En conferencia, Roberto Rubio González, presidente de la Asociación Mexicana de Transportadoras Turísticas (Amtranstur), denunció que “somos blanco de operativos y detenciones ilegales por parte del personal e inspectores de la Sintra, y a raíz de la salida de Jorge Portilla Mánica –para contender por la alcaldía de Tulum–, se agravó la situación.

“¡Estamos hartos de la situación!, principalmente se está afectando la imagen del destino; afectan el trabajo de promoción que las transportadoras y agencias de viajes hacemos en los tianguis y ferias para conseguir turismo, pero sus inspectores y sus ilegalidades ya nos está costando la cancelación de contratos.”

En ese sentido, dio a conocer que rodarán entre 150 y 180 unidades este miércoles 7 de febrero, de la glorieta del Fonatur, ubicada en el kilómetro 28, al cero, y de ahí al Palacio de Gobierno de la avenida Tulum a partir de las 09:30 de la mañana, para terminar en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.

El empresario turístico dijo que han solicitado tres audiencias con el gobernador porque en campaña prometió que iba a tener un gobierno de puertas abiertas: “Hemos solicitado tres audiencias y ni siquiera nos han respondido. Estamos cayendo en las mismas prácticas (en las) que se caían en el gobierno de Roberto Borge Angulo”.

Explicó que los están deteniendo porque, según esto, no portamos un documento que no existe en la ley federal que es “la Orden de Servicio”, documento que no existe en ninguna legislación, y al no existir no lo pueden exigir, y reunión tras reunión (son mensuales), las propias autoridades (Policía Federal y Secretaría de Comunicaciones y Transportes) nos dicen que no están facultadas para detenernos ni para solicitarnos el documento”.

Harakiri

En Cozumel han sido detenidas tres unidades y en Cancún alrededor de 15, y cada multa es de 48 mil pesos, pero lo más grave –añadió Rubio González– “es que retienen las unidades con turistas, imágenes deplorables para la imagen no sólo de Cozumel sino de Quintana Roo. Es impresionante que el propio gobierno del estado se esté haciendo el harakiri”.

Y eso ha empezado a tener repercusiones con alrededor de 10 cancelaciones por parte de viajeros que dejaron de venir de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia durante los últimos 41 días, del 28 de diciembre al 6 de febrero, que es cuando “a Sintra se le acabó el juguete de Uber y empezaron a atacarnos; estaban muy entretenidos cazando Uber’s”.

El presidente de la Amtranstur refirió que el permiso que tienen (federal) los faculta para ascenso y descenso en puertos, aeropuertos y terminales de autobuses, pero el sindicato de taxistas de Cozumel quiere prohibirnos ese derecho porque son un monopolio: “Ya estamos hartos; basta de los abusos de Sintra porque no son autoridad competente para detenernos”.

Toberto Rubio dio lectura a parte de lo que dictaminó la Suprema Corte: “(…) transporte de concesión federal queda sujeto exclusivamente a la Federación, y los estados no pueden exigirles permisos locales de circulación. Qué es esto: ya tenemos un permiso federal y el derecho de poder explotarlo para poder hacer descenso y ascenso”.

La última reunión con las autoridades fue el 25 de diciembre, y Sintra y los taxistas niegan los acuerdos: “La ley está ahí, falta hacerla cumplir. Sintra no es autoridad para sobrerregular el transporte federal, y lo que estamos pidiendo es que el gobernador Carlos Joaquín nos reciba para exponerle todo a él porque ya es una situación grave y delicada.

“No queremos que pase lo que sucede en zonas como Los Cabos (Baja California Sur) y Acapulco (Guerrero), donde el turismo está espantado”, precisó el empresario para acusar que “Sintra está en desacato hace 12 años (desde la administración del hoy senador Félix Arturo González Canto) porque hay una resolución de la Corte que prohíbe a un órgano estatal sancionar a una empresa de transporte turístico federal..

Las empresas afectadas han empezado a levantar sus respectivas demandas y amparos; sin embargo, sospechosamente los tribunales federales los rechazan. En Quintana Roo hay en promedio dos mil empresas que aglutina un parque vehicular de nueve mil 500 unidades.