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Opinión

La Corte Penal Internacional al rescate

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Por Hugo Alday Nieto

Hace apenas unos días que en el seno de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, levanté la voz para solicitarle al Pleno del Congreso, emitir un pronunciamiento a fin de requerir al Senado de la República que solicitara a la Secretaría de Relaciones Exteriores se sumara a la petición de reconocimiento de Palestina como Estado miembro de la ONU con todos los derechos y suscriba la denuncia realizada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia.

En dicha intervención, al momento de exigir a las personas legisladoras no ser tibios y actuar en consecuencia, mencioné una frase del filósofo francés Jean Francois Revel, que dice los siguiente: “El club con más socios del mundo es el de los enemigos de los genocidios pasados. y sólo tiene el mismo número de miembros, el club de los amigos de los genocidios en curso”, para dejar claro a cuál de estos pertenecemos como legisladores.

A menos de una semana, la Corte Penal Internacional, nos dio la razón y emitió diversas órdenes de arresto, de la que destaca la orden de detención de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí y perpetrador de diversos supuestos delitos internacionales como genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pero para comprender mejor este artículo vamos a definir los conceptos más importantes.

  1. El genocidio es el exterminio o eliminación sistemática y masiva de un grupo humano debido a su raza, etnia, religión o nacionalidad.
  2. La Lesa humanidad se refiere a crímenes graves y sistemáticos que atentan contra los derechos fundamentales de la población civil. Estos crímenes incluyen homicidio, esclavitud, violación, esterilización forzada, violencia sexual grave, traslado forzoso de población, tortura, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, persecución de grupos y segregación racial.
  3. Los crímenes de guerra son infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario que se cometen durante un conflicto armado, tales como: asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos; deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil en territorios ocupados; genocidios contra la población; toma y ejecución de rehenes; destrucción o devastación injustificada de poblaciones, y robo de bienes públicos o privados.
  4. Es así que la Corte Penal Internacional es un Tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Este máximo Tribunal Penal Internacional, se estableció en el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998, instrumento internacional de que forman parte 124 países siendo 33 africanos; 19 de Asia-pacífico; 18 de Europa; 28 de América latina, además de oreos 31 estados que son miembros pero que aún no lo han ratificado.

  5. México es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificando su adhesión el 28 de octubre de 2005, como el estado parte número 100 de dicho instrumento internacional.
    Dentro de sus funciones, la Corte Penal Internacional está encargada de investigar, perseguir y juzgar a individuos responsables de crímenes graves de trascendencia internacional, como los recientemente ocurridos en Gaza y perpetrados por el Estado de Israel.

  6. Sin duda el haberse emitido la orden de arresto contra Netanyahu y otras personas, es un triunfo del derecho penal internacional en una decisión supranacional clara y contundente. Una decisión histórica de la que la XVII Legislatura de Quintana Roo pudo haber sido parte promovente como única legislatura local en exigir a la federación sumarse a la denuncia penal internacional y a la solicitud de adhesión de Palestina como estado miembro de la ONU.

  7. No cabe duda de que la sociedad internacional presionó lo suficiente para que se diera esta orden de arresto, y Quintana Roo pudo ser parte de tan histórica decisión, sin embargo, por ahora queda pendiente el cumplimiento de la misma por parte de la autoridad internacional, esperando que los probables responsables no opongan más resistencia para no seguir afectando a los civiles.

  8. La construcción de la paz en medio oriente es una tarea de mucha complejidad y requerirá de todos los miembros de las Naciones Unidas, para comenzar la reedificación de los que fue una reluciente Palestina, hoy en ruinas. Aún faltan los pronunciamientos serios de los nuevos aliados China y Rusia, para saber si abogaran porque Palestina sea miembro con todos los derechos de la ONU, o si se oponen a ello, lo que los mantendría temporalmente en la línea decisoria coincidente o contraria a la de Estados Unidos y aliados de Israel, ya que de ellos depende que este conflicto vaya a traer consigo uno mayor, o no.
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Opinión

¿Faltó capacidad de comunicar en la XVII Legislatura?

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“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

  • La reforma a la Ley de movilidad ¿merecía Parlamento Abierto?
  • Si los taxis son de un solo color y llevan rotulada la placa atrás, adelante y en los costados ¿por qué no va a ser igual con los motociclistas?

Con la sobre representación de 30% que tiene la 4T en la saliente XVII legislatura (ganó 58% de votos y tiene 88% de diputaciones), el problema es que no saben comunicar sus iniciativas, como es el caso de la multi reformada Ley de Movilidad.

Se confían en la aplanadora, que puede aprobar todo intramuros del Congreso, sin importar la inconformidad social que pueda generar extramuros en la calle.

Técnicamente, la XVII Legislatura cometió el error de no saber comunicar a la sociedad la reforma a la Ley de Movilidad y, en lo interior, procesó la iniciativa presentada por la bancada morenista como si fuera de “obvia y urgente resolución”, sin tomar en cuenta la delicada dimensión social ni a sectores sociales con interés en el tema. Convocar a Parlamento Abierto, es mucho pedirle a la “histórica” XVII.

Políticamente, en la sesión plenaria, ninguno de los 22 de 25 diputadas y diputados que conforman la hegemónica 4T, hizo uso de la palabra para defender la iniciativa; es muy probable que ni la hayan leído, ya que se aprobó el mismo día, tres horas antes, en la Comisión de Movilidad que preside la diputada Karen Gabriela Secundino Vivas. La iniciativa ni siquiera se publicó en la Gaceta Parlamentaria.

