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Opinión

La Corte Penal Internacional al rescate

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Por Hugo Alday Nieto

Hace apenas unos días que en el seno de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, levanté la voz para solicitarle al Pleno del Congreso, emitir un pronunciamiento a fin de requerir al Senado de la República que solicitara a la Secretaría de Relaciones Exteriores se sumara a la petición de reconocimiento de Palestina como Estado miembro de la ONU con todos los derechos y suscriba la denuncia realizada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia.

En dicha intervención, al momento de exigir a las personas legisladoras no ser tibios y actuar en consecuencia, mencioné una frase del filósofo francés Jean Francois Revel, que dice los siguiente: “El club con más socios del mundo es el de los enemigos de los genocidios pasados. y sólo tiene el mismo número de miembros, el club de los amigos de los genocidios en curso”, para dejar claro a cuál de estos pertenecemos como legisladores.

A menos de una semana, la Corte Penal Internacional, nos dio la razón y emitió diversas órdenes de arresto, de la que destaca la orden de detención de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí y perpetrador de diversos supuestos delitos internacionales como genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pero para comprender mejor este artículo vamos a definir los conceptos más importantes.

  1. El genocidio es el exterminio o eliminación sistemática y masiva de un grupo humano debido a su raza, etnia, religión o nacionalidad.
  2. La Lesa humanidad se refiere a crímenes graves y sistemáticos que atentan contra los derechos fundamentales de la población civil. Estos crímenes incluyen homicidio, esclavitud, violación, esterilización forzada, violencia sexual grave, traslado forzoso de población, tortura, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, persecución de grupos y segregación racial.
  3. Los crímenes de guerra son infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario que se cometen durante un conflicto armado, tales como: asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos; deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil en territorios ocupados; genocidios contra la población; toma y ejecución de rehenes; destrucción o devastación injustificada de poblaciones, y robo de bienes públicos o privados.
  4. Es así que la Corte Penal Internacional es un Tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Este máximo Tribunal Penal Internacional, se estableció en el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998, instrumento internacional de que forman parte 124 países siendo 33 africanos; 19 de Asia-pacífico; 18 de Europa; 28 de América latina, además de oreos 31 estados que son miembros pero que aún no lo han ratificado.

  5. México es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificando su adhesión el 28 de octubre de 2005, como el estado parte número 100 de dicho instrumento internacional.
    Dentro de sus funciones, la Corte Penal Internacional está encargada de investigar, perseguir y juzgar a individuos responsables de crímenes graves de trascendencia internacional, como los recientemente ocurridos en Gaza y perpetrados por el Estado de Israel.

  6. Sin duda el haberse emitido la orden de arresto contra Netanyahu y otras personas, es un triunfo del derecho penal internacional en una decisión supranacional clara y contundente. Una decisión histórica de la que la XVII Legislatura de Quintana Roo pudo haber sido parte promovente como única legislatura local en exigir a la federación sumarse a la denuncia penal internacional y a la solicitud de adhesión de Palestina como estado miembro de la ONU.

  7. No cabe duda de que la sociedad internacional presionó lo suficiente para que se diera esta orden de arresto, y Quintana Roo pudo ser parte de tan histórica decisión, sin embargo, por ahora queda pendiente el cumplimiento de la misma por parte de la autoridad internacional, esperando que los probables responsables no opongan más resistencia para no seguir afectando a los civiles.

  8. La construcción de la paz en medio oriente es una tarea de mucha complejidad y requerirá de todos los miembros de las Naciones Unidas, para comenzar la reedificación de los que fue una reluciente Palestina, hoy en ruinas. Aún faltan los pronunciamientos serios de los nuevos aliados China y Rusia, para saber si abogaran porque Palestina sea miembro con todos los derechos de la ONU, o si se oponen a ello, lo que los mantendría temporalmente en la línea decisoria coincidente o contraria a la de Estados Unidos y aliados de Israel, ya que de ellos depende que este conflicto vaya a traer consigo uno mayor, o no.
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Opinión

Por injusto y abusivo, buscan derogar artículo de Ley de Movilidad

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“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

  • • En respuesta a reclamo de motociclistas el diputado José Luis Pech, presentó iniciativa para eliminar el Artículo 219 bis de la “Ley Chaleco”

Estamos presentando una iniciativa para derogar el artículo 219 bis de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, la famosa “Ley Chaleco”, informó el diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC) José Luis Pech Várguez, a través de un video que circula en sus redes sociales.

