactos con las autoridades. Inevitablemente, sufren revictimización, discriminación, criminalización y un sinfín de violencias por parte de las instituciones estatales.
Aunque el dolor provocado por estas violencias es invisible ante los ojos que no atraviesan el mismo camino, lo que estorba es la falta de voluntad para resolver los casos; aplicarse a la búsqueda de las personas desaparecidas, sumado al silencio cómplice de muchas autoridades que sí saben en dónde acabó la persona.
Las mujeres enfocadas en la búsqueda, enfrentan violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de su ser querido desaparecido. Las afectaciones se dan en cuatro categorías: seguridad, que tiene que ver con ataques, amenazas, secuestro y extorsión; salud, como insomnio, depresión, adicciones o deterioro general; económicas, como pérdida de trabajo o pérdida de recursos por dedicarse “en cuerpo y alma” a la labor de búsqueda y; sociales, como deterioro de relaciones familiares o revictimización; pero lo que más daña es la indiferencia.
Ayer me dijo una de las madres buscadoras: lo único que le deseo a las autoridades, es que nunca estén en nuestro lugar, porque sólo así va a entender la magnitud de nuestro problema. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, un “Día Naranja” más. Actualmente este movimiento es para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes.
Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja Únete, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Pero en Quintana Roo, la violencia contra las mujeres va en aumento. Al tiempo…


EN LA OPINIÓN DE:
Aún funcionan “los prestanombres”
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
El próximo domingo 31 de mayo, vence el plazo para que todos los funcionarios públicos de confianza, presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses; donde los sujetos obligados deben tener a la mano su CURP, RFC, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículo vitae, recibo de nómina o declaración fiscal, escrituras públicas, facturas de vehículos, contratos y estado de cuentas, comprobante de otros ingresos, actas constitutivas de asociaciones y/o cualquier otro documento para comprobar su declaración.
Hay que hacer mención que existen tres tipos de declaraciones: declaración inicial, debiendo presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez o del reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; declaración de modificación patrimonial, la cual debe presentarse durante el mes de mayo de cada año y; declaración de conclusión del encargo, misma que debe presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
Pero más allá de cumplir con la ley, hay funcionarios públicos que evaden la ley, no solo por mentir en sus declaraciones patrimoniales, sino porque para hacerse de propiedades y cuentas bancarias, utilizan a los llamados “prestanombres”, que hace algunas administraciones eran amigos y familias íntimas, pero dadas las condiciones de que en varios casos se quedaban con las propiedades, “la nueva generación de políticos” opta por familiares cercanos.
No es extraño para los quintanarroenses, ver cómo presidentes(as) municipales, diputados(as), secretarios(as) de Estado y hasta directores del Municipio, ya cambiaron su estilo de vida, de cuando andaban en campaña que no tenían ni para la gasolina; hoy, después de unos meses y años de estar en el cargo, ahora tienen vehículos de último modelo, viajan por el mundo, utilizan relojes con precios superiores a los 100 mil pesos; presumen en redes sociales sus bienes muebles e inmuebles, sin dejar pasar las megafiestas que realizan por motivos de cumpleaños. Como dice el populacho, “hay dos cosas que no se pueden ocultar, el dinero y el embarazo”.
Hay secreto a voces en los municipios; “los nuevos ricos”, funcionarios que de la noche a la mañana levantan mausoleos que a un empleado de salario mínimo le costaría años tener al menos “una casita.
Espero que la Controlaría del Estado (Secretaría de Buen Gobierno) aplique la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece en su artículo 33 que si no se presenta la declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades (inicio/modificación/conclusión), en los plazos correspondientes sin causa justificada, inicie inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de la Falta administrativa prevista en el artículo 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se requiera por escrito al servidor público el cumplimiento de dicha obligación.
Pero más allá del cumplimiento, sería muy bueno que se investigara a toda la parentela sobre el enriquecimiento de los últimos años, curiosamente cuando su familiar asumió el cargo de presidente(a) municipal, diputado(a) o secretario de estado. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, Quintana Roo enfrenta uno de los grandes problemas medioambientales con la arribazón de más de 40 mil toneladas de sargazo que arriban a sus costas; donde el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno parece que no surten efectos.
Desde Puerto Morelos hasta la Riviera Maya, la Secretaría de Marina (Semar) realiza actividades de limpieza del alga en las playas, así como la recolección en el mar, dado que el recale de la macroalga se ha intensificado notablemente en las últimas semanas. Según las cifras actualizadas de la Semar, se recolectaron 11 mil toneladas más en apenas 15 días. Eso ha obligado a redoblar los esfuerzos de limpieza en las costas del Caribe mexicano.
Viene el Verano, la temporada alta para Quintana Roo, por ello tanto los gobiernos como la Iniciativa Privada deben de priorizar la limpieza, como en Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la comunidad de Mahahual, en Othón P. Blanco. Al tiempo…

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