En cambio, sí hicieron uso de la palabra dos de las tres diputadas de oposición, Cinthia Millán Estrella y Candelaria Ayuso Achach, además del 4T crítico, tipo robalo, Julián Ricalde Magaña. Ante las críticas de éstas tres voces, los otros 21 legisladores 4T no dijeron ni media palabra, por lo que la iniciativa transitó lo más rápido posible, bien planchadita, pero el desenlace no se lo esperaban.

Lo que no se hizo antes, ahora será después, bajo la tutela de Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno.

Ya se abrieron mesas de diálogo tipo Parlamento Abierto, pero organizado a posteriori, por la apagafuegos en que se ha convertido la Segob y no por el Congreso del Estado, como debería ser.

PRIMERO EL REGLAMENTO Y DESPUÉS SE PUBLICARÁ LA NUEVA LEY
Por tanto, la nueva Ley de Movilidad aprobada no se publicará en el Periódico Oficial, hasta que se desahoguen las “Mesas de Trabajo” que servirán para desactivar la presión política y se limitarán a insertar algunas propuestas en el Reglamento de la Ley, porque la “n” reforma ya fue aprobada y sólo falta que se publique oficialmente para que empiece a surtir efecto.

PREGUNTAS OBLIGADAS
Ahora bien, Si los taxis son de un solo color y llevan rotulada la placa atrás, adelante y en los costados; ¿por qué no lo van a llevar los motociclistas?

¿Los motociclistas van a sustituir a las mafias en que se convirtieron los taxistas? ¿Habrá rectoría del Estado o se impondrán los intereses de los motociclistas por encima de la sociedad?

Lo que está en juego es el derecho a la movilidad de la ciudadanía, a tener buenos sistemas públicos de transporte y a vivir en seguridad. Usted tiene la última palabra.

** Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quien las emite.

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Opinión

Violación a los Derechos Humanos

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. González Iglesias

De acuerdo con el informe emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), en el primer semestre del 2024 han atendido a 1 mil 407 víctimas, de las cuales 671 son de enero, febrero y marzo, y 766 de abril, mayo y junio.
Pareciera que todo marcha bien en la sociedad quintanarroense, pero día a día observa cómo sus garantías individuales consagradas en la Constitución, son acotadas por el Poder el Estado en sus tres niveles de gobierno, aunado a los poderes fácticos, que en muchas ocasiones parecen tener más poder que el mismo Estado.

No hay que olvidar el párrafo primero del Artículo 1 de la Constitución Política, “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Hay que distinguir entre los derechos humanos y las garantías individuales para su protección. El concepto de derechos humanos tiene carácter fundamentalmente sustantivo, y comprende los diversos derechos que la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte reconocen a las personas, en cuanto que son inherentes a su dignidad humana: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la protección de la honra y la dignidad, etcétera.

Si tomamos en cuenta el informe de la CEAVEQROO, hay un promedio de 234 personas que son atendidas debido a la violación de sus derechos humanos, en los que están incluidos casos de desaparición cometidas por particulares, violación sexual, homicidio calificado, despojos, abusos sexuales, feminicidios, lesiones y daños culposos, robos, trata de personas, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y violencia familiar.

En el primer trimestre los municipios con mayor incidencia son Othón P. Blanco (Chetumal), donde fueron atendidas 294 personas, de las cuales 214 son mujeres y 80 hombres; en Benito Juárez (Cancún), la atención fue para 178 mujeres y 68 hombres, hacen un total de 246 víctimas, y en Solidaridad (Playa del Carmen), fueron 101 personas atendidas por la CEAVEQROO, donde 46 son mujeres y 55 hombres.

Durante el segundo trimestre de 2024, la atención en Othón P. Blanco (Chetumal) fue de 277 mujeres y 108 hombres, con un total de víctimas de 385; en Benito Juárez (Cancún) fue de 237 personas atendidas, 185 mujeres y 52 hombres; en Solidaridad (Playa del Carmen) la atención fue para 144 personas, donde 80 son mujeres y 64 hombres.

Si el lector observa, es alarmante el crecimiento de atención a víctimas de derechos humanos en Othón P. Blanco (Chetumal), pues mientras Benito Juárez y Solidaridad fueron a la baja en el segundo trimestre, en el municipio capitalino de Quintana Roo aumentó un 30.95 por ciento, pues pasó de 294 a 385 víctimas atendidas, más la conocida “cifra negra” que son las violaciones a los Derechos que no se denuncian.

Algo sucede entre la sociedad quintanarroense y su gobierno, quizá fue que los votantes se crearon muchas expectativas en cuanto al cambio de estilo de gobernar; pero algunos piensan que saltaron de la sartén para caer directamente en el fuego. Ahí se las dejo…

SASCAB
El problema con la modificación a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, radica en que no hubo una socialización del tema, y si existió, los canales por los que se quiso hacer no fueron efectivos, pues muchos de éstos solo se dedican al “culto al poder”.

Algo tan benéfico como conservar la vida y contribuir a la seguridad pública, no es posible debido a la falta de tacto para presentarlo a la sociedad.

Debo recordar que este tema de los motociclistas que deben de usar casco y chaleco con su número de placas, fue una idea traída de Colombia, por el entonces Secretario de Infraestructura y Transporte, la desaparecida SINTRA, Alejandro Ramos Hernández, allá en el 2017, pero que los legisladores mandaron a la “congeladora”. Ahora pretenden retomarla, pero les faltó comunicar bien. Al tiempo…

** Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quien las emite.

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