“Nosotros planteamos la derogación de este artículo por ser injusto y abusivo”, sostuvo momentos después de que fue recibida la iniciativa en la Oficialía de Partes del Poder legislativo.

“Los motociclistas saben que lo pusieron en la ley para exprimirlos y robarles, pues los cascos y chalecos les serían vendidos por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), que cada vez les cobra más caro las licencias de conducir” completó.

Recordemos que la mayoría 4T en la actual XVIII Legislatura aprobó una reforma con la que retiró la expedición de licencias de conducir a los municipios, para entregarle el cobro de este derecho al Imoveqroo, organismo que a su vez incrementó de manera arbitraria las tarifas.

“Amigas y amigos motociclistas, ya presentamos la iniciativa” dijo el diputado Pech interpelando de manera directa al sector afectado de manera directa por la reciente reforma.

Por otra parte, agregó el legislador naranja, “desde el 1° de junio de 2023 ya no hay Norma Oficial Mexicana (NOM) que regule las características de los cascos de los motociclistas y otros productos, como son los chalecos; en consecuencia, el artículo mencionado 219 bis, no puede cumplirse y debe derogarse simplemente” recalcó.

“Amigas y amigos motociclistas, agradeceré tus comentarios” concluyó el diputado Pech Várguez. Usted tiene la última palabra.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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Opinión

Aguakán, el fin de una concesión

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“El Minotauro”

Por: Nicolás Durán de la Sierra

Tras el anuncio días atrás del Plan Hídrico Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, proyecto que busca, en lo toral, garantizar el acceso al agua potable a toda la población y luego, con la suma de la gobernadora Mara Lezama al dicho plan, pareciera que está próximo el fin de Aguakán en Quintana Roo, al menos en su operación actual, que es la que puso en entredicho a la empresa.

Esto, claro, aparte de los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltas la propia empresa y figuras aún vigentes de la política estatal.

El anuncio presidencial en la capital del país es no sólo la concreción de una política iniciada en el sexenio anterior, sino también la cúspide de acuerdos de alto nivel con las empresas del ramo, entre ellas el holding BlackRock firma que administra fondos de inversión en todo el mundo, y a la que se liga con Aguakán, entre otras concesionarias de agua potable en México.

Cabe destacar que el plan hídrico abarca un amplio espectro, no sólo las concesiones, como por ejemplo la instalación de dos plantas desalinizadoras que impulsa el gobierno de Mara Lezama en Holbox y Cozumel, o el uso de paneles solares para facilitar el suministro del líquido en áreas rurales del Estado; se trata, pues, de un proyecto señero del nuevo gobierno federal.

El problema con Aguakán no está en el servicio en sí, aunque esto no signifique que su operación sea óptima, sino en el abusivo costo del abasto del líquido en el norte estatal, y hete allí uno de los puntos críticos: el regulador de la empresa es el congreso, pues este fija el costo del abasto, y la amplitud de la concesión; esto es, que la empresa requiere del aval oficial.

La maniobra más turbia entre concesionaria y el poder legislativo, la que originó la posible salida de la primera, ocurrió en el 2013, en el gobierno de Roberto Borge, cuando la XIV Legislatura, liderada por José Luis Toledo, amplió la concesión de Aguakán hasta el 2053; la empresa alega que, en contraprestación al gobierno estatal de entonces, abonó mil 50 millones de pesos, sin que hasta la fecha se sepa dónde están.

La disputa está en tribunales, enfangada sin visas de pronta solución, en un “punto muerto” que permite a Aguakán seguir operando. El trance rebasó la esfera de la legislatura actual en su afán por revocar la concesión hasta el 2053. Es aquí donde el dicho plan puede ser la salida al conflicto al regular desde la federación el costo y abasto del agua.

Quizá la solución del problema con Aguakán no sea retirarle la concesión, sino regular su servicio desde el poder federal, el que puede negociar, por ejemplo, con entes poderosos como BlackRock.